La 'guerra sucia' ensangrienta Colombia

Desprotegida por la debilidad de sus viejas instituciones democr¨¢ticas, Colombia sufre hoy los efectos de la peor guerra sucia de Am¨¦rica Latina desde que, hace m¨¢s de 10 a?os, la sangre corri¨® copiosamente en el Cono Sur. La Uni¨®n Patri¨®tica (UP), la principal fuerza izquierdista legal en la historia de este pa¨ªs, es objeto de una calculada pol¨ªtica de exterminio que la ha privado ya de m¨¢s de 500 de sus dirigentes y militantes y ha limitado considerablemente su actividad. El punto culminante de esta escalada de terror fue la muerte a balazos del presidente de UP, Jaime Pardo Leal.

"Las Fuerzas Armadas tienen que explicar qui¨¦nes est¨¢n detr¨¢s de la guerra sucia. Si no son las Fuerzas Armadas, ?qui¨¦nes?". Esto afirma el presidente de la Comisi¨®n de Derechos Humanos de Colombia, el profesor universitario Alfredo V¨¢zquez Carrizosa, una de las figuras m¨¢s respetadas y prestigiosas del pa¨ªs. Admite que, por el momento, no dispone de datos para implicar directamente a las Fuerzas Armadas, pero afirma que "todas las investigaciones tropiezan en el momento en que se llega a las personas con fuero especial, que son los militares".V¨¢zquez Carrizosa no tiene dudas para asegurar que "Jaime Pardo muri¨® porque hab¨ªa denunciado los nombres de oficiales de las Fuerzas Armadas relacionados con casos de asesinato". Cuatro meses antes de la emboscada que acab¨® con su vida, Pardo hab¨ªa presentado ante el procurador general de la naci¨®n, Carlos Mauro Hoyos, una lista de casos en los que se sospecha de la participaci¨®n de militares en muertes de dirigentes de UP.

La Procuradur¨ªa encontr¨® indicios para realizar investigaciones sobre la mayor parte de los casos denunciados por Pardo, y as¨ª se lo comunic¨® el pasado 15 de septiembre de 1987 al comandante general de las Fuerzas Armadas, general Manuel Guerrero Paz, mediante un documento al que ha tenido acceso EL PAIS, y en el que se mencionan los 25 casos en los que se est¨¢ trabajando. El general Guerrero recibi¨® esa comunicaci¨®n 26 d¨ªas antes de la muerte de Jaime Pardo.

La decisi¨®n de la Procuradur¨ªa, seg¨²n distintas fuentes en Bogot¨¢, rebos¨® el vaso del malestar entre los militares, que poco antes ya hab¨ªan dado muestras de irritaci¨®n por el reciente paso a manos civiles de la Procuradur¨ªa delegada para asuntos de las Fuerzas Armadas, un puesto clave en este tipo de investigaciones que tradicionalmente hab¨ªa estado ocupado por un general.

El informe del procurador delegado, Omar Henry Velasco, cita con nombres y apellidos a los capitanes, tenientes, y hasta un coronel, sobre los que se requiere una investigaci¨®n. Y en el caso del asesinato el pasado 16 de agosto del alcalde de Sabana de Torres, ?lvaro Garc¨¦s, se presentan datos elocuentes que llevan a concluir la . apertura formal de averiguaci¨®n disciplinaria" del capit¨¢n Luis Orlando Ardila Orjuela. La Procuradur¨ªa no tiene potestad para sancionar, sino solamente para hacer p¨²blica demanda de sanciones disciplinarias.

Grupos de autodefensa

En otros casos, el informe da cuenta de la falta de pruebas contra determinados oficiales, pero mantiene abiertas las investigaciones hasta su total esclarecimiento. ?ste es el caso de la denuncia presentada por Jaime Pardo contra el ministro de Defensa, general Rafael Samudio, el oficial que dirigi¨® en noviembre de 1985 la toma del palacio de justicia de Bogot¨¢, en la que muri¨® un centenar de personas en circunstancias todav¨ªa no aclaradas oficialmente.El informe del procurador recoge, en relaci¨®n con el general Samudio: "Denuncia contra el se?or ministro de Defensa Nacional por presencia en el pa¨ªs de grupos de autodefensa. El procurador general de la naci¨®n me ha comisionado para adelantar dicha investigaci¨®n, y a partir del 14 de agosto se vienen recaudando pruebas. Pero las recaudadas y el corto tiempo de la investigaci¨®n no nos permiten anticipar nada al respecto. En todo caso, la investigaci¨®n contin¨²a".

La Uni¨®n Patri¨®tica ha denunciado que los llamados grupos de autodefensa, contemplados en la doctrina militar como unidades civiles para protegerse de los guerrilleros, son verdaderas fuerzas paramilitares dirigidas por oficiales del Ej¨¦rcito. El procurador general considera que son "fuerzas fuera de la ley".

Aunque alg¨²n comentarista del diario El Espectador ha visto en la ola de atentados de los ¨²ltimos meses el preludio de la guerra civil espa?ola, la mayor parte entiende ¨¦sta como una fase, tal vez la peor, del combate entre el Ej¨¦rcito y la guerrilla, iniciado en los a?os sesenta con batallas frontales en las monta?as.