El Vaticano quiere modificar los acuerdos con Espa?a para que el Opus Dei goce de exenciones fiscales

El Vaticano quiere modificar parcialmente los acuerdos entre Espa?a y la Santa Sede, de 1979, con la finalidad de que el tratado incluya a las prelaturas personales -el Opus Dei es Ia ¨²nica hasta el momento-, que de esta manera pasar¨ªan a beneficiarse de las exenciones fiscales. Fuentes eclesi¨¢sticas manifestaron que esta solicitud hab¨ªa sido trasladada al Gobierno espa?ol, y a?adieron que la medida es coherente con la l¨ªnea que mantiene Juan Pablo II en sus nueve a?os de mandato. Durante este per¨ªodo, e Opus Dei ha incrementado su peso dentro de la poderosa curia romana. Incluso en las orientaciones finales del s¨ªnodo que ahora se celebra se ha dejado notar su influencia, lo que ha provocado malestar entre sectores del episcopado cat¨®lico.

La inclusi¨®n de las prelaturas personales en el acuerdo afecta fundamentalmente al Opus Dei, aunque en el futuro, y de fructificar las negociaciones en curso, podr¨ªa llegar a beneficiar a los integristas que encabeza el obispo rebelde Marcel Lefebvre. El Opus Dei, que no est¨¢ inscrito en el registro de entidades religiosas existente en Espa?a, entrar¨ªa, de esta manera, por la puerta grande de los tratados y podr¨ªa acogerse a los beneficios que ¨¦stos prev¨¦n. Las exenciones afectan -seg¨²n los acuerdos- a di¨®cesis, parroquias, ¨®rdenes religiosas, institutos de vida consagrada y a la Conferencia Episcopal Espa?ola. Sin embargo, las prelaturas personales no est¨¢n contempladas en la letra de estos acuerdos firmados en 1979, unos a?os antes de que el Vaticano diera luz verde al Opus para su constituci¨®n como prelatura.

Inscribirse en el registro

Seg¨²n el texto actual, y para acogerse a las exenciones fiscales, las instituciones eclesi¨¢sticas deben contar con personalidad jur¨ªdica civil, y para ello deben inscribirse en el antes mencionado registro. Los beneficios que se derivan de esa inscripci¨®n son las exenciones del pago en las siguientes tasas: IVA, contribuci¨®n territorial urbana, impuesto de sucesiones y transmisiones patrimoniales, entre otros. A cambio, las entidades deben declarar sus fines, datos de identificaci¨®n, ¨®rganos de representaci¨®n, r¨¦gimen de funcionamiento y facultades de dichos ¨®rganos, seg¨²n consta en los acuerdos. El Opus Dei -erigido en prelatura personal en 1982- no ha pasado por este tr¨¢mite, quiz¨¢ por el secreto en el que siempre ha preferido mantener esta prelatura su organigrama. De introducirse la modificaci¨®n deseada por la Iglesia, se a?adir¨ªan las prelaturas personales y no ser¨ªa necesario que se acogieran al tr¨¢mite de inscripci¨®n.

El pasado mes de julio, y en el curso de una reuni¨®n en la comisi¨®n mixta t¨¦cnica Iglesia-Estado, el episcopado intent¨® que el Opus obtuviera exenciones. En medios eclesi¨¢sticos espa?oles no extra?¨® esta propuesta, que ahora se ve reafirmada por la iniciativa vaticana. En aquella reuni¨®n se acord¨® dejar a juicio del ordinario -el obispo de la di¨®cesis- la determinaci¨®n de exenciones en temas como el de la construcci¨®n de templos. Desde entonces, los obispos, seg¨²n fuentes eclesi¨¢sticas, han recibido visitas de miembros del Opus Dei que deseaban poder acogerse a estas beneficiosas medidas fiscales.

En caso de proceder a la modificaci¨®n solicitada por Roma, los acuerdos deber¨ªan pasar tr¨¢mite parlamentario, ya que se trata de un convenio internacional. ?ste es uno de los problemas con los que teme tropezar la Iglesia, porque desde diversos sectores laicos espa?oles se alzan voces contra estos acuerdos que consideran excesivamente beneficiosos para la Iglesia. El episcopado espa?ol ha pedido, desde que los socialistas llegaron al poder, en 1982, la revisi¨®n de estos textos. El temor aument¨® despu¨¦s de que, en algunos momentos especialmente calientes -LODE, ley de despenalizaci¨®n parcial del aborto-, algunos dentro del propio partido socialista pidieran que se recortaran los beneficios pactados en los acuerdos.

La falta de una pol¨ªtica coordinada por parte del Gobierno socialista ha mantenido a la Iglesia en un clima de intranquilidad, ya que los acuerdos pueden romperse a solicitud de una de las partes. Medios eclesi¨¢sticos han opinado, ya durante el primer mandato del PSOE, que el propio vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra -que participa en la comisi¨®n mixta de m¨¢s alto nivel entre Iglesia y Estado-, no sab¨ªa muy bien lo que negociaba.

Cese pol¨¦mico

Parece que tampoco los a?os de experiencia pol¨ªtica del PSOE acumulados desde entonceshayan orientado su actitud ante la Iglesia, ya que sigue existiendo una gran de scoordin aci¨®n. Hace tan s¨®lo unos meses el Ejecutivo cesaba, en medio de una gran pol¨¦mica, al embajador ante la Santa Sede, Gonzalo Puente Ojea. A las pocas semanas, el Gobierno decid¨ªa la entrada en vigor para el pr¨®ximo a?o de la asignaci¨®n tributaria, el llamado impuesto religioso. Esta medida cogi¨® por sorpresa a los obispos espa?oles y al propio nuncio, Mario Tagliaferri, que no hab¨ªa remitido ning¨²n informe a la Santa Sede pocos d¨ªas antes de que el Ejecutiv o diera publicidad a la medida.

El anuncio de la entrada en vigor del impuesto religioso ha permitido que se reabra una pol¨¦mica sobre la constitucionalidad de la asignaci¨®n tributaria. La Constituci¨®n espa?ola -a diferencia de la de la RFA, donde s¨ª funciona este sistema- proh¨ªbe cualquier requerimiento para declarar sobre las creencias personales, y eso, de alguna manera, deber¨¢ realizarse al determinar si la asignaci¨®n tributaria debe ser consignada a la Iglesia o bien al Estado.

Otro hecho significativo de ]a poco coordinada pol¨ªtica socialista fue la presencia de Felipe Gonz¨¢lez en la nunciatura en julio de este a?o, un hecho muy poco usual por parte de un jefe de Gobierno respecto a un embajador. Esta actitud -seguida del cese de Puente Ojea- se consider¨® como un acercamiento del PSOE a la Iglesia, una vez aprobadas las leyes m¨¢s conflictivas y con la perspectiva socialista de no perder votos en las pr¨®ximas elecciones legislativas. Sin embargo, se considera poco probable que el Gobierno modifique los acuerdos con el Vaticano.