Boato y duplicidades burocr¨¢ticas en las autonom¨ªas

El boato y la duplicidad de funciones administrativas que ha acompa?ado a la improvisaci¨®n del poder auton¨®mico han sido sin duda los rasgos m¨¢s pol¨¦micos de la puesta en marcha de las 13 comunidades que concurren a elecciones. En Castilla-La Mancha han motejado como "la marcha verde" a la caravana de Peugeot-505 que acompa?a al presidente, Jos¨¦ Bono, en sus desplazamientos, y en Castilla y Le¨®n coexisten la Consejer¨ªa de Agricultura y las delegaciones del mismo ministerio. Son dos ejemplos que reflejan los signos externos del nuevo poder y la resistencia de la Administraci¨®n central a retirarse definitivamente de lo que durante mucho tiempo ha sido de su indiscutida jurisdicci¨®n.

La confusi¨®n de competencias y ventanillas burocr¨¢ticas se acrecienta en las regiones que mantienen las diputaciones. En general, la rapidez con que han sido instaladas las nuevas administraciones hace que todo se haya improvisado sin atenerse suficientemente a criterios de racionalidad y eficacia.As¨ª, los servicios centrales de la Junta de Castilla y Le¨®n se dispersan en 27 oficinas por todo Valladolid; alguno de ellos, como la Consejer¨ªa de Cultura, precisa ocho plantas y paga 23 millones anuales de alquiler. Y, adem¨¢s, la junta dispone de delegaciones en cada provincia, lo cual no ha eliminado las delegaciones ministeriales que, como las de Agricultura, han sido transferidas casi en su totalidad.

Si al problema general se a?ade el pleito insular, las cosas llegan al extremo de Canarias: ocho consejer¨ªas se han instalado en Santa Cruz de Tenerife, en seis edificios diferentes, y otras dos, en Las Palmas, igualmente en oficinas separadas; adem¨¢s del palacete presidencial de San Bernardo, situado tambi¨¦n en Gran Canaria.

En Extremadura ha sido preciso inventarse una capital, M¨¦rida, para resolver los celos entre C¨¢ceres y Badajoz. Y entonces ha sucedido otra cosa: el 90% de los funcionarios residen fuera de la ciudad en la que deben trabajar; de modo que cada d¨ªa recorren los 62 kil¨®metros que les separan de Badajoz y los 71 de C¨¢ceres, con los correspondientes costes de transporte. Y todo ello a la espera de que la junta habilite viviendas en la nueva capital.

Nuevos gastos

Algunas comunidades est¨¢n abordando ya la dispersi¨®n de unidades administrativas. Arag¨®n, que tiene 3.000 funcionarios en 29 oficinas de Zaragoza, ha decidido concentrar todos los servicios en un solo lugar. Para ello ha invertido 3.200 millones de pesetas en la rehabilitaci¨®n del Hogar Pignatelli, un edificio del siglo XVIII situado en el centro de la capital.

La oposici¨®n ha criticado la magnitud de la inversi¨®n, mientras que Santiago Marraco, presidente de la comunidad, se defiende: "Primero rehabilitamos un edificio hist¨®rico, que adem¨¢s tiene una estructura de patios y pasillos de circunvalaci¨®n que son perfectos para atender al p¨²blico. Y en segundo lugar no es caro un edificio que tiene 55.000 metros cuadrados en una ciudad como ¨¦sta".

Nuevas funciones, nuevos servicios y nuevos gastos: la Comunidad Valenciana se ha dotado de 90 parlamentarios; y Navarra dispone de una C¨¢mara legislativa de 50 esca?os -en una comunidad de 700.000 habitantes-, Por lo que ha comprado un edificio de cinco plantas a fin de instalarles adecuadamente.

Asturias ha entregado el edificio de su Diputaci¨®n provincial al nuevo Parlamento regional, mientras el presidente y varias consejer¨ªas se han instalado en el antiguo Banco de Espa?a, remodelado con cargo al presupuesto p¨²blico -"la decisi¨®n procede de la preautonom¨ªa", aclara un alto cargo-. Baleares, con 700.000 habitantes, se ha dotado de un Parlamento con 59 esca?os. Fen¨®menos parecidos se han repetido en todas las comunidades.

Los parlamentos regionales, durante la pasada legislatura, han tenido una vida activa con la elaboraci¨®n de las leyes b¨¢sicas de sus respectivas comunidades. Ahora est¨¢ casi todo legislado, y, salvo las sesiones peri¨®dicas de control del Ejecutivo, no es f¨¢cil adivinar qu¨¦ leyes importantes pueden llenar la legislatura que viene en muchas autonom¨ªas.

El mimetismo con las Cortes estatales lleva a alg¨²n parlamentario a quejarse de que no tengan sueldos asignados -s¨®lo cobran dietas- como los diputados nacionales.

Estos gastos, que son los m¨¢s visibles para el ciudadano, constituyen s¨®lo una peque?a parte de los presupuestos auton¨®micos. Hay otros cap¨ªtulos mucho m¨¢s importantes, como son los de personal y gastos corrientes, que en unas comunidades han sido bien gestionados y en otras no tanto. En La Rioja, por ejemplo, el portavoz de Alianza Popular dice que todos los partidos se pusieron de acuerdo para crear una administraci¨®n austera, y que esto se ha cumplido por el Ejecutivo socialista.

Algunas comunidades uniprovinciales s¨ª han aprovechado el desbarajuste del cambio para realizar peque?as reformas administrativas. Asturias, que ten¨ªa 103 clases de empleados p¨²blicos antes de la autonom¨ªa, ha conseguido reducirlos todos a nueve cuerpos. Madrid, que absorbi¨® personal de muy distintas procedencias, ha reducido a dos convenios colectivos los 20 con que se encontr¨® al principio (claro que unificando los salarios por arriba).

Pero incluso estas estructuras reformadas, que deber¨ªan ser m¨¢s ¨¢giles y eficientes, tienen que relacionarse con una Administraci¨®n central que sigue siendo r¨ªgida y supercentralizada, seg¨²n los autores de las reformas, con lo cual los beneficios no son los esperados.

El presidente de una comunidad socialista reconoce la pervivencia de viejos h¨¢bitos: "La Administraci¨®n central", dice, "trata de reanudar su vida con circunspecci¨®n de mutilado, mientras que las corporaciones locales han cambiado, simplemente, el destinatario de sus demandas de financiaci¨®n".

Los autom¨®viles oficiales, los viajes y los gastos de representaci¨®n, altos y criticados en muchos casos, se justifican a veces por la necesidad de aproximar la nueva realidad auton¨®mica a los ciudadanos y contribuir a la vertebraci¨®n de comunidades artificiales.