Una bala en la nuca

EL CONOCIMIENTO de que el cuerpo de Luc¨ªa Urigoitia, miembro de ETA, que result¨® muerta durante una operaci¨®n antiterrorista en San Sebasti¨¢n, presenta un impacto de bala a bocajarro y en la nuca abre graves interrogantes respecto al comportamiento policial. Estas interrogantes explican, a su vez, la celeridad del juez de instrucci¨®n en tomar declaraci¨®n al resto del comando detenido, celeridad que ha sido criticada sin fundamento alguno por el Ministerio del Interior.La responsabilidad legal en la que haya incurrido el autor material de la muerte de la etarra debe ser determinada por los tribunales, y ser¨ªa precipitar acontecimientos emitir un fallo sobre ello. La posibilidad de que la terrorista haya sido rematada cuando estaba en el suelo, en un acto de nerviosismo por parte de alg¨²n n¨²mero de la Benem¨¦rita, debe ser. investigada. La presi¨®n a la que las fuerzas de seguridad vienen siendo, sometidas en Euskadi -ayer mismo, un coche bomba hizo explosi¨®n frente al cuartel de ?¨ªbar- explicar¨ªa actitudes incontroladas del g¨¦nero de la que ha podido llevar a la muerte a la presunta terrorista; pero, explic¨¢ndolas, ni las justifica en absoluto ni pueden evitar el castigo ejemplar que merece quien sea hallado culpable tras un juicio en regla.

Por lo dem¨¢s, nada de eso explica, en cambio, las incontroladas declaraciones del gobernador civil de San Sebasti¨¢n, las presiones sobre la judicatura, que trata de cumplir con su deber en el Pa¨ªs Vasco, y la ignorancia en la que, al parecer, se ha mantenido al Gobierno sobre las circunstancias de los hechos por parte de los mandos de las fuerzas de orden p¨²blico. Si la defensa de la vida y la dignidad humana, incluso en el caso de delincuentes de la cala?a de los terroristas, debe ser ejercida siempre por las autoridades del Estado, los intentos desde sectores de los institutos armados por secuestrar la voluntad del poder Ejecutivo a este respecto deben ser abortados tajantemente.

El Gobierno se encuentra hoy sometido a serios acosos -empezando por el propio acoso terrorista- que tratan de debilitarle. No es ajeno el propio Gobierno a. la naturaleza de ese asalto, en parte fruto de sus errores, sus arrogancias o sus precipitaciones. Pero sigue siendo el Gobierno apoyado por la absoluta mayor¨ªa de los ciudadanos espa?oles, representante de la, voluntad de ¨¦stos y s¨ªmbolo de un sentido de renovaci¨®n democr¨¢tica, consistentemente combatido por las fuerzas reaccionarias y la prensa de la caverna. No cabe la m¨¢s m¨ªnima duda de que las irresponsables declaraciones que desde el Ejecutivo han querido desprestigiar al aparato judicial, y la pusilanimidad, del ministro de Justicia en su respuesta, contrihuyen a esta situaci¨®n, que desfigura el verdadero perfil del proyecto socialista y que es utilizada ampliamente por fuerzas y sectores que ya enmascaran mal su a?oranza de los viejos tiempos.

La virulencia del ataque terrorista s¨®lo puede ser contestada desde la confianza social y desde la eficacia de los gobernantes. Millones de votos han depositado esa confianza, y repetidamente, en el partido de Felipe Gonz¨¢lez. No es un acto gratuito, y esto debe entenderlo la oposici¨®n, pero tambi¨¦n el Gobierno. Las caracter¨ªsticas esenciales que han definido a ¨¦ste y a su presidente han sido la oferta, y en muchos casos la consecuci¨®n, de una transparencia nueva y dif¨ªcil para la sociedad, espa?ola. Sigue siendo, la violencia criminal de ETA la primera amenaza contra esos proyectos de transformaci¨®n. Pero no es la ¨²nica. La respuesta convulsiva del terrorismo de los GAL o la lenidad y el descontrol de los institutos armados por parte del Ejecutivo contribuyen tambi¨¦n a la desestabilizaci¨®n. Y ¨¦sta es alimentada, adem¨¢s, por los portavoces de la nostalgia.

Le sobran recursos, y puede estar seguro de que tambi¨¦n apoyos, al presidente del Gobierno para resolver los graves problemas de este g¨¦nero en los que se ve envuelto el pa¨ªs, precisamente en un momento en que los indicadores econ¨®micos y la promesa de un acuerdo social permit¨ªan alegrar el horizonte de nuestra convivencia. Sin duda, Felipe Gonz¨¢lez tiene en mente las similitudes que la situaci¨®n actual guarda con el famoso caso Arregui (febrero de 198 l), que desencaden¨® el enfrentamiento entre los ministros de Justicia (Fern¨¢ndez Ord¨®?ez) e Interior (Ros¨®n) de la UCD y desat¨® un descr¨¦dito policial, merecido, pero tan extendido, tambi¨¦n, que sirvi¨® de caldo de cultivo al golpismo, que se hizo patente ese mismo mes. Todas estas consideraciones, en las que la presencia en el Gabinete, esta vez como ministro de Exteriores, de uno de los protagonistas de aquellos hechos puede ayudar a la meditaci¨®n, han de ser tenidas en cuenta a la hora de un balance de situaci¨®n tan sereno como, sea posible. Pero ninguna de ellas empa?a la pecesidad de la aplicaci¨®n de la ley contra todo el que la infrinja, y la exigencia a los servidores del Estado de ser especialmente rigurosos con su propio cumplimiento de las normas.

El Gobierno debe informar claramente sobre las circunstancias de lo sucedido en San Sebasti¨¢n y, al .margen los procedimientos judiciales, ser consecuente con la exigencia de responsabilidades administrativas y pol¨ªticas. No s¨®lo por la comisi¨®n de los hechos, sino por la ocultaci¨®n de los mismos, si ¨¦sta se comprobara.