Valent¨ªn Ochoa se querellar¨¢ contra un juez y miembros de la Guardia Civil
Valent¨ªn Ochoa P¨¦rez, el industrial santanderino que en octubre denunci¨® presuntas corrupciones de miembros de la Guardia Civil en materia de comercio de drogas, anunci¨® ayer a los periodistas, convocados a un hotel de la capital, que la semana pr¨®xima presentar¨¢ dos querellas criminales, una contra el juez Javier Cruzado, por prevaricaci¨®n y delito de falsedad, y otra contra varios miembros de la Guardia Civil, por la corrupci¨®n aludida.Ochoa cit¨® a los informadores 24 horas despu¨¦s de haber salido de la c¨¢rcel tras 36 d¨ªas de internamiento, ello como consecuencia del auto de procesamiento dictado por el juez Cruzado por presuntos delitos contra la salud p¨²blica (posesi¨®n de droga) y tenencia il¨ªcita de armas.
Ochoa se hizo acompa?ar de su abogado, Emilio Rodr¨ªguez, quien ocup¨® la mayor parte de la conferencia de prensa. El industrial (que afirm¨® haber sufrido "tortura psicol¨®gica" en la c¨¢rcel y no encontrar ahora un solo banco dispuesto a concederle un cr¨¦dito) mostr¨® su sorpresa ante la noticia de que la Guardia Civil haya podido archivar las diligencias abiertas a causa de sus denuncias por no encontrar indicios de culpabilidad en las personas por ¨¦l aludidas. "?Por qu¨¦ no me han preguntado a m¨ª? Todo el material lo voy a entregar ahora al fiscal, entre 45 y 60 casos concretos, que pueden afectar a varias personas".
Rodr¨ªguez y Ochoa pusieron de manifiesto que el an¨¢lisis realizado en Madrid por el laboratorio dependiente de la Direcci¨®n General de Seguridad del Estado ha demostrado que la coca¨ªna hallada por la Guardia Civil en un registro al domicilio del industrial eran simplemente polvos de limpiar la plata. "No hay, pues, delito contra la salud, y s¨ª", recalc¨® el abogado, "un rid¨ªculo evidente cometido por las personas que llevaron a cabo la informaci¨®n. As¨ª, sin otros elementos de juicio, el juez se atrevi¨® a dictar el auto por delito contra la salud p¨²blica. Esos inocuos polvos han costado a mi cliente 36 d¨ªas de privaci¨®n de libertad, lo que no puede admitirse en un Estado de derecho".
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