Otros procedimientos
El auto de la juez Elisabeth Huerta que traslada a la Audiencia de Bilbao la decisi¨®n de procesar a 12 miembros de la Guardia Civil no agota las posibles consecuencias penales del caso Linaza, como la resoluci¨®n de la magistrada recuerda. El auto se refiere a la existencia de un procedimiento independiente, al que no afecta la decisi¨®n sobre el comandante, el capit¨¢n, el sargento, el cabo y los ocho n¨²meros.Adem¨¢s de la investigaci¨®n sobre los responsables de los malos tratos a Tom¨¢s Linaza, Huerta instruye diligencias complementarias sobre posibles responsabilidades de mandos de la Guardia Civil, por anomal¨ªas en la aportaci¨®n de datos durante la investigaci¨®n, y de miembros del Gobierno, en relaci¨®n con la orden de incomparecencia de 90 agentes ante el juzgado, en septiembre de 1986.
En las diligencias sobre anomal¨ªas en el suministro de informaci¨®n oficial solicitada por el juzgado aparecen citados, entre otros, el general Jos¨¦ Antonio S¨¢enz de Santa Mar¨ªa, que fue director general de la Guardia Civil, y Germ¨¢n Corral Bernab¨¦, antiguo coronel responsable del servicio inform¨¢tico del instituto armado y en la actualidad jefe del cuerpo en la zona tercera (Levante). Las diligencias sobre presuntas responsabilidades en la incomparecencia de los agentes convocados a ruedas de identificaci¨®n en septiembre del a?o pasado se refieren al presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, y a los ministros de Interior y Justicia, Jos¨¦ Barrionuevo y Fernando Ledesma, respectivamente.
La situaci¨®n actual de este procedimiento es deconocida. En caso de que aportase indicios de responsabilidad penal, deber¨ªa ser elevado al Tribunal Supremo, ¨²nico organismo competente para decidir el procesamiento de miembros del Ejecutivo.
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