La ley de incompatibilidades ha sido aplicada a 1.378 m¨¦dicos
La ley de incompatibilidades ha sido aplicada a 1.378 m¨¦dicos, de los 10.000 estimados con situaciones de incompatibilidad de actividades p¨²blicas (un 8,6% del total), seg¨²n datos del Ministerio para las Administraciones P¨²blicas. La ley entr¨® en vigor el 26 de diciembre de 1984, y la aplicaci¨®n a los m¨¦dicos se inici¨® en abril de 1986. La aplicaci¨®n de la ley ha sido lenta y complicada en este sector. Casi la totalidad de los m¨¦dicos ha presentado recursos por la v¨ªa contencioso-administrativa y ante el Tribunal Supremo, que en varias sentencias ha dado la raz¨®n a la Administraci¨®n.
La Inspecci¨®n General de Servicios de la Administraci¨®n P¨²blica ha resuelto, en los tres primeros a?os de aplicaci¨®n de la ley de incompatibilidades, 6.983 expedientes a personas que ten¨ªan varios puestos de trabajo en centros p¨²blicos. De esas 6.983 resoluciones s¨®lo 1.378 corresponden a m¨¦dicos y 209 a otros puestos de personal sanitario.La disparidad de criterios entre las resoluciones de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo ha creado confusi¨®n entre los m¨¦dicos afectados por la ley de incompatibilidades, seg¨²n fuentes del Ministerio para la Administraci¨®n P¨²blica.
Frente a las decisiones del Supremo, la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid emiti¨® un auto seg¨²n el cual 95 m¨¦dicos declarados incompatibles deb¨ªan, mientras se dictaba sentencia definitiva, ser repuestos provisionalmente en los 257 puestos que ocupa
ban para evitarles perjuicios. Seg¨²n una de la ¨²ltimas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo sobre este tema, la legislaci¨®n sobre incompatibilidades "da cumplimiento a un mandato constitucional", y no puede quedar en suspenso por los graves perjuicios que ello comporta para el inter¨¦s general. A pesar de ello, el Colegio de M¨¦dicos de Madrid, presidido por Javier Matos, y la Federaci¨®n de Sindicatos M¨¦dicos han presentado una querella contra Javier Valero, director general de Servicios de la Administraci¨®n P¨²blica y otros tres funcionarios de esta direcci¨®n, porque no han ejecutado el auto de la Audiencia Territorial que repon¨ªa provisionalmente en sus anteriores trabajos a 95 m¨¦dicos.La ley recoge que "el personal sanitario podr¨¢ compatibilizar dos puestos de trabajo en el sector p¨²blico si viniera desempe?¨¢ndolos con anterioridad al 1 de enero de 1983 o hubiere obtenido autorizaci¨®n expresa con posterioridad, siem
pre que no se produzca entre ellos coincidencia de horario y no fueran incompatibles al 1 de enero de 1986".La lentitud en la aplicaci¨®n de la ley ha estado motivada en gran parte por la escasez de recursos humanos que tiene la Inspecci¨®n del Estado y se refleja en el hecho de que actualmente quedan s¨®lo 1.350 expedientes de personal no sanitario pendientes de resoluci¨®n. Entre el personal sanitario son a¨²n 6.900 los expedientes que hay que resolver.
El riesgo de Javier Matos
La aplicaci¨®n de la ley de incompatibilidades a los m¨¦dicos se ha realizado por fases, clasific¨¢ndolos en facultativos que presentaron o no la declaraci¨®n obligatoria sobre sus puestos de trabajo en la funci¨®n p¨²blica. La Direcci¨®n General de Servicios de la Administraci¨®n abord¨®, en primer lugar, los expedientes abiertos a los m¨¦dicos que, siguiendo las instrucciones de la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial, no presentaron declaraci¨®n, renunciando con ello al derecho que ten¨ªan de elegir el puesto de trabajo que m¨¢s les conven¨ªa mantener. A pesar de ello, cada m¨¦dico, antes de resolver el expediente, es consultado sobre el trabajo que prefiere.En este grupo se encuentran los 95 m¨¦dicos que, tras recurrir la decisi¨®n de la Administraci¨®n, deben ser repuestos provisionalmente en sus puestos, seg¨²n un auto de la Sala Segunda de la Audiencia Territorial de Madrid. En una sentencia de la Sala Cuarta de la misma Audiencia, presidida por el juez Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas, se desestima, en cambio, el recurso presentado por 12 afectados. Entre sus argumentos, el juez recoge que "ha sido la inactividad de los recurrentes la que, por imperativo legal, ha obligado a actuar a la Administraci¨®n".
?ste es un riesgo que no quiso correr el propio Javier Matos, presidente del Colegio de M¨¦dicos de Madrid, a pesar de que pidi¨® a sus colegiados que se opusiesen a la ley. Matos, que es jefe de servicio de pediatr¨ªa en el hospital Gregorio Mara?¨®n, de la Comunidad de Madrid, y profesor en la facultad de Medicina, solicit¨® compatibilidad para la consulta privada que tiene abierta en su domicilio de la calle de Vel¨¢zquez, 138.
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