El ¨¦xito y la torpeza

EL IMPORTANTE ¨¦xito policial que supone la desarticulaci¨®n de ayer, en San Sebasti¨¢n, del denominado comando Donosti de la banda terrorista ETA, ha ido acompa?ado, desgraciadamente, de un nuevo episodio en la deplorable animosidad existente entre los medios policiales y los jur¨ªdicos del Pa¨ªs Vasco. Un importante golpe de mano como es la detenci¨®n de un grupo al que en principio se le imputan seis asesinatos queda as¨ª empa?ado ante la opini¨®n p¨²blica por la torpeza de una disputa: tras las detenciones, el juez, el fiscal y dos forenses se personaron con extremada celeridad en el cuartel de la Guardia Civil donde se hallaban los sospechosos, en un poco ambiguo gesto destinado a evitar que se produjeran malos tratos. Inmediatamente, apelando al argumento policial de que "las primeras libras de los ¨ªnterrogatorios son las m¨¢s productivas", el gobernador civil de Guip¨²zcoa lanz¨® una acusaci¨®n p¨²blica de que eso supon¨ªa un obstruccionismo a la acci¨®n investigadora.La imputaci¨®n del gobernador es grave. Revela ignorancia sobre el papel del poder judicial en el Estado y sobre los l¨ªmites de las actuaciones de las fuerzas de seguridad. Todav¨ªa est¨¢ vigente el art¨ªculo 286 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que cuando el juez de instrucci¨®n o el municipal se presentaren a formar sumario, cesar¨¢n las diligencias de prevenci¨®n que estuviere practicando cualquier autoridad o agente de polic¨ªa, debiendo ¨¦stos entregarlas en el acto a dicho juez, as¨ª como los efectos relativos al delito que se hubiesen recogido, y poniendo a su disposici¨®n a los detenidos, si los hubiere". Y la propia ley antiterrorista, que atribuye a los jueces centrales de la Audiencia Nacional la instrucci¨®n de las causas por delitos de terrorismo, afirma que ello " se entiende sin perjuicio de las actuaciones judiciales pertinentes en caso de utilizaci¨®n injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en esta ley y de las competencias que en defensa de la legalidad corresponden al ministerio fiscal".

Ni el juez ni el fiscal, al personarse en un centro policial de detenci¨®n, obstruyen investigaci¨®n policial alguna, ya que el hecho mismo de su presencia les convierte en directores de esa investigaci¨®n. Las autoridades dependientes del Ministerio del Interior deb¨ªan ser las primeras en conocerlo y acatarlo.

Pero la gravedad de este caso no reside tanto en el mismo como en su significado dentro del encadenamiento de hechos que parecen responder a una extra?a estrategia de dislocaci¨®n de los poderes del Estado democr¨¢tico. En el Pa¨ªs Vasco esta ciega estrategia empuja a la suicida condena de representantes del poder judicial bajo el pretexto de que sus titulares no se adaptan a las reglas particulares -no constitucionales- que intentan hacer valer quienes definen la lucha policial contra el terrorismo. Esta actuaci¨®n lleva por fuerza a alimentar la interesada y falaz pretensi¨®n de ciertos sectores de las fuerzas de seguridad de presentarse como los ¨²nicos sostenedores del Estado en aquella zona de Espa?a. Este conflicto va a distraer. una vez m¨¢s, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la atenci¨®n de la opini¨®n p¨²blica de la cuesti¨®n m¨¢s importante, que es la batalla que el Estado espa?ol libra contra el terrorismo. La solidaridad social que la lucha antiterrorista necesita no puede seguir siendo empa?ada de esta forma por una pelea de gallos entre poderes del Estado esenciales a su concepci¨®n democr¨¢tica. Y ahora se ven los devastadores efectos que tienen algunas irresponsables declaraciones de miembros del Gobierno contra el poder judicial y su funci¨®n en el Estado de derecho.