El futuro de la colonia

LA DIMISI?N de Joshua Hassan como primer ministro de Gibraltar, o en todo caso su anuncio en estos momentos, es probablemente un efecto del acuerdo firmado el pasado d¨ªa 2 entre el Reino Unido y Espa?a sobre la utilizaci¨®n conjunta del aeropuerto gibraltare?o. Dicho acuerdo, que desbloqueaba la directiva comunitaria sobre liberalizaci¨®n del tr¨¢fico a¨¦reo, admite la reserva de Espa?a consistente en considerar a la zona en que est¨¢ situado el aeropuerto como territorio en controversia. Con ello se ha evitado la legitimaci¨®n internacional de una situaci¨®n de hecho ocasionada por la ocupaci¨®n brit¨¢nica del istmo que une la Roca con el resto de la Pen¨ªnsula, y cuyo territorio no figura en las demarcaciones establecidas en el tratado de Utrecht.Tras la firma, el ministro brit¨¢nico de Asuntos Exteriores intent¨® tranquilizar a los gibraltare?os afirmando que ellos segu¨ªan conservando la ¨²ltima palabra. Ello ha dado pie a algunas reticencias de determinados sectores de la opini¨®n p¨²blica espa?ola, que han pretendido descalificar el indudable ¨¦xito diplom¨¢tico con argumentos faltos de realismo. Si se contempla el problema desde la perspectiva de un conflicto que dura cerca de 300 a?os, es evidente que el acuerdo de la semana pasada supone un inicio de oscilaci¨®n en una l¨ªnea que hasta ahora se caracterizaba por su inmovilidad. La l¨®gica del acuerdo es la de poner en cuesti¨®n el principio de soberan¨ªa brit¨¢nica sobre el Pe?¨®n, abriendo as¨ª una posibilidad de desbloqueo real de la discusi¨®n de fondo.

Ese principio de desbloqueo ha sido el fruto del esfuerzo espa?ol por complejizar el problema con nuevos elementos. Ello ha sido posible, a su vez, por la nueva posici¨®n internacional de Espa?a. As¨ª, ha sido el inter¨¦s de la Comunidad Europea por despejar el camino a la liberalizaci¨®n del tr¨¢fico a¨¦reo lo que ha obligado a los brit¨¢nicos a dar marcha atr¨¢s sobre sus posiciones de hace unos meses. En segundo lugar, las propias compa?¨ªas aeron¨¢uticas, incluyendo las del Reino Unido, estaban interesadas en evitar que el tema de Gibraltar se convirtiera en un obst¨¢culo permanente, lo que significaba una presi¨®n adicional, desde la sociedad, sobre el Gobierno de Margaret Thatcher. Pero, adem¨¢s, con el acuerdo de Londres se pone a los ciudadanos de la coloniaante el dilema de tener que elegir entre la defensa de sus intereses econ¨®micos a medio plazo y el mantenimiento indefinido de su situaci¨®n actual.

Esto ¨²ltimo es quiz¨¢ lo decisivo. En la perspectica de la entrada en vigor del Acta ?nica Europea, en 1992, con el consiguiente desarme arancelario, el porvenir econ¨®mico de la colonia deber¨¢ apoyarse en bases diferentes a las derivadas de los privilegios comerciales inherentes a su peculiar estado. Si, como confirman encuestas recientes, no es el patriotismo brit¨¢nico, sino intereses bastante m¨¢s pragm¨¢ticos, lo que determina la resistencia de los 25.000 ciudadanos gibraltare?os a avanzar en la v¨ªa de la negociaci¨®n planteada por Espa?a, se hace preciso ilustrar con hechos -y el asunto del aeropuerto es transparente al efecto- que los intereses econ¨®micos de esos ciudadanos son a medio plazo coincidentes con los t¨¦rminos de las soluciones propuestas por Espa?a.

La Asamblea de Gibraltar puede, en efecto, pronunciarse contra el acuerdo, lo que retrasar¨ªa no la aplicaci¨®n de la directiva europea, pero s¨ª su afectaci¨®n al aeropuerto gibraltare?o, con evidente perjuicio para los habitantes de la Roca. Ello no s¨®lo supondr¨ªa un enfrentamiento con el Gobierno de la metr¨®poli, sino dificultar el desarrollo econ¨®n?co de Gibraltar, que va a ser cada vez m¨¢s dependiente de su aeropuerto. Hassan lo comprendi¨® as¨ª al declarar que el acuerdo era "el mejor de los posibles dadas las circunstancias", pero es l¨®gico que no quiera retirarse de la pol¨ªtica defendiendo ante sus electores lo contrario a lo que ha proclamado durante toda su vida. La campa?a electoral dar¨¢ ocasi¨®n a un replanteamiento de la cuesti¨®n de fondo. Seguramente el resultado no ser¨¢ todav¨ªa favorable a las posiciones espa?olas, pero el debate mismo ser¨¢ ya diferente. Porque la defensa de la situaci¨®n actual habr¨¢ de hacerse no s¨®lo contra las posiciones espa?olas, sino contra los intereses de la Comunidad Europea, incluido el Reino Unido.