La bolsa o la vida
Algunos bancos comienzan a considerar como un Factor de peligro a los vigilantes jurados
Los sindicatos piensan que los vigilantes jurados est¨¢n para defender el dinero bancario y no la seguridad de clientes y empleados, adem¨¢s de considerarlos un factor a?adido de peligrosidad. Los empleados tampoco ven su funci¨®n con tranquilidad -aunque los respeten como trabajadores que se juegan el pellejo- Algunos bancos han prescindido de sus servicios, mientras otros, sobre todo los grandes y Banesto-, los utilizan masivamente. El Ministerio del mterior los tiene abandonados, a pesar de que est¨¢n asimilados como ¨ªgentes de orden p¨²blico. Su boom se inici¨® en 1977, a ra¨ªz de que la polic¨ªa ftiera retirada del servicio de protecci¨®n bancaria.
Los protagonistas directos de la pol¨¦mica son 30.000 trabajadores en toda Espa?a, no demasiado bien pagados, que en general adolecen de una buena preparaci¨®n para desempe?ar su delicado trabajo y de los que, presumiblemente, ninguno tiene vocaci¨®n de vigilante jurado.
Sometidos a una fuerte tensi¨®n nerviosa durante las horas le trabajo, ello no significa que se hayan librado del pluriempleo, aso en que se encontraba Luis Fernando Dom¨ªnguez, muerto el pasado d¨ªa al repeler un atraco al Banco Central en Madrid.
Pero las centrales sindicales no aceptan que este problema se enfoque en clave fatalista. La CNT, CC OO y UGT coinciden totalmente a la hora de se?alar al Ministerio del Interior como el responsable ¨²ltimo, por su presunta inhibici¨®n a la hora de obligar a los bancos a instalar medidas de seguridad sin poner en peligro la vida de las personas.
Cuesti¨®n econ¨®mica
"Los bancos, sobre todo los grandes", dice Jos¨¦ Luis Paz, de la federaci¨®n de banca y uno de los dos ugetistas de la comisi¨®n mixta creada en julio de 1984 para estudiar la seguridad de las entidades financieras, "optaron por los vigilantes jurados porque era m¨¢s barato que instalar medidas de protecci¨®n pasiva. Y algunas de las mayores empresas de seguridad fueron creadas por los propios bancos, mediante hombres de paja, para tener controlado todo el proceso. Afortunadamente, incluso algunos grandes bancos est¨¢n cambiando su pol¨ªtica. El Hispano ha empezado a sustituirlos por arcos detectores de metales y esclusas en las puertas, sobre todo".
Paz critic¨® duramente la actitud de Interior: "Mientras haya vigilantes, hay que preocuparse por ellos. La ¨²ltima v¨ªctima estaba haciendo doble servicio. Por la ma?ana, en la sucursal de Marqu¨¦s de Urquijo, y por la tarde, en la divisi¨®n de moneda internacional de la calle de Serrano. No puede ser que vigilantes que llevan seis o siete atracos no tengan una asistencia psicol¨®gica. Parece incre¨ªble que los gobiernos civiles concedan la acreditaci¨®n a muchachos que no han recibido preparaci¨®n, porque los vigilantes est¨¢n juramentados, tienen la condici¨®n de agentes cuando est¨¢n de servicio. Interior no se ocupa de controlar que se cumplan las medidas ya aprobadas. Ha ocurrido que despu¨¦s de un atraco vayas a ver las im¨¢genes tomadas por la c¨¢mara y descubras que la pel¨ªcula estaba vieja y no ha salido nada".
La fuerte disminuci¨®n del n¨²mero de atracos en los ¨²ltimos tres a?os ha sido esgrimida por bancos partidarios de los vigilantes y por las empresas de seguridad como una demostraci¨®n de la efectividad del agente armado. Si en 1984 se cometieron en Espa?a 6.239 atracos -de un total de 26.000 oficinas bancarias, casi el 25%-, con un bot¨ªn total de 4.504 millones de pesetas, en 1986 el n¨²mero baj¨® a poco m¨¢s de 3.000, con un bot¨ªn tambi¨¦n cercano a la mitad. Paz se?ala, adelant¨¢ndose as¨ª "a lo que van a decir los banqueros", que en 1983, con la reforma del C¨®digo Penal, salieron a la calle un buen n¨²mero de presos, lo que tambi¨¦n puede justificar ese brutal incremento de 1984.
"Es la propia legislaci¨®n la que exige la existencia de los vigilantes jurados en las oficinas bancarias si no hay una alarma en conexi¨®n con la polic¨ªa", argumenta Jos¨¦ Cepeda, jefe de seguridad del Banco Central, "y el personal lo pide muchas veces".
Cepeda, de 64 a?os, era comisario general de Seguridad Ciudadana en 1980 cuando se pas¨® a la empresa privada. En su opini¨®n, la pol¨¦mica sobre los vigilantes jurados, en estos momentos, "se est¨¢ sacando de quicio", debido a la emocionalidad, comprensible, desatada por la tr¨¢gica muerte de uno de ellos hace unos d¨ªas. "Pero antes de. suceder esto", se?ala, "la mayor parte de nuestros empleados eran partidarios de ellos".
Cepeda insiste en que la pol¨ªtica del banco es que coexistan los vigilantes con las otras medidas de seguridad. "Tenemos puerta cerrada en el 99% de las sucursales, doble puerta en un porcentaje elevad¨ªsimo -Madrid y Barcelona, desde luego-, hemos bunkerizado Bilbao y arco detector de metales, aunque en un porcentaje m¨ªnimo".
Por su parte, los bancos Popular y Guipuzcoano han prescindido de los vigilantes. "Cuando hay atracos", dice Antonio Gonz¨¢lez Vald¨¦s, subjefe de seguridad del Popular, "o el vigilante es desarmado o se produce un tiroteo. En ambos casos existe un elevado riesgo para la vida de empleados y clientes. Por ello", se?ala, "el banco prefiere instalar medidas pasivas de seguridad".
En apoyo de su tesis cita una estad¨ªstica publicada en octubre de 1985 en Los Angeles Times. Seg¨²n el peri¨®dico norteamericano, en el Estado de California se produjeron en cuatro a?os 509 refriegas armadas, con un resultado de 68 muertos, de los cuales 39 eran clientes o empleados.
El Popular aplica en sus oficinas todas las medidas de seguridad que establece la ley, referidas, entre otras cosas, a pulsadores de alarma, cabinas de caja blindadas y filmadoras. Adem¨¢s instala otros sistemas no obligatorios, como el blindaje del cristal del mostrador o el arco detector de metales a la entrada, que impide el acceso a las personas portadoras de objetos met¨¢licos hasta que los depositan en unos casilleros especiales. El coste aproximado de estas medidas en una sucursal de tama?o medie es cercano a los cuatro millones de pesetas.
Por su parte, Pedro Soriano, miembro por Comisiones Obreras del, comit¨¦ de empresa del Banco Popular en Madrid, asegura que en materia de seguridad las posiciones de trabajadores y empresa son coincidentes.
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