Delitos de opini¨®n

EL RECIENTE juicio por un delito de injurias al Jefe del Estado contra el director y dos colaboradores del desaparecido semanario sat¨ªrico El Cocodrilo pone en cuesti¨®n, una vez m¨¢s, los estrechos l¨ªmites legales en los que sigue ejerci¨¦ndose en la democracia espa?ola la opini¨®n y la cr¨ªtica pol¨ªticas que tienen por objeto a las instituciones. No hace mucho, el Tribunal Supremo ha dado una prueba pr¨¢ctica de esta estrechez imponiendo nada menos que seis a?os y un d¨ªa de Prisi¨®n a un periodista por una informaci¨®n considerada injuriosa para el Rey. Hay que reconocer que en este terreno la pr¨¢ctica social va muy por delante de la ley y, en general, hasta los propios pol¨ªticos investidos de autoridad muestran un alto grado de tolerancia. Sin, embargo, el exagerado rigor penal con que todav¨ªa se persigue ese tipo de actividad constituye una evidente amenaza que condiciona negativamente el derecho a la libertad de expresi¨®n de: los ciudadanos en un asunto que les ata?e muy esencialmente: el de su juicio sobre la actuaci¨®n de los altos organismos del Estado y de quienes son sus titulares.No es que las instituciones representativas de la naci¨®n y quienes las representan no deban gozar de la debida protecci¨®n penal frente a determinado tipo de opiniones. Pero es absolutamente exagerado (y desde luego impropio del nivel de cr¨ªtica social actualmente admitido) arriesgar hasta 12 a?os de, c¨¢rcel por una opini¨®n supuestamente injuriosa sobre el Jefe del Estado, el del Gobierno de la naci¨®n o sobre los presidentes de las 17 comunidades aut¨®nomas o altos organismos del Estado. Como tambi¨¦n lo es arriesgar hasta seis a?os de c¨¢rcel por una manifestaci¨®n p¨²blica sobre la actuaci¨®n de una autoridad en el ejercicio de sus funciones. En todo caso, la sanci¨®n contra este tipo de manifestaciones nunca deber¨ªa ir m¨¢s all¨¢ de la pena de multa. Imponer una pena de privaci¨®n de la libertad, aunque sea m¨ªnima, por una actividad que, que en ¨²ltimo t¨¦rmino, entra en el ¨¢rea de lo opinabIe es absolutamente contradictorio con la libertad pol¨ªtica que garantiza el r¨¦gimen democr¨¢tico. Porque es a todas luces vejatorio para los espa?oles de hoy que el desacato a la autoridad y las injurias al Jefe del Estado sigan con la misma configuraci¨®n penal que en el franquismo y no se vislumbre indicio de cambio en ese punto.

La autoridad democr¨¢tica no obtiene su legitimidad de un acto de fuerza o de autoafirmaci¨®n represora, sino de la soberan¨ªa popular. No tiene, pues, sentido que las instituciones y las personas que encarnan dicha autoridad se parapeten tras el mismo escudo penal, esencialmente autoritario, bajo el que se guarec¨ªa la dictadura. En todo caso, el respeto y el aprecio que se merecen las instituciones democr¨¢ticas deben ser m¨¢s bien fruto de su enraizamiento en la sociedad que de un excesivo e injusto rigor penal. En este sentido, considerar que una opini¨®n puede atentar contra la seguridad interior del Estado, como ocurre en el actual C¨®digo Penal, no s¨®lo es una muestra de un concepto eminentemente represor de la autoridad estatal, sino que es algo que va contra la raz¨®n misma y contra el m¨¢s elemental sentido de la proporcionalidad. Porque bajo ning¨²n aspecto puede tener la misma conceptuaci¨®n penal una manifestaci¨®n opinativa, por m¨¢s acerba que sea, que el atentado, la intimidaci¨®n, la agresi¨®n y, en general, toda expresi¨®n de violencia ejercida sobre las instituciones y sus titulares.

La condena a seis a?os y un d¨ªa de Juan Jos¨¦ Fern¨¢ndez, actual subdirector de la revista Quimera y antiguo colaborador de la revista Punto y Hora, por injurias al Rey, entra as¨ª de lleno en el terreno de los desprop¨®sitos. El hecho de que sea un delito perseguible de oficio y de que el fiscal hubiera recurrido ante el Supremo la sentencia absolutoria de la Audiencia hace recaer adem¨¢s sobre el Gobierno la responsabilidad de los hechos. El Tribunal Constitucional tiene ahora la palabra. Pero no hay tribunal en el mundo que pueda convencer de la l¨®gica de enviar por seis a?os a la c¨¢rcel a un hombre que escribi¨® un par de l¨ªneas, por despectivas que ¨¦stas fueran para nadie.