La juez Huerta propone que se procese a mandos y agentes de la Guardia Civil por el 'caso Linaza'

La magistrada Mar¨ªa Elisabeth Huerta, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Bilbao, ha remitido las diligencias por presuntos malos tratos a Tom¨¢s Linaza a la Audiencia Provincial, que deber¨¢ decidir el procesamiento de 12 miembros de la Guardia Civil. El auto, dictado el pasado 27 de octubre, se?ala la existencia indiciaria de conducta delictiva de dos oficiales, un suboficial, un cabo y ocho n¨²meros de la Guardia Civil, a los que se acusa de malos tratos, prevaricaci¨®n, denegaci¨®n de auxilio y falsificaci¨®n de documento oficial. Uno de los oficiales puede ser condenado a 12 a?os.

La resoluci¨®n de la juez pone fin a una instrucci¨®n de tres a?os, marcada en septiembre de 1986 por un serio conflicto entre el Gobierno y el poder judicial, al ordenar el Ministerio del Interior a 9 guardias civiles que desatendieran la orden de comparecencia a las ruedas de identificaci¨®n. La orden fue conocida y aprobada por el Ministerio de Justicia y el presidente del Ejecutivo, Felipe Gonz¨¢lez.Los miembros del instituto armado cuya participaci¨®n en los hechos se considera probada indiciariamente son el sargento Alfredo Serrano Pastor y el n¨²mero Lucio de Sosa Robledo, por un supuesto delito de malos tratos, y el comandante Jos¨¦ Mart¨ªn Llevot, el capit¨¢n Rafael Masa Gonz¨¢lez, el cabo ?ngel Fuente Romero y los n¨²meros Juli¨¢n P¨¦rez Mentesinos, Miguel Caballero S¨¢nchez, Paulino Santos Campama, Felipe Mateos Robles, Diego Cer¨®n Garc¨ªa, Santiago L¨®pez Rico y Eduardo Herrero Prieto, por un presunto delito de prevaricaci¨®n. El procesamiento de os agentes es competencia de las audiencias provinciales, y no de los jueces de instrucci¨®n, en virtud de la ley de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.

Los dos oficiales son presuntos autores de otro delito de denegaci¨®n de auxilio; y el comandante, adem¨¢s, de un delito de: falsificaci¨®n de documento oficial. El C¨®digo Penal castiga el delito de malos tratos por funcionarios p¨²blicos con penas de un mes y un d¨ªa a seis meses de arresto mayor; el de prevaricaci¨®n, con penas de inhabilitaci¨®n especial, de seis a doce a?os; el de denegaci¨®n de auxilio, tambi¨¦n con inhabilitaci¨®n especial, de seis a doce a?os, y el de falsificaci¨®n de documento p¨²blico con penas de presidio mayor, de seis a doce a?os.

Tiempo transcurrido

El auto de la juez Huerta reconoce a existencia de m¨¢s personas implicadas en los malos tratos a Tom¨¢s Linaza, de 73 a?os, pero considera que el tiempo transcurrido desde que se iniciaron las diligencias imposibilita su identificaci¨®n. Este inciso parece suponer, de hecho, la suspensi¨®n de las ruedas de reconocimiento de guardias civiles relacionadas con este caso, en las que han participado cerca de 200 agentes.La juez recoge el dictamen firmado en Madrid por el m¨¦dico forense, a petici¨®n del juzgado de instrucci¨®n central de la Audiencia Nacional, donde se consigna la existencia de hematomas de hasta 10 cent¨ªmetros de superficie en el cuerpo de Linaza as¨ª como erosiones cut¨¢neas en per¨ªodo de cicatrizaci¨®n. Huerta explica que el forense enviado por el juzgado el 15 de mayo a la Comandancia de la Guardia Civil de Bilbao no pudo ver al detenido porque el comandante Mart¨ªn y el capit¨¢n Masa le indicaron que ya no se enontraba all¨ª, impidi¨¦ndole cumplir el mandato judicial. El comandante Mart¨ªn afirm¨® en un oficio del 13 de junio de 1983, en respuesta al juzgado, que cuando compareci¨® el forense, Linaza ya hab¨ªa sido conducido a Madrid. Sin embargo, el detenido fue trasladado a Madrid en una conducci¨®n efectuada el 16 de mayo, a las tres de la madrugada, seg¨²n puede leerse en el atestado correspondiente.

La orden de detenci¨®n de Linaza la dio el capit¨¢n Masa al n¨²mero P¨¦rez Montesinos. El oficial, seg¨²n el auto, baj¨® a los calabozos y vio all¨ª a Linaza.

El sargento Serrano y el cabo Fuente actuaron como instructor y secretario de las diligencias, respectivamente.

Serrano y el n¨²mero De Sosa han sido reconocidos por Linaza como autores de los malos tratos. P¨¦rez Montesinos tambi¨¦n ha sido reconocido como uno de los interrogadores, pero no como participante en los malos tratos. Lucio de Sosa, retirado ya del servicio, fue condenado el 20 de julio por la Audiencia de Bilbao a cinco meses y dos d¨ªas de arresto mayor y seis a?os y un d¨ªa de inhabilitaci¨®n por malos tratos al detenido Josu Torre Altonaga.

El n¨²mero Caballero, adscrito en aquellas fechas al servicio de incidencias y encargado de la custodia de Linaza, fue, seg¨²n el auto, una persona clave. Caballero ha reconocido que vio a Linaza tirado en el suelo, babeando y en mal estado. Ha admitido tambi¨¦n que varios compa?eros penetraron en el calabozo de Linaza, aunque no ha facilitado su identidad.

Los miembros del instituto armado que participaron en los interrogatorios, seg¨²n se acredit¨® mientras las diligencias eran instruidas por un juzgado militar, fueron P¨¦rez Montesinos, Santos, Mateos, Serrano, el cabo Fuente, De Sosa, Herrero, L¨®pez Rico, Cer¨®n, Caballero y Antonio N¨²?ez Berrocal. Este ¨²ltimo se ha comprobado luego que se encontraba de permiso en el momento (le los hechos.

La extensa resoluci¨®n de la magistrada detalla la evoluci¨®n judicial de la denuncia presentada el 15 de mayo de 1981 por la esposa deTom¨¢s Linaza, detenido el d¨ªa anterior. Las diligencias previas pasaron en diciembre de 1981 del juzgado n¨²mero tres de Bilbao a la jurisdicci¨®n militar, que en febrero de 1984 se inhibi¨® en favor de la ordinaria. En marzo del mismo a?o, el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 13 de Madrid se inhibi¨®, a su vez, en favor del de Bilbao.