Sancionadas este a?o 80 empresas de seguridad con 22 millones en total por numerosas irregularidades

El Ministerio del Interior ha impuesto sanciones en el primer semestre de este a?o por un total de 22 millones de pesetas a 80 empresas de seguridad, y ha cancelado la actividad de cinco de ellas tras comprobar la polic¨ªa numerosas e importantes irregularidades en sus actividades. Actualmente funcionan en Espa?a 700 empresas de seguridad y trabajan 30.000 vigilantes jurados armados (casi la mitad de la plantilla que tiene la Guardia Civil). La irregularidad m¨¢s frecuente es el servicio de escolta prestado por vigilantes jurados de paisano, actividad ilegal por la que cobran alrededor de 1,5 millones mensuales. Interior est¨¢ estudiando una reforma del sector ante la proliferaci¨®n de estas empresas y la dificultad para controlar sus actividades.

El subdirector operativo de la polic¨ªa, Agust¨ªn Linares, reconoce que las empresas de seguridad, desde que se regul¨® su funcionamiento, en 1981, "son un sector en expansi¨®n donde impera una cierta desorganizaci¨®n y anarqu¨ªa, ante lo cual la Secretar¨ªa de Estado para la Seguridad est¨¢ abordando una reforma de la legislaci¨®n y ha solicitado propuestas para ordenar sus actividades".Linares reconoce que la polic¨ªa ha observado numerosas "anomal¨ªas, entre ellas la proliferaci¨®n de vigilantes jurados, que constituyen un ej¨¦rcito paralelo que es necesario controlar porque puede ser muy peligroso que haya mucha gente armada en la calle".

Anomal¨ªas frecuentes

Una de las anomal¨ªas m¨¢s frecuentes en estas empresas la constituye la escolta privada, actividad ilegal que prestan vigilantes jurados de paisano. Agust¨ªn Linares reconoce que estas empresas est¨¢n ejerciendo "fuertes presiones para que se legalice esta figura, dado que obtienen importantes ingresos; suelen cobrar aproximadamente 1,5 millones de pesetas por este servicio".Solamente en los primeros seis meses de este a?o el Ministerio del Interior ha impuesto cerca de 100 sanciones a 80 empresas de seguridad -algunas de ellas han sido sancionadas por diferentes motivos-, ha enviado 15 ¨®rdenes de apercibimiento a otras tantas y ha cancelado la actividad de cinco de ellas.

Otras anomal¨ªas frecuentes son la falta de control y negligencia en la custodia de las armas, la ausencia de registros o visados que deben pasar por el Ministerio del Interior, los dep¨®sitos de fondos y el servicio de vigilancia de guardas jurados, figura no legalizada que presta sus servicios sin armas.

Las empresas que mayores sanciones han recibido en el primer semestre de este a?o son Esabe Express, SA (2,2 millones de pesetas); Prose, SA (1,15 millones); Grupo 4 Securitas Espa?a, SA (1,5 millones); Esbue, SAL (300.000); Sevillana de Vigilancia y Protecci¨®n, SL (350.000); Grupo Atalaya (1 mill¨®n); Raf Bel, SL (300.000); Castellana de Protecci¨®n y Seguridad (400.000); Transel Seguridad, SA (500.000); Protecci¨®n Loss Control (600.000); Organizaci¨®n de Seguridad Integral, SA (500.000); Servicio de Protecci¨®n y Vigilancia (500.000); Secovi (1 mill¨®n); Transportes Blindados, SA (300.000); Especial Seguridad (1 mill¨®n); Sevialarm (1 mill¨®n); Juan Antonio Rubio Corral (500.000), y Cooperativa La Galaica, Protecci¨®n y Seguridad (1 mill¨®n).

Asimismo, el Ministerio del Interior orden¨® la cancelaci¨®n, por "variaci¨®n de circunstancias b¨¢sicas que motivaron su inscripci¨®n", a Tradeca; Seguridad Rovise, SA; Alas de Rau, SA; Alarma y Seguridad Privadas, y Seguridad Saguntina, SA. Este c¨²mulo de irregularidades descubiertas en el sector por la polic¨ªa y que ha llevado a la Secretar¨ªa de Estado para la Seguridad a abordar una reforma de la legislaci¨®n vigente sobre las actividades de las empresas de seguridad se consumar¨¢ probablemente en un cambio de rango de la ley.

Ahora este sector est¨¢ regulado por varios decretos, y se estudia llevar a decreto-ley la base de sus actividades, que posteriormente se desarrollar¨ªa por diversos decretos.

Propuestas

Las propuestas de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa sobre estos casos son principalmente regular las figuras del vigilante jurado y guarda jurado sin armas, evitar las escoltas privadas, erradicar los dep¨®sitos de fondos, regular la figura del detective y ordenar correctamente los requisitos que deben exigirse a una empresa de seguridad con el fin de que se obtengan garant¨ªas de que esa sociedad va a funcionar correctamente y en los t¨¦rminos para los que ha sido registrada.La Direcci¨®n General de la Polic¨ªa tambi¨¦n ha propuesto controlar la formaci¨®n de los vigilantes jurados y el control de sus armas y ha sugerido que se investigue y regule la inversi¨®n de capital extranjero en estas empresas.

Agust¨ªn Linares reconoce que uno de los problemas que m¨¢s preocupan a los responsables policiales es la proliferaci¨®n de vigilantes jurados con sus correspondientes armas, y precisa que incluso algunos se dan de baja despu¨¦s de conseguir registrarse, ante lo cual es necesario estrechar los cercos de control.