Huelgas salvajes

LOS PAROS programados por los trabajadores de Renfe en estas fechas de las vacaciones navide?as vuelven a poner sobre el tapete el problema de la adecuaci¨®n del ejercicio del derecho de huelga en un servicio p¨²blico, a fin de que no se lesionen los derechos, tambi¨¦n leg¨ªtimos, de los usuarios y contribuyentes. La pertinaz costumbre que han adquirido los sindicatos de escoger las fechas vacacionales -verano, Semana Santa y Navidades- para plantear sus reivindicaciones laborales en el sector del transporte p¨²blico habla muy poco de la capacidad de esos mismos sindicatos y del sentido de la responsabilidad que les ser¨ªa exigible. Los perjudicados con estas acciones, aparte de lo que significa para la econom¨ªa nacional, son mayoritariamente gentes de extracci¨®n humilde, trabajadores de otras empresas, empleados, f¨²n cionarios, soldados de permiso, que se encuentran indefensos ante protestas tan arbitrarias y a veces tan faltas de contenido como la que comentamos. Tras el espect¨¢culo bochornoso de las huelgas de abril en las tres grandes compa?¨ªas p¨²blicas de transporte, Renfe, Iberia y Aviaco, el Gobierno amag¨® con la promulgaci¨®n de una ley que regulase el derecho de huelga en el sector p¨²blico. La oposici¨®n de los sindicatos dej¨® en agua de borrajas esta iniciativa. Habr¨ªa sido de desear que al mismo tiempo se hubieran comprometido a un uso m¨¢s responsable de este derecho constitucional, evitando en lo posible los da?os que un ejercicio desmedido del mismo puede comportar.

Pero la justificada protesta ciudadana y el descr¨¦dito que provocan estas acciones para quienes las organizan no han hecho mella en la conducta de los sindicatos. Los paros actuales de los trabajadores de Renfe, estrat¨¦gicamente colocados en fechas en que se multiplica el uso del tren, vienen a corroborarlo. Los motivos alegados por los huelguistas, p¨¦rdida de empleo producida en la compa?¨ªa e incumplimiento de la normativa laboral, son dignos de la mayor consideraci¨®n, pero no justifican, ni con mucho, las graves molestias y los retrasos causados al ingente n¨²mero de ciudadanos que se sirven del el tren para sus desplazamientos en las fiestas navide?as.

Renfe, como ocurre con otros organismos de car¨¢cter p¨²blico, es una empresa sostenida con el dinero de todos los espa?oles. Las huelgas que en ella se producen se financian a costa de los bolsillos de todos, y no de los dividendos de ning¨²n accionista. De manera que el ciudadano es maltratado por una doble v¨ªa: como contribuyente y como usuario. Como contribuyente, se echa sobre sus espaldas la financiaci¨®n de las p¨¦rdidas producidas, que ir¨¢n a engrosar los m¨¢s de 200.000 millones de d¨¦ficit que, en el caso de Renfe, gravaron el erario p¨²blico en 1986. Como usuario, debe soportar, en la indefensi¨®n m¨¢s absoluta, las incomodidades del servicio que se presta que es p¨¦simo o inexistente.Por lo dem¨¢s, vale la pena hacer una reflexi¨®n sobre la exasperaci¨®n progresiva que la protesta sindical viene adquiriendo en el sector p¨²blico. Estos paros ferroviarios se suman a la est¨²pida acci¨®n que ha herido de muerte a la f¨¢brica de Al¨²mina-Aluminio en Galicia y al incendio de un tren perpetrado por los trabajadores de Euskalduna, ayer, en el Pa¨ªs Vasco. Semejantes huelgas, que con la mayor propiedad merecen el calificativo de salvajes, son sin duda expresi¨®n de situaciones o momentos desesperados de quienes las realizan. Pero es obligaci¨®n de los sindicatos asumir el deber de no permitir que la irracionalidad haga mella en sus bases. Y es deber del Gobierno poner un l¨ªmite a todo esto.