Moscoso, advierte que el progresivo deterioro judicial puede significar "una quiebra del Estado de derecho"

Don Juan Carlos declar¨® ayer abierto el a?o judicial 1987-1988 al t¨¦rmino de un acto en el que las m¨¢s altas autoridades de la judicatura y la fiscal¨ªa expusieron la dif¨ªcil situaci¨®n que atraviesa en este momento la justicia. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Hern¨¢ndez Gil, lo hizo con gran moderaci¨®n, mientras que el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, resalt¨® los riesgos de colapso de la Administraci¨®n de justicia y advirti¨® que su progresivo deterioro puede llegar a significar "una quiebra de Estado de derecho y una crisis de las libertades"

Al acto, celebrado en el sal¨®n de plenos del Tribunal Supremo, asisti¨®, sentado a la izquierda del Rey, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, as¨ª como los presidentes y magistrados del alto tribunal, fiscales de sala, vocales del CGPJ, representantes de la abogac¨ªa y otras personalidades, entre ellas el presidente del Consejo de Estado, Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo; el defensor del pueblo, Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez; el alcalde de Madrid, Juan Barranco, y el anterior presidente del CGPJ, Federico Carlos Sainz de Robles. Los discursos fueron seguidos con frialdad, y s¨®lo hubo un conato de aplauso cuando termin¨® de hablar Hern¨¢ndez Gil. En cambio, las palatiras rituales del Rey fueron fuertemente aplaudidas.Hern¨¢ndez Gil, cuya moderaci¨®n personal ya es proverbial, destac¨® en su discurso ante el Rey -introductorio de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Tribunal Supremo- aspectos positivos, como la laboriosidad de los magistrados, sobre los datos negativos de la falta de medios. Hubo de se?alar, sin embargo, los problemas de la "insuficiente eficacia" de la justicia. Pero enseguida se refiri¨® a la "sensibilidad" del Gobierno, y en concreto del departamento de Ledesma, por las necesidades y problemas de lajusticia, y anticip¨®, "con las naturales reservas ( ... ), unas buenas impresiones sobre el tratamiento presupuestario que va a recibir la Administraci¨®n de justicia en el pr¨®ximo a?o".

El presidente del Tribunal Supremo hizo referencia al aumento progresivo en el n¨²mero de a;untos pendientes, pero inmediatamente destac¨® la "tendencia, tambi¨¦n progresiva", dijo, ?en el ¨ªndice de laboriosidad". Si en 1985, el Tribunal Supremo resolvi¨® 12.334 asuntos, en 1986 fueron 13.679 los resueltos (casi un 11 % de aumento), y en el primer semestre de 1987, los 8.909 asuntos resueltos significan un 44,46% sobre el primer semestre de 1985. Ninguno de estos datos oscurece la gravedad de la situaci¨®n, tambi¨¦n reflejada en la Memoria del Supremo: al final de 1986 hab¨ªa 24.998 asuntos pend.cntes, y a pesar de resolverse 8.909 en los seis primeros meses de 1987, la bolsa crece porque en ese per¨ªodo ingresaron 12.185 nuevos asuntos.

La justicia, prioridad pol¨ªtica

Con mayor ¨¦nfasis se expres¨® Javier Moscoso sobre la que denomin¨® crisis de la justicia. Plante¨® la eficacia de la justicia como un imperativo del sistema democr¨¢tico y las dificultades que encuentran los tribunales "como la m¨¢s honda preocupaci¨®n social de nuestros d¨ªas". Con cierto dramatismo, el fiscal general del Estado describi¨® "la necesaria aproximaci¨®n del pueblo a la justifica cuando ¨¦sta se halla", dijo, "en plena crisis de crecimiento". Enfocados los problemas de la justicia como "problemas de todos", Moscoso concluy¨® que "deben ser prioridades pol¨ªticas a la hora de encontrar sus soluciones".

En esta l¨ªnea, la Memoria de la Fiscal¨ªa General del Estado, elevada ayer al Gobierno por Moscoso, pone en duda la organizaci¨®n actual del poder judicial para responder a las demandas sociales. En concreto, se refiri¨® a alguna de las dificultades que entra?a el desarrollo de la ley org¨¢nica del Poder Judicial, tales como la supresi¨®n de la justicia de distrito, que se ocupa de las peque?as imprudencias cometidas con veh¨ªculos de motor y la denominada "criminalidad de bagatelas". Seg¨²n se explica en la memoria, si la desaparici¨®n de la justicia de distrito no va acompa?ada de la de descriminalizaci¨®n de m¨²ltiples conductas, los juzgados y audiencias provinciales "podr¨ªan quedar colapsados" con el aumento de numerosos procesos. Sin regatear elogios a los servidores judiciales, el fiscal general del Estado manifest¨® su preocupaci¨®n por "la innegable lentitud de la justicia", que hace los fallos "jur¨ªdicamente ineficaces y socialmente contraindicados" y "vana la proclamaci¨®n del derecho fundamental de los ciudadanos a un proceso p¨²blico sin dilaciones indebidas". En definitiva, Moscoso sentenci¨® que "la Administraci¨®n de justicia, como servicio, no satisface plenamente las necesidades de los espa?oles, que con frecuencia se ven frustrados cuando a ella apelan". Y entre las causas de esta situaci¨®n resalt¨®, "sobre todo, la insuficiencia de medios".

Crisis de las libertades

Tampoco regate¨® Moscoso el reconocimiento a "los esfuerzos presupuestarios" realizados en los ¨²ltimos a?os, pero insisti¨® en la "precariedad de medios, humanos y materiales, de la justicia espa?ola.", y afirm¨® que tales meritorios esfuerzos "han resultado insuficientes para recuperar tantos atrasos y adaptarse a las nuevas exigencias". Sin olvidar la existencia de otros sectores necesitados de ayuda y la limitaci¨®n de los recursos del Estado, Moscoso record¨® que "el progresivo deterioro de la justicia podr¨ªa llegar a significar una quiebra del Estado de derecho y una crisis de las mismas libertades".

El an¨¢lisis de la actividad del ministerio fiscal en 1986 sirvi¨® a Moscoso para avalar su tesis de la sobrecarga de trabajo existente. Seg¨²n revel¨®, el total de asuntos ingresados fue de 2.209.954 (un 13,48% m¨¢s que en 1985), de los que 22.782 no pudieron ser dictaminados, a pesar del incremento del trabajo despachado. El total de dict¨¢menes penales fue de 2.091.592 (un 11,15% m¨¢s que en 1985), y el resto, de 95.580 (un 2,68% m¨¢s).