Ilegales para Interior, legales para Trabajo

Unos 5.000 trabajadores de la seguridad privada, agrupados en la categor¨ªa laboral del guarda de seguridad, mantienen una contradictoria situaci¨®n jur¨ªdica. A los ojos del Ministerio del Interior son ilegales, mientras que el de Trabajo acept¨® su legalidad desde 1977, a?o en que el convenio sobre empresas de seguridad incluy¨® esta figura y fue registrado por el departamento ministerial. Una futura reforma de la seguridad privada, cuyo primer paso ha sido el inicio de la redacci¨®n de un libro blanco, suplir¨¢ esta contradicci¨®n mediante la legalizaci¨®n del guarda.

La legislaci¨®n actual s¨®lo admite la existencia de una categor¨ªa de agente de la seguridad privada, que es la de vigilante jurado. El vigilante jurado, considerado por un decreto de 10 de marzo de 1978 como agente de la autoridad, porta armas, defensas y grilletes, as¨ª como uniforme. Tiene la obligaci¨®n de jurar el cargo ante el gobernador civil provincial, cuesti¨®n que le diferencia del guarda de seguridad, que adem¨¢s no puede llevar armas.El vigilante queda convertido al jurar en un agente de la autoridad con la competencia de proceder a identificaciones, mientras que el guarda de seguridad carece de cualquier homologaci¨®n.

La figura del guarda de seguridad naci¨® como un servicio m¨¢s rentable para las empresas. Mientras que un vigilante jurado cobra 84.187 pesetas al mes brutas, un guarda de seguridad tan s¨®lo 60.806, seg¨²n el convenio del ¨²ltimo a?o. Adem¨¢s, las empresas rebajan el precio a sus clientes si se trata de guardias y no de vigilantes, Fuentes de las empresas a?aden una tercera raz¨®n: existen clientes que prefieren que los agentes de seguridad no porten armas para dar una mejor imagen al p¨²blico. A esta suma se puede a?adir la obligaci¨®n por imperativo legal de tener m¨¢s de 21 a?os en el caso del vigilante, mientras que para guarda, al no estar reconocido por la ley, cualquier edad es v¨¢l¨ªda.

A favor de la legalizaci¨®n

Todo el sector de la seguridad est¨¢ a favor de la legalizaci¨®n. de esta figura y el Ministerio del Interior ha mostrado su predisposici¨®n a reconocer a los guardas de seguridad. Mientras tanto, ha multado en lo que va de a?o a 31 empresas por montar servicios con guardas de seguridad. El a?o pasado el n¨²mero de multas fue de 40 y en 1985 de 17.Desde el pasado 7 de octubre una comisi¨®n formada por patronal y sindicatos se re¨²ne en el Ministerio del Interior con el objetivo de elaborar un libro blanco sobre la seguridad privada, que sentar¨¢ las bases de una posterior reforma legislativa del sector. La comisi¨®n est¨¢ presidida por Florencio San Agapito, adscrito a la Secretar¨ªa de Estado para la Seguridad, cuyo titular es Rafael Vera. Interior pretende as¨ª cumplir uno de los objetivos marcados desde la llegada al poder del PSOE, que pasa por la regulaci¨®n de este complejo sector.

El Sindicato Independiente de Vigilantes Jurados y Trabajadores de las Empresas de Seguridad (SITES) pretende el reconocimiento legal del guarda y su juramentaci¨®n a los 18 a?os, con lo que tendr¨ªa categor¨ªa de agente de la autoridad. Te¨®filo Hidalgo, presidente del SITES, entiende que el guarda, que seguir¨ªa sin prestar armas seg¨²n su planteamiento, deber¨ªa ser un escal¨®n en la formaci¨®n de todo nuevo vigilante jurado. Opini¨®n distinta mantiene el Sindicato Independiente de Profesionales de Vigilancia y Seguridad (SIPVS), el segundo en el sector, que es partidario de "una reconversi¨®n de los guardas en vigilantes", seg¨²n manifest¨® su dirigente Juan Manuel Garc¨ªa.

Comisiones Obreras, la Uni¨®n Sindical Obrera y la Uni¨®n General de Trabajadores -esta ¨²ltima mayoritaria en el sector- piden la creaci¨®n de una categor¨ªa, la de vigilante jurado sin armas, en donde se incluir¨ªan los guardas.

Los cinco sindicatos exigen adem¨¢s una mayor formaci¨®n profesional y mayores controles psicol¨®gicos. Esta formaci¨®n, entienden, debe ser efectuada en centros homologados por el Ministerio de Educaci¨®n y debe contener no s¨®lo aspectos pr¨¢cticos, sino te¨®ricos como el de derecho constitucional. La patronal, representada en la comisi¨®n por la Asociaci¨®n Profesional de Empresas Privadas de Servicios de Seguridad, ha mostrado su conformidad con la exigencia de una formaci¨®n m¨¢s completa.