Censo bajo toda sospecha

UNA BATER?A de acusaciones de la m¨¢s variada ¨ªndole, entre las que han destacado las de fraude y manipulaci¨®n, ha sido lanzada contra los servicios estatales que tienen a su cargo la elaboraci¨®n del censo. Es m¨¢s que probable que algunas de estas denuncias contengan una abundante dosis de exageraci¨®n, pero el esp¨¦ctaculo generado por los numerosos ciudadanos, a veces agrupados en familias enteras, casas de vecindad o tramos de calle, que no figuraban en las listas electorales lleva a pensar que los fallos y las irregularidades han superado el list¨®n de lo que com¨²nmente se considera como un error t¨¦cnico.Resulta imposible extrapolar estas irregularidades a todo el proceso electoral, poniendo en duda su limpieza, como ha hecho Alianza Popular y ha jaleado la Prensa de la caverna. Pero a mantener las sospechas ha contribuido irresponsablemente el propio director del Instituto Nacional de Estad¨ªstica con su contumaz actitud de negar un ejemplar del censo a la Junta Electoral Provincial de Madrid.

La legislaci¨®n electoral no establece de manera expl¨ªcita la obligatoriadad de la entrega de ejemplares del censo a las juntas electorales provinciales, pero tampoco lo proh¨ªbe. Y si ¨®rganos gubernativos y partidos pol¨ªticos tienen acceso al censo, parece l¨®gico que disponga tambi¨¦n del mismo quien tiene el encargo legal de velar por la pureza de los comicios.

Desde las primeras elecciones libres habidas hace ahora 10 a?os en Espa?a se repiten los problemas de muchos ciudadanos con el censo electoral. Su persistencia es una muestra palpable de que la Administraci¨®n espa?ola no consigue dominar las t¨¦cnicas necesarias para la elaboraci¨®n correcta y actualizada de las listas de espa?oles con derecho al voto.

Recientemente se ha procedido a la elaboraci¨®n del nuevo censo, que ha dado como resultado su reducci¨®n en cerca de 700.000 electores. Se ha pasado de 29.117.613 espa?oles con derecho al voto en las legislativas de junio de 1986 a 28.442.348 en la triple consulta electoral del pasado 10 de junio. Esta disminici¨®n ser¨ªa el reflejo de la desaparici¨®n de empadronamientos dobles o de otras situaciones an¨®malas que persist¨ªan desde la elaboraci¨®n del anterior censo. Pero al mismo tiempo que se han corregido unos errores, se han producido otros, que han dado lugar a que muchos ciudadanos se hayan visto privados de ejercer su derecho al voto en los ¨²ltimos comicios. Y no han sido raros los casos en que esta situaci¨®n se ha producido al pie mismo de las urnas, cuando el elector, provisto de su tarjeta censal, se ha visto sorprendido por la ausencia de su nombre en la lista manejada en la mesa electoral.

La responsabilidad de esta situaci¨®n recae primordialmente en el Instituto Nacional de Estad¨ªstica. Pero tambi¨¦n tiene buena parte de culpa la falta de inter¨¦s que muestran muchos ciudadanos en la resoluci¨®n de problemas que les afectan. El derecho al voto es un derecho individual, y quien lo ejerce est¨¢ obligado a hacer todo lo posible para que desaparezcan los obst¨¢culos que puedan impedir su ejercicio.

Con todo, la pasividad del ciudadano, producto muchas veces de su rechazo de la burocracia estatal, no puede justificar nunca los errores e irregularidades que se advierten cada vez que se convocan elecciones. Y por eso es preciso encontrar m¨¦todos m¨¢s audaces para detectar el flujo enorme de la movilidad social de los espa?oles. Porque mientras la sociedad espa?ola se mueve al ritmo de su tiempo, la Administraci¨®n estatal y los servicios de estad¨ªstica parecen en concordancia con los modos y ritmos de un modesto pa¨ªs semidesarrollado.