La defensa del 'etarra' Yoldi pide numerosas pruebas para desvirtuar la acusaci¨®n fiscal

El pleno de la Audiencia Territorial de Bilbao, en funciones de Tribunal Superior de Justicia de la comunidad aut¨®noma vasca, iniciar¨¢ el pr¨®ximo martes 26 de mayo el juicio contra Juan Carlos Yoldi M¨²gica, presunto etarra y diputado del Parlamento vasco por Herri Batasuna (HB). El fiscal acusa a Yoldi -que ser¨¢ juzgado con otros cuatro procesados- de ocho delitos relacionados con la actividad terrorista, por los que pide un total de 64 a?os y medio de c¨¢rcel y 600.000 pesetas de multa. La estrategia de la defensa, que solicita la absoluci¨®n, consiste en la propuesta de numerosas pruebas para desvirtuar el relato del fiscal.

Las conclusiones provisionales del fiscal acusan a Yoldi de una serie de delitos supuestamente cometidos entre febrero y mayo de 1985. El fiscal parte de la integraci¨®n de Yoldi en un grupo armado o comando de ETA autodenominado Zorrotza-Atxio y califica este hecho como delito de pertenencia a banda armada, por el que pide siete a?os de c¨¢rcel y 300.000 pesetas de multa.Solicita tambi¨¦n para Yoldi ocho a?os de c¨¢rcel, como autor de un delito de dep¨®sito de armas de guerra, por la supuesta constituci¨®n de un zulo en una cueva pr¨®xima a una carretera de Ata¨²n, en donde guardaba, en uni¨®n de otros, dos metralletas, cinco pistolas y siete bombas de mano. Le acusa asimismo de colocar una bomba, en uni¨®n de otras personas, el 1 de febrero de 1985, en el bar Panam¨¢ de la avenida de Oria, de Beasain, causando lesiones y da?os. Por este hecho, que califica como delito de estragos, pide 11 a?os de c¨¢rcel, as¨ª como cinco a?os y 300.000 pesetas de multa con cinco meses de arresto sustitutorio, por el delito de lesiones graves, cinco meses por el de lesiones menos graves, y 30 d¨ªas por las lesiones constitutivas de falta.

Finalmente, el fiscal acusa a Yoldi de tres delitos de terrorismo, que no produjeron v¨ªctimas pero s¨ª da?os, por cada uno de los cuales pide 11 a?os de c¨¢rcel: la colocaci¨®n, el 6 de marzo de 1985, en un taller Renault de Lazcano, de un artefacto explosivo; el ametrallamiento, el 2 de mayo de 1985, de un cami¨®n

Renault en el alto de Etxeg¨¢rate, en t¨¦rmino de Idiaz¨¢bal, y la colocaci¨®n de dos artefactos explosivos en un vag¨®n de Renfe en la estaci¨®n de Beasa¨ªn.

Respecto a los otros cuatro procesados, el fiscal solicita 39 a?os de c¨¢rcel para Jos¨¦ Mar¨ªa Liz¨¢rraga Goikoetxea, siete a?os para Jos¨¦ Suk¨ªa Arruabarrena, y para Mar¨ªa del Carmen Ayerbe M¨²gica y Gregorio Imaz Aguirre, dos a?os de c¨¢rcel para cada uno.

El abogado niega los hechos

Por su parte, la defensa de Yoldi y de los otros cuatro procesados, asumida por el letrado I?igo Iru¨ªn, niega que sean ciertos los hechos imputados y estima que no existen hechos delictivos en la conducta de sus patrocinados, por lo que en las conclusiones provisionales solicita su libre absoluci¨®n.La vista que se inicia el pr¨®ximo martes se centrar¨¢ en la pr¨¢ctica de las pruebas necesarias para demostrar la existencia de los hechos. Aunque la carga de la prueba corresponde a la acusaci¨®n, la estrategia de la defensa consistir¨¢ en solicitar numerosas pruebas, algunas de ellas complicadas, cuya pr¨¢ctica, en caso de ser admitidas por el tribunal, podr¨ªa dar lugar a la suspensi¨®n de la vista para practicarlas fuera de la sala. En cambio, la denegaci¨®n de pruebas no suspender¨¢ la vista, seg¨²n fuentes judiciales. En todo caso, el defensor podr¨¢ pedir que conste en acta su protesta, a los efectos del ulterior recurso de casaci¨®n.

Entre las pruebas solicitadas por la defensa, destaca la que propone que testifiquen varios miembros de ETA residentes en el sur de Francia, para que manifiesten si es cierto que Yoldi les ayudaba a cruzar la frontera, como le imputa el fiscal. El tribunal se dirigir¨¢ al Ministerio del Interior para que comparezcan tales testigos, y una vez que ¨¦ste departamento conteste, como es probable, que se encuentran "en paradero desconocido", la prueba no se podr¨¢ practicar.

Expectaci¨®n

En medios jur¨ªdicos y pol¨ªticos de todo el Estado existe gran expectaci¨®n por la celebraci¨®n de ¨¦sta vista, primera en la que los magistrados que ejercen en el Pa¨ªs Vasco tendr¨¢n oportunidad de enjuiciar a un presunto miembro de ETA -competencia atribuida a la Audiencia Nacional, con sede en Madrid-, que adem¨¢s re¨²ne la condici¨®n de parlamentario electo por HB, partido que cuenta con el 1.7% de los votos vascos. Yoldi fue autorizado por la autoridad judicial para abandonar la c¨¢rcel de Herrera de la Mancha y recoger su credencial y, m¨¢s tarde, para defender en el Parlamento vasco, como candidato a lehendekari, el programa de gobierno de HB.El prop¨®sito del tribunal es extremar las garant¨ªas procesales, sin merma del necesario objetivo de que la vista sirva para el esclarecimiento de la culpabilidad o inocencia de los procesados. Est¨¢ prevista la presencia de int¨¦rpretes, para el caso de que los procesados deseen declarar en euskera.

La competencia del pleno de la Audiencia Territorial de Bilbao -integrada por 11 magistrados-, es consecuencia del fuero personal de los parlamentarios vascos, que s¨®lo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia Vasco, todav¨ªa no constitu¨ªdo. Inicialmente, la Audiencia Nacional remiti¨® la causa a la de Pamplona, pero la defensa de Yoldi obtuvo el traslado a Bilbao.