Nuevo trato a la droga

EL GOBIERNO ha aprobado dos proyectos de ley con los que se pretende actualizar y completar la vigente legislaci¨®n penal sobre el tr¨¢fico de drogas. Por el primero se reforma el art¨ªculo 344 del C¨®digo Penal, agravando las penas para los traficantes. Junto a la agravaci¨®n de las penas, adem¨¢s, se establecen mecanismos que permitan la aprehensi¨®n de los beneficios de dicho tr¨¢fico, aunque hayan sido blanqueados en negocios de otro tipo. En este proyecto se fomenta tambi¨¦n la rehabilitaci¨®n de los delincuentes toxic¨®manos, permitiendo que, en algunos casos, delinquiendo como drogodependientes, no ingresen en la c¨¢rcel. El segundo proyect¨® de ley, por su parte, institucionaliza la figura del fiscal antidroga, creada en abril de 1984, reconociendo sus competencias y funciones en el marco del estatuto del ministerio fiscal.La reforma que propugna ahora el Gobierno socialista supone, en parte, la descalificaci¨®n de su propia pol¨ªtica criminal contra el tr¨¢fico de drogas, vigente desde julio de 1983. Por otro lado, la reforma parcial del C¨®digo Penal aporta soluciones innovadoras que ning¨²n pa¨ªs, salvo Estados Unidos, ha incorporado todav¨ªa a su legislaci¨®n penal.

En 1983, los socialistas introdujeron por primera vez, a efectos penales, la distinci¨®n entre el tr¨¢fico de drogas blandas y de drogas duras, adelant¨¢ndose con ello a la recomendaci¨®n efectuada por el Consejo de Europa en 1984; flexibilizaron las penas a imponer seg¨²n fuera uno u otro el tipo de tr¨¢fico, y mantuvieron la despenalizaci¨®n del consumo, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo a partir de 1972. Sin embargo, la oposici¨®n que desde los primeros momentos de su vigencia mostraron los sectores sociales de derecha contra dicha reforma, as¨ª como la constataci¨®n de que Espa?a podr¨ªa ser elegida como lugar de blanqueo de importantes beneficios procedentes del narcotr¨¢fico internacional, convencieron al Gobierno de la necesidad de abordar en su globalidad la respuesta penal al comercio de la droga. El resultado ha sido esta nueva reforma, que si en alg¨²n aspecto puede ser considerada como una contrarreforma, en otros representa un verdadero paso adelante en el tratamiento penal de este fen¨®meno.

El nuevo texto mantiene la distinci¨®n entre tr¨¢fico de drogas duras y de drogas blandas, pero duplica pr¨¢cticamente las penas para los autores de uno u otro tr¨¢fico. Para los primeros se preven penas de hasta 24 a?os, y para los segundos, de hasta 12 a?os. Se mantiene la despenalizaci¨®n del autoconsumo bajo la consideraci¨®n de que el drogadicto es un enfermo, cuyo tratamiento debe ser la deshabituaci¨®n y no la c¨¢rcel.

En lo que se refiere a la agravaci¨®n de las penas,salvo en el caso de aquellos traficantes que formen parte de una red organizada, tal medida parece m¨¢s bien un gesto para la galer¨ªa -destinado a apaciguar las cr¨ªticas de la derecha- de dudosa efectividad. En todo caso, es de temer que la mayor dureza recaiga sobre todo en el drogadicto que trafica en peque?a escala para poder proveerse ¨¦l mismo de droga. Para el grande o mediano traficante, la posibilidad de estar en la c¨¢rcel hasta 24 a?os, en vez de 12, no va a retraerle, precisamente, del negocio de la droga.

Lo que s¨ª puede constituir un golpe efectivo a esta actividad son los mecanismos legales previstos en la reforma para apoderarse de los beneficios de la droga, aunque ¨¦stos se hayan transformado en bienes de cualquier tipo. La nueva facultad otorgada al fiscal antidroga para investigar la situaci¨®n patrimonial de empiesas o personas f¨ªsicas de cuya actividad se sospeche que tiene relaci¨®n con la droga puede ser de una ayuda inestimable. Pero, tanto o m¨¢s que la investigaci¨®n del fiscal, es fundamental la previa capacidad investigadora de la polic¨ªa, que deber¨¢ detectar los sofisticados sistemas que existen para el blanqueo del dinero de la droga.