La Asociaci¨®n pro Derechos Humanos denuncia la indefensi¨®n ante el uso de la inform¨¢tica

Los espa?oles no han alcanzado todav¨ªa la categor¨ªa de ciudadanos europeos y se encuentran en situaci¨®n de indefensi¨®n frente al uso incontrolado de la inform¨¢tica por la Administraci¨®n p¨²blica. Esta es al menos la denuncia que hace la Asociaci¨®n pro Derechos Humanos de Espa?a, que celebra estos d¨ªas en Madrid unas jornadas sobre Inform¨¢tica y libertades.

Cuando en la mayor parte de los pa¨ªses del ¨¢rea occidental existen leyes que protegen a las personas contra los abusos de los Gobiernos y otras entidades a trav¨¦s de la tecnolog¨ªa inform¨¢tica, en Espa?a ni siquiera se dispone de un proyecto legislativo concreto sobre esta materia. La ideolog¨ªa, la salud o la situaci¨®n financiera de muchos espa?oles constan en archivos informatizados, que pueden ser utilizados -como de hecho ha sucedido en algunas ocasiones- por los poderes p¨²blicos.La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos ha decidido, ante este vac¨ªo legislativo, en primer lugar crear un departamento de orientaci¨®n al ciudadano sobre sus derechos y garant¨ªas frente al uso incontrolado de la inform¨¢tica por la Administraci¨®n y, en segundo lugar, enviar a todos los grupos parlamentarios una propuesta de ley que desarrolle el art¨ªculo 14.4 de la Constituci¨®n piara garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos frente al control inform¨¢tico. As¨ª lo han manifestado expertos y catedr¨¢ticos en las jornadas, que se clausuran hoy en Madrid, y en las que ha participado tambi¨¦n la Asociaci¨®n de T¨¦cnicos de Inform¨¢tica.

"Da la sensaci¨®n de que el Estado quiere conservar intactos el poder y el control sobre la inform¨¢tica, que nos proporciona una serie de datos sensibles sobre los ciudadadanos relacionados con su ideolog¨ªa, afiliaci¨®n sindical, salud, policiales, econ¨®micos", dice Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, fiscal del Tribunal Supremo y presidente de la Asociaci¨®n pro Derechos Humanos de Espa?a.

Mart¨ªn Pall¨ªn cree que existe una total y absoluta indefensi¨®n del espa?ol en materia de protecci¨®n de datos informatizados, "a pesar de que este derecho est¨¢ recogido en la Constituci¨®n y en el convenio europeo sobre esta materia, que ha sido firmado por Espa?a y publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado en 1985".

Bancos de datos oficiales

T¨¦cnicos inform¨¢ticos al servicio de la Administraci¨®n han afirmado que en la actualidad no funcionan de forma interconectada los distintos departamentos que tienen en sus ordenadores datos de todo tipo sobre los ciudadanos, aunque se han referido al pan Reina (Red de Informatizaci¨®n de la Administraci¨®n), apartado desde hace dos a?os, fecha , en la que fue elaborado, y que en cualquier momento podr¨ªa reconsiderarse. El reciente intento de unificar todos o casi todos los datos en una banda magn¨¦tica que llevar¨ªa el futuro carn¨¦ de identidad pod¨ªa haber mostrado la intenci¨®n de ejecutar dicha conexi¨®n.En la actualidad existen bases de datos sobre ciudadanos en poder de la Administraci¨®n en el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda (utilizan su potente ordenador Rita para datos econ¨®micos); Ministerio del Interior, que tiene tres ordenadores, uno de la polic¨ªa (ordenador Berta), otro para la Guardia Civil (ordenador Duque de Ahumada) y otro para la Direcci¨®n General de Tr¨¢fico, y finalmente, el Ministerio para las Administraciones P¨²blicas (ordenador Rita, distinto del de Hacienda, con el que se est¨¢n procesando, por ejemplo, las incompatibilidades de los funcionarios).

Habr¨ªa que a?adir a todo esto los datos informatizados sobre salud que se encuentran en poder del Ministerio de Sanidad y Consumo, el Instituto Nacional de Salud (Insalud) y la mayor¨ªa de los grandes hospitales de la red p¨²blica.