Pol¨ªticos, jueces y tigres

El vil crimen de Portugalete ha servido de pretexto o disparadero para que algunos retomen con especial fervor apost¨®lico la cruzada contra los jueces, a los que gen¨¦ricamente se acusa de pasividad, e incluso de actitudes ambiguas, irregulares u obstruccionistas, en la lucha contra el terrorismo. Desde el primer momento qued¨® claro que, contra toda racionalidad, las acusaciones no se dirig¨ªan (al menos no esencialmente) contra los jueces y magistrados penales de la Audiencia Nacional, ¨²nicos competentes en la instrucci¨®n y enjuiciamiento de los cr¨ªmenes terroristas. Los cruzados -todos ellos fervorosos partidarios de la incompetencia en tal materia de los jueces y tribunales ordinarios- concentran sus cr¨ªticas precisamente en estos ¨²ltimos y, m¨¢s en concreto (dentro de la inefable inconcreci¨®n de sus acusaciones), en los jueces que desempe?an su funci¨®n en Euskadi. Es decir: se acusa de pasividad, ambig¨¹edad u obstrucionismo en la lucha antiterrorista a los que ninguna competencia tienen, seg¨²n la ley, para llevarla a cabo.Actitudes fr¨ªvolas

Como la frivolidad e irracionalidad de tales actitudes es patente, pronto se cambia el tercio: los jueces de Euskadi podr¨ªan colaborar en mucha mayor medida en la lucha contra el terrorismo si no se preocuparan m¨¢s de los derechos humanos de los terroristas que de los derechos de sus v¨ªctimas. Es decir: para ser verdaderamente antiterroristas o para demostrar que no act¨²an bajo los efectos del terror o del miedo (porque ¨¦sta es la raz¨®n ¨²ltima de que amparen los derechos; humanos de los terroristas), los jueces deber¨ªan dejar de incoar diligencias por posibles malos tratos o torturas. Nada se dice de c¨®mo pueden amparar los derechos de las v¨ªctimas jueces incompetentes para perseguir y enjuiciar a sus verdugos. Pero eso de la falta de amparo a las v¨ªctimas suena muy bien y es rentablemente demag¨®gico. Nada se dice tampoco de c¨®mo van a ser jueces justos los que, con desprecio de la Constituci¨®n, de las leyes y de la justicia, dejan de investigar denuncias o indicios de malos tratos o de torturas. Y nada se dice finalmente de cu¨¢les sean las razones por las que jueces atemorizados (todos, seg¨²n se afirma) permanecen voluntariamente en sus destinos pese a que -como se ha dicho por eminentes cr¨ªticos- han de comprar sus garant¨ªas de residencia tranquila y sin sobresaltos incoando sumarios contra guardias civiles y polic¨ªas.

Pasividad de los jueces

Pero lo que riza el rizo de la barbarie de los cruzados es que cuando jueces de Euskadi y de, otros territorios reclaman -desde hace a?os- que sean los jueces ordinarios -es decir, ellos mismos, no los de la Audiencia Nacional- los competentes para conocer de la materia terrorista, reaccionan furiosamente asegurando que el temor no les dejar¨¢ actuar con justicia. En resumen: se acusa a los jueces ordinarios de pasividad frer¨ªte al terrorismo; se defiende al mismo tiempo que ellos jam¨¢s deben ser competentes para conocer de los cr¨ªmenes terroristas; se les acusa, sin embargo, de que, si se van r¨¢pidamente de Euskadi, se van por temor y, si se quedan establemente en Euskadi, se quedan con tal temor que han de comprar su sosiego prevaricando contra polic¨ªas y guardias civiles y si reclaman la competencia en materia -terrorista es tambi¨¦n, seguramente, para prevaricar, puesto que el miedo no les dejar¨¢ actuar con justicia. Todo perfecto. No hay juez vasco que se salve.

Tosquedad dial¨¦ctica

Pese a la tosquedad dial¨¦ctica de los cruzados, sus arremetidas revitalizan la actualidad de cuestiones de profundo calado para nuestro sistema democr¨¢tico. Tales como las siguientes:

Primera. La existencia de una jurisdicci¨®n especializada en materia terrorista, y en otras materias delictivas de gran trascendencia social, aparte de suponer gravisimas perturbaciones de nuestro sistema penal y procesal, contribuye objetivamente en nuestro pa¨ªs a que muchos ciudadanos no reconozcan en sus jueces ordinarios a los defensores de sus derechos y libertades en los conflictos sociales de mayor envergadura. Basta contrastar con la nuestra la situaci¨®n italiana, donde la permanente intervenci¨®n de la judicatura frente al terrorismo, la Mafia, los delitos monetarios de cualquier ¨ªndole, etc¨¦tera, ha dado lugar a una nueva dimensi¨®n de las relaciones entre los jueces y el pueblo, entre el pueblo y el Estado. En nuestro pa¨ªs la concentraci¨®n de aquellas competencias en la Audiencia Nacional impide un compromiso directo y activo de los jueces en defensa de los intereses sociales imbricados en esos conflictos.

Segunda. Nadie puede discutir, desde posiciones democr¨¢ticas, el derecho (y el deber) de cualquier ciudadano a criticar las resoluciones y las actitudes judiciales, pues esa cr¨ªtica constituye una manifestaci¨®n esencial no s¨®lo de la libertad de expresi¨®n, sino tambi¨¦n del necesario control democr¨¢tico y popular del poder judicial. Cualquier pol¨ªtico tiene el mismo derecho. Pero cuando su cr¨ªtica prescinde del m¨¢s m¨ªnimo esfuerzo de concreci¨®n u objetividad; cuando supone, en sus propios t¨¦rminos, acusaciones difusas de prevaricaci¨®n y, como tales, inequ¨ªvocamente difamatorias; cuando procede de pol¨ªticos que, por sus responsabilidades legislativas o ejecutivas, conocen perfectamente los mecanismos de control de las resoluciones judiciales, las posibilidades de querella contra presuntas prevaricaciones, de intervenci¨®n del ministerio fiscal, de ejercicio de la acci¨®n popular, etc¨¦tera; en tales condiciones, cuando ninguno de estos medios se ha utilizado, cuando esos pol¨ªticos se limitan a coleccionar presuntos ejemplos de desvar¨ªos judiciales para fundar en ellos, sin m¨¢s pruebas ni fundamento, acu saciones tan graves como gen¨¦ricas, la cr¨ªtica se convierte, fatalmente, en difamaci¨®n. Aunque personalmente no me asusta el espect¨¢culo y soy decidido partidario de la eliminaci¨®n del delito de desacato, por lo que supone de disuasi¨®n censorial de muchas cr¨ªticas, estimo que los jueces acusados tienen tanto derecho al honor y a la integridad moral c¨®mo cualquier ciudadano.

Clima intimidatorio

Tercera. Si lo que se busca -a trav¨¦s de tanto fervor y truculencia tanta- es la creaci¨®n de un clima intimidatorio en el que los jueces en general, y los del Pa¨ªs Vasco en particular, se tienten la ropa y el alma antes de resolver, conforme a derecho y conforme a conciencia, conflictos en que existan implicaciones o intereses de personas o aparatos del poder ejecutivo, es evidente que la campa?a est¨¢-llamada al fracaso. Si lo que se busca (que ya se ha dicho en ocasiones anteriores y se ha repetido en ¨¦sta) es la ampliaci¨®n del ya desorbitante espacio policial exento de control judicial, confiriendo a la Audiencia Nacional la competencia para conocer de posibles abusos policiales en el ejercicio de las facultades antiterrorista, que se proceda en consecuencia, sufra lo que sufra (y sufrir¨ªa dr¨¢sticamente) el prestigio ¨¦tico e institucional del Estado, no precisamente muy boyante en Euskadi. Pero para ello no es necesario ni l¨ªcito emplear la difamaci¨®n contra los jueces que cuidan, en condiciones no bonancibles, de ese prestigio.

Cuarta. Con la violencia no se lucha contra la violencia, sino a favor, objetivamente, de ella. La lucha por la democracia no es otra cosa que lucha a favor del derecho, y por el derecho, contra la fuerza y contra la violencia. S¨®lo as¨ª terminaremos con los tigres que sistem¨¢ticamente dan terribles dentelladas contra la democracia. Si, por el contrario., utilizamos la violencia y la injusticia contra ellos, otros tigres se har¨¢n cargo del poder y habr¨¢ terminado la democracia.