Adictos a la pena de muerte

Combatir el tr¨¢fico de drogas se ha convertido en uno de los motivos principales que impulsa la reinstauraci¨®n de la pena de muerte en distintos pa¨ªses del mundo, seg¨²n un informe elaborado por Amnist¨ªa Internacional (Al). Durante la d¨¦cada de los ochenta han sido seis los pa¨ªses que han instalado el pat¨ªbulo en sus leyes por el citado motivo, en contra de la tendencia internacional a limitar la pena de muerte.

Al menos son 23 los pa¨ªses tan distintos como Ir¨¢n o los Estados norteamericanos de Arizona y Florida- en los que los delitos relacionados con las drogas son castigables con variadas formas de ejecuci¨®n. La citada organizaci¨®n de derechos humanos afirma en su estudio que ning¨²n dato prueba que la pena capital haya altera do ni el comercio ni el consumo de estupefacientes, pese a la ejecuci¨®n de cientos de personas en los ¨²ltimos a?os. El informe de Al indica su preocupaci¨®n por el riesgo de que el temor de la sociedad ante el tr¨¢fico de drogas, como ante la violencia pol¨ªtica, pueda provocar una nueva oleada de reinstauraciones de la pena de muerte, incluso en alguno de los ¨²nicos 28 pa¨ªses en el mundo que la han abolido para todos los delitos.

As¨ª ocurri¨®, por ejemplo, con la propuesta de introducir en la legislaci¨®n federal de Estados Unidos la pena capital para cr¨ªmenes relacionados con las drogas. La propuesta fue rechazada el pasado 18 de octubre de 1986 gracias principal mente al argumento de que su aprobaci¨®n dificultar¨ªa las ex tradiciones de traficantes sospechosos desde pa¨ªses abolicionistas. Sin embargo, dos Estados de la Uni¨®n (Arizona y Florida) prev¨¦n el m¨¢ximo castigo para los traficantes de drogas cuando ¨¦sta sea causa probada de la muerte del usuario, aunque no la han aplicado a¨²n por este motivo.

Pena obligatoria

Seg¨²n Al, el uso de la pena capital por el citado delito ha mostrado, como en otros casos, ser una pena injusta, discriminatoria, cruel y arbitraria.

Quiz¨¢ el caso m¨¢s extremo se d¨¦ en Malaisia, pa¨ªs en el que la posesi¨®n probada de 200 gramos de hach¨ªs es prueba suficiente para que el juez aplique obligatoriamente la pena capital.

La arbitrariedad se hizo patente en el caso de una pareja de ciudadanos de Malaisia condenados a muerte en julio de 1985 por la posesi¨®n de 412 gramos de cannabis. La pena se transform¨® en cinco a?os de prisi¨®n despu¨¦s de que su abogado demostrase en el recurso que s¨®lo 198 gramos (dos menos de los que marca la ley) hab¨ªan sido incautados en su domicilio. El resto de la droga se hallaba en el gallinero, donde, adujo, cualquiera la pod¨ªa haber puesto. Dos gramos valieron dos vidas.

Los 23 pa¨ªses con este tipo de adicci¨®n al pat¨ªbulo son: en ?frica: Isla Mauricio; en Am¨¦rica, los Estados norteamericanos de Arizona y Florida; en As¨ªa: Brunei, Birmania, Rep¨²blica Popular China, Indonesia, Corea del Sur, Malaisia, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Taiwan y Tailandia; en Europa: Turqu¨ªa; en Oriente Pr¨®ximo y norte de ?frica: Argelia, Bahrain, Egipto, Ir¨¢n, Irak, Jordania, Kuwait, Siria y Emiratos ?rabes Unidos.

Amnist¨ªa Internacional ha conocido la imposici¨®n por este motivo de sentencias en 14 pa¨ªses y la consumaci¨®n de ejecuciones en seis: China, Ir¨¢n, Malaisia, Singapur, Taiwan y Nigeria, aunque en este ¨²ltimo pa¨ªs la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas fue abolida en 1986.

No detiene

El informe de Al califica de falso el principal argumento utilizado por los abogados de la pena capital: que su uso servir¨ªa mejor que cualquier otra pena para disuadir a los delincuentes. Distintos informes elaborados en las ¨²ltimas d¨¦cadas muestran, seg¨²n Al, que el ¨ªndice de criminalidad no se ve afectado por el uso de la pena de muerte.

Informes de los ¨²ltimos a?os muestran que ocurre igual en la lucha contra el tr¨¢fico de estupefacientes. En Ir¨¢n, donde se han producido cientos de ejecuciones por este motivo desde 1959 -muchas de ellas durante el actual r¨¦gimen-, el consumo de drogas sigue creciendo de forma alarmante. En Malaisia, pa¨ªs en el que la pena de muerte es obligatoria desde 1983 -ya era optativa desde 1975- por la posesi¨®n de m¨¢s de 200 gramos de cannabis, 15 de hero¨ªna o 1.000 de opio, las estad¨ªsticas oficiales muestran que el n¨²mero de adictos ha pasado de 79.000 en 1979 a 110.000 en junio de 1986.

Diversos estudios, se?alados en el citado:informe de Al, indican que el consumo de drogas no se puede erradicar exclusivamente mediante el uso de la ley penal. Es un problema social que exige otras respuestas, indica Al, que se?ala adem¨¢s que los peces grandes del narcotr¨¢fico mundial casi nunca caen en la red legal, por lo que la pena de muerte no puede ser un factor de disuasi¨®n para ellos.