Las puertas al campo

LA DELEGACI?N del Gobierno en Madrid pretende prohibir las manifestaciones en determinadas calles de la capital. Tal decisi¨®n, tomada a petici¨®n del Ayuntamiento despu¨¦s de que sendas movilizaciones de bomberos y exportadores de tomate colapsaran la ciudad, ha sido protestada por los sindicatos, que ponen en duda la legalidad de la medida y est¨¢n dispuestos a desobedecerla.Durante los primeros meses de este a?o, Madrid fue convertida por los m¨¢s variados sectores y gremios en escenario de toda suerte de manifestaciones: estudiantes, obreros en reconversi¨®n, tenderos, m¨¦dicos, braceros del campo se dieron cita en las calles, convencidos de que la repercusi¨®n de su protesta ser¨ªa mayor si se acercaban a la ciudad en que tiene su sede el Gobierno, pero tambi¨¦n la televisi¨®n estatal, las redacciones de los diarios y emisoras de difusi¨®n estatal y las embajadas extranjeras, entre otros. Recientemente, unos cientos de bomberos tomaron la plaza de la Cibeles y, utilizando el material que los ciudadanos han financiado y puesto en sus manos para apagar incendios, se dedicaron a rociar la calzada con espuma qu¨ªmica, impidiendo la circulaci¨®n y provocando grandes atascos. Decenas de miles de madrile?os llegaron tarde a sus ocupaciones por esa protesta ilegal de unos cientos de funcionarios p¨²blicos. Eso, sin g¨¦nero de dudas, es un abuso, pero tambi¨¦n lo es la actitud del jefe de bomberos -y su falta de dignidad pol¨ªtica- tras lo sucedido en el incendio de Almacenes Arias, donde varios de sus hombres perdieron la vida. Un abuso fue igualmente que unos 20 camiones de gran tonelaje fueran abandonados d¨ªas despu¨¦s en una encrucijada vital del tr¨¢fico de la ciudad, provocando un colapso que dur¨® siete horas y afect¨® a cientos de miles de personas. Pero los excesos de unos ciudadanos concretos no deben justificar los del poder.

Las autoridades tienen obligaci¨®n de garantizar, de acuerdo con las leyes, que el ejercicio del derecho de manifestaci¨®n no se ejercite a costa del derecho de otros ciudadanos. Sin embargo, la soluci¨®n que se pretende dar al caso resulta m¨¢s que discutible, aparte de dif¨ªcilmente aplicable. La prohibici¨®n con car¨¢cter general de manifestarse en determinados sitios atenta contra un derecho constitucional y adem¨¢s es un remedio peor que la enfermedad.

De haber existido en 1981 esa norma que ahora se pretende aprobar por decreto, no hubiera podido celebrarse, por ejemplo, la manifestaci¨®n contra el golpismo que recorri¨® el centro de Madrid unos d¨ªas despu¨¦s del 23-F. La suposici¨®n de que siempre ha de prevalecer el orden del tr¨¢fico en las calles frente a las expresiones legitimadas de protesta es m¨¢s que gratuita y responde a pura incapacidad pol¨ªtica o a demostrada aversi¨®n a quienes no piensan como el que manda.

Las centrales sindicales han dado repetidas pruebas de sentido com¨²n a la hora de llevar a cabo movilizaciones y debe ser la l¨®gica y no el palo lo que impere en cada caso. Por eso debe aplicarse un criterio flexible, que tenga en cuenta si existen o no garant¨ªas de que los organizadores van a ser capaces de asegurar el orden de la marcha y el respeto del horario e itinerario acordados en la preceptiva comunicaci¨®n previa.

Las autoridades pueden ya prohibir, mediante resoluci¨®n recurrible ante los tribunales, determinadas manifestaciones si se considera que hay razones para temer que se produzcan graves alteraciones de orden p¨²blico. Y pueden negociar con los organizadores modificaciones en el horario o el itinerario. Pero decretar un cord¨®n sanitario en el interior del cual nunca m¨¢s podr¨¢n realizarse movilizaciones es, adem¨¢s de un arbitrismo, una tonter¨ªa de imposible aplicaci¨®n.

El asunto deb¨ªa haber sido discutido previamente con los sindicatos representativos, sin cuyo acuerdo ninguna resoluci¨®n administrativa de este tipo tendr¨¢ gran efectividad. El derecho de manifestaci¨®n est¨¢ expresamente recogido en la Constituci¨®n, que precisa que s¨®lo "cuando existan razones fundadas de alteraci¨®n del orden p¨²blico, con peligro para bienes y personas" podr¨¢n las autoridades prohibir su pr¨¢ctica.

Si los obreros o los estudiantes no pueden manifestarse por el centro, en consecuencia tampoco podr¨ªan existir competiciones deportivas, carnavales, fiestas de la bicicleta, visitas del Papa, desfiles, paradas militares, procesiones religiosas, corridas de toros, partidos de f¨²tbol y tantos y tantos otros eventos que colapsan igualmente la maltrecha circulaci¨®n madrile?a, v¨ªctima tambi¨¦n de la especulaci¨®n, el horario de los ministerios y el comercial, lo peculiar del sistema escolar y muchos otros desaguisados m¨¢s.