Comercio de votos

Es impropio de democracias maduras que el electorado se agite a los sones de campa?a electoral y se despreocupe del uso que se hace de sus votos una vez conocidos los resultados. Ello no hace sino favorecer que los partidos impongan sus propios intereses en el reparto del poder en las instituciones y alteren as¨ª los deseos electoralmente expresados de los ciudadanos.El argumento estelar de este ¨²ltimo per¨ªodo poselectoral ha sido sin duda la negativa a los pactos formales; es decir, al p¨²blico intercambio de votos entre concejales o diputados auton¨®micos para formar equipos de gobierno que pudieran contar con respaldos mayoritarios. En palabras de algunos portavoces socialistas, hab¨ªa que "respetar" las mayor¨ªas establecidas por las elecciones, pese a que ellos mismos hab¨ªan faltado sistem¨¢ticamente a tal respeto en las anteriores elecciones municipales. Seg¨²n el l¨ªder centrista, los pactos son "malos para la democracia", aunque es de esperar que no vaya a ser precisamente el ex presidente Su¨¢rez, de bien reconocida ejecutoria pactista, quien quiera elevar ahora esta proposici¨®n a norma de validez universal. Por su parte, los comunistas parec¨ªan pedir pactos, pero han considerado de un "oportunismo despreciable" gobernar conjuntamente con los socialistas como hasta ahora.

?Acaso hay que suponer que el intercambio de votos es en democracia algo inmoral? En la reciente realidad poselectoral, el rechazo verbal de los pactos p¨²blicos y el supuesto respeto de las mayor¨ªas s¨®lo ha sido una careta para un gran n¨²mero de pactos secretos y numerosas entregas de poder a las minor¨ªas (aunque se trate de las minor¨ªas mayores).

Por ello cabe sostener que aquella pr¨¢ctica de transparencia que los norteamericanos (m¨¢s que los brit¨¢nicos, limitados en este aspecto por el sistema electoral mayoritario y una mayor tradici¨®n de hipocres¨ªa) llaman log-rolling, es decir, el intercambio de favores pol¨ªticos y concesiones mutuas, no s¨®lo no puede considerarse condenable, sino que constituye una muy conveniente extensi¨®n de la democracia.

De hecho, si se mira bien, el comercio empieza ya en el mismo voto, que no es m¨¢s que la cesi¨®n de una cuota de poder del ciudadano a los pol¨ªticos a cambio de los beneficios que cree razonable esperar de la gesti¨®n de ¨¦stos; adem¨¢s, el propio votante puede negociar con su voto e invertirlo, por ejemplo, en el partido o candidato que considere menos malo de entre los que tienen probabilidades de ganar, aunque no sea su preferido en primer lugar (es decir, el famoso voto ¨²til). Y ese mismo ciudadano puede esperar leg¨ªtimamente que tales negocios contin¨²en en la fase poselectoral, pues puede preferir tambi¨¦n un alcalde de un partido pr¨®ximo a sus preferencias, al que l¨®gicamente puede esperar que voten aquellos a los que ¨¦l ha votado, antes que un alcalde de un partido al que rechaza. Si es cierto, por ejemplo, como indican las encuestas, que amplios sectores de votantes de AP y un sector significativo de votantes del PSOE tienen al CDS como segunda preferencia, que gran parte de los votantes de IU tienen al PSOE como segunda preferencia, y que en unas u otras medidas se dan tambi¨¦n las viceversas, ?no habr¨ªa sido m¨¢s exacta y fielmente representativo de los deseos del electorado, o lo que es lo mismo, m¨¢s democr¨¢tico, que tales preferencias de los electores hubieran sido tenidas en cuenta en los comportamientos de los concejales y diputados electos? ?Qu¨¦ ten¨ªan los electores de Segovia que no tuvieran los de Valladolid para que, siendo en ambos casos la lista socialista la m¨¢s votada, hayan sido elegidos alcaldes de distintos partidos? ?Por qu¨¦ los electores socialistas y comunistas de Sevilla y C¨®rdoba han merecido que se haya negociado con sus votos mientras no se hac¨ªa lo mismo con los de Madrid o Barcelona? ?Qu¨¦ m¨¦ritos superiores han adquirido los electores de convergentes y conservadores de L¨¦rida con respecto a los de Tarragona para obtener un alcalde af¨ªn pese a que en ambos casos los socialistas fueran m¨¢s votados?

La transacci¨®n mercantil sistem¨¢tica la practican, de hecho, los partidos en otros muchos aspectos de su actividad. La confecci¨®n misma de un programa electoral suele ser una reuni¨®n de temas que motivan especialmente a unas u otras minor¨ªas de electores, a cambio de los cuales, cada votante acepta que el partido al que vota defienda en otros campos intereses ajenos que no le afectan tanto o los intereses del propio partido. Por ello ser¨ªa razonable esperar que, del mismo modo, los partidos negociaran, una vez legidos, un programa de gobierno conjunto con cuyas opciones en los distintos campos pudieran sentirse m¨¢s o menos satisfechos los diversos sectores ole sus votantes. Tampoco hay que ser un lince para darse cuenta de que a menudo el intercambio de favores mutuos se da entre los concejales o diputados de un mismo grupo en votaciones conjuntas de cuestiones sectoriales y en el reparto de cargos de la Administraci¨®n, entre los partidos, las patronales y los sindicatos, entre un Gobierno aut¨®nomo y los municipios, entre el Gobierno central y los de las autonom¨ªas, etc¨¦tera. ?Por qu¨¦ no realizarlo entonces, en general y a la luz p¨²blica, entre los distintos partidos representados en una misma instituci¨®n?

No se favorece, como se ha dicho, la gobernabilidad neg¨¢ndose al intercambio de votos, ya que tal concepto s¨®lo puede significar proximidad entre los deseos de los gobernados y las acciones de los gobernantes. Lo que se favorece con los Gobiernos de minor¨ªas es que algunos partidos intenten frenar a los competidores m¨¢s pr¨®ximos que les disputan un electorado semejante, seg¨²n la l¨®gica partidista de que el m¨¢s cercano es el rival m¨¢s peligroso, que es una l¨®gica exactamente inversa a la del elector; se favorece una reducci¨®n de la pluralidad pol¨ªtica que aleja a los gobernantes de la pluralidad de intereses, opiniones y deseos de los ciudadanos; se favorecen los intereses propios de los partidos -sean ¨¦stos mantenerse en el poder o crecer en la oposici¨®n- a costa de la relevancia de los intereses de los ciudadanos en las instituciones estatales. Negarse al comercio de votos es, pues, malo para la democracia y una falta de respeto al elector.