La autentica realidad de la presi¨®n fiscal

Como cada a?o antes de la campa?a del impuesto sobre la renta, el se?or Borrell ha reiniciado sus tradicionales ataques al empresariado, acompa?ados de alardes respecto a la cantidad de informaci¨®n de que dispone, y amenazas a distintas categor¨ªas de contribuyentes. Suele secundar su campa?a particular con recordatorios de lo reducida que es la presi¨®n fiscal.Este a?o sus planteamientos han encontrado r¨¦plicas oportunas y atinadas, tanto del presidente de la CEOE, Jos¨¦ Mar¨ªa Cuevas, como desde otras tribunas. No obstante, sigue siendo conveniente hacer algunas precisiones adicionales que pongan en su sitio el verdadero coste del sector p¨²blico espa?ol.

La carga fiscal tiene tres componentes. El primero, m¨¢s visible y cuantificado en dinero, viene dado por los pagos que se realizan en concepto de impuestos y cargas sociales. En cuanto a esto, la cuantificaci¨®n es relativamente precisa y viene a representar un tercio del producto nacional.

Las empresas pagan los impuestos directos de sus trabajadores, retienen rentas de capital, pagan impuestos de sociedades e impuestos especiales. Asimismo, atienden las cotizaciones a la Seguridad Social y la tributaci¨®n municipal y auton¨®mica a que est¨¢n sujetas. Normalmente se hace referencia a este tipo de coste cuando se alude a la presi¨®n fiscal soportada, pero no es el ¨²nico. A t¨ªtulo de ejemplo, en 1986 los ingresos fiscales han subido un 27%. El segundo concepto de coste de la fiscalidad viene dado por los gastos de administraci¨®n; esto es, la atenci¨®n a cumplimentar formularios, aplicar las leyes, realizar pagos en d¨ªas espec¨ªficos, hacer retenciones e ingresarlas, etc¨¦tera.

Junto a esto, el coste impuesto por la regulaci¨®n en general, normas de obligado cumplimiento y reglamentos que comporten una dedicaci¨®n y esfuerzo en t¨¦rminos del valor del tiempo dedicado a su aprendizaje y cumplimiento. Si se repara en el hecho de que el n¨²mero de p¨¢ginas del BOE sube cada a?o, es f¨¢cil hacerse cargo de las complicaciones derivadas de esta obligaci¨®n, que, muchas veces, no sirve al inter¨¦s general, ni al de la empresa, por supuesto.

'Presi¨®n indirecta'

Como curiosidad merece la pena reparar en que el n¨²mero de p¨¢ginas del BOE, que en el a?o 1972 era de 23.327, Reg¨® a 40.920 el a?o 1985, y a 42.560 el a?o 1986, a las que hay que a?adir la regulaci¨®n auton¨®mica (4.376 p¨¢ginas de Diari Oficial de la Generalitat en 1986) y la derivada de la Comunidad Econ¨®mica Europea. ?sta es la presi¨®n fiscal indirecta.

La tercera fuente de carga originada por la Adminsitraci¨®n y de naturaleza asimilable a la fiscalidad viene dada por los costes inducidos derivados de la actividad p¨²blica. Por ejemplo, el hecho de que el Estado se financie recurriendo al Banco de Espa?a, en lugar de emitir deuda, abarata su coste de obtenci¨®n de recursos, pero comporta la restricci¨®n del crecimiento del cr¨¦dito al sector privado, con el consiguiente encarecimiento del dinero.

Si el sector p¨²blico recurriera a la emisi¨®n de deuda en condiciones de mercado, podr¨ªa presionar igualmente al alza sobre el coste del dinero, al reducir el volumen de recursos a disposici¨®n de los inversores privados; con lo que igualmente el coste financiero de las empresas sube, estrechando su margen de explotaci¨®n y dificultando su supervivencia.

Los tres conceptos de coste deben valorarse simult¨¢neamente, ya que en ocasiones el Gobierno requiere de los particulares un pago en efectivo y otras en especie -en forma de trabajo que deber¨ªan realizar sus funcionarios y que traslada al sector privado-. Tanta carga supone un aspecto como el otro, y tan necesario le es al Gobierno el ingreso monetario como la prestaci¨®n en especie.

El se?or Borrell, con motivo de sus ¨²ltimas declaraciones en el seminario sobre la declaraci¨®n de la renta, el 12 de mayo, en Sitges, reconoc¨ªa que el reintegro de las cantidades que los ayuntamientos deb¨ªan devolver por recargos indebidos se har¨ªan a trav¨¦s de entidades privadas, ya que el Gobierno carece de los medios para hacerlo directamente.

De id¨¦ntica manera, el Gobierno tampoco puede recaudar las retenciones que hacen las empresas y que, de no realizarse, podr¨ªan suponer no s¨®lo un mayor coste de administraci¨®n para el sector p¨²blico, sino tambi¨¦n el riesgo de que no se recaude la misma cifra, pues normalmente el volumen de ocultaci¨®n fiscal est¨¢ relacionado con las posibilidades de ocultaci¨®n del contribuyente, que ser¨ªan infinitamente mayores si parte de la funci¨®n recaudadora de la Administraci¨®n no le fuera hecha, a t¨ªtulo gratuito por otro lado, por las empresas privadas.

Las dimensiones de estos tres aspectos de la fiscalidad son m¨¢s amplias de lo que puede creerse, ya que, por ejemplo, en el tercer aspecto -el menos visible- hay que a?adir la competencia que la empresa p¨²blica hace a la privada, gracias a su posibilidad de obtener financiaci¨®n m¨¢s barata, sin exigencia de garant¨ªas y con la posibilidad de fijar precios inferiores a los del sector privado, pues est¨¢n en condiciones de soportar cuantiosas p¨¦rdidas, que ser¨¢n cubiertas en virtud de subvenciones del sector p¨²blico.

Eficacia administrativa

El segundo de los aspectos mencionados no es tampoco despreciable. Analistas f¨ªanceses calculan que la carga administrativa derivada de las obligaciones fiscales de los contribuyentes asciende al 5%-10% de su deuda fiscal. A su vez, la p¨¦rdida de eficiencia de la econom¨ªa, debida a la regulaci¨®n que sufre, viene estimada por autores americanos entre 17 y 56 centavos por d¨®lar de ingreso tributario. No son, pues, aspectos irrelevantes que pueden dejarse de lado a la hora de cuantificar la aportaci¨®n hecha por el empresario a la obtenci¨®n de recursos por la Administraci¨®n. Un aumento en la eficiencia de la Administraci¨®n ir¨ªa, probablemente, acompa?ado de un menor peso muerto, generado por estos costes, que gravan a la empresa-contribuyente sin aportar ingresos al tesoro.

De la misma manera, una mayor eficiencia por parte de la Administraci¨®n ir¨ªa acompa?ada de pr¨¢cticas menos agresivas para con el contribuyente, evitar¨ªa el recurso a amenazas, a descalificaciones globales, y reducir¨ªa el negativo efecto que supone para el nivel de actividad y empleo el hecho de que el inversor potencial, en lugar de verse arropado y acompa?ado por el sector p¨²blico, se sienta perseguido.

Las afirmaciones del se?or Borrefl s¨®lo pueden explicarse por su campa?a de cada mes de mayo: los peinados fiscales, la remisi¨®n de expedientes a los tribunales coincidiendo con nuevos per¨ªodos de presentaci¨®n de declaraciones, etc¨¦tera. Es explicable el defensismo ante una situaci¨®n poco favorable.

Mientras la pol¨ªtica monetaria est¨¢ gravando duramente a las empresas y se est¨¢ en plena campa?a electoral para la elecci¨®n de cargos municipales, al Parlamento Europeo y a algunas comunidades aut¨®nomas, la econom¨ªa espa?ola pierde mercados nacionales y genera una abultado d¨¦ficit en su balanza comercial, que contribuye a agravar las expectativas empresariales en medida no menor que la conflictividad laboral que el Gobierno padece en las empresas p¨²blicas, donde la falta de servicio al ciudadano deber¨ªa hacer pensar a los altos funcionarios que, si se tiene el techo de cristal, es preferible no lanzar piedras al aire.

No parece ser, pues, el momento m¨¢s id¨®neo para tan injustificables alegatos antiempresariales.