Una campa?a para olvidar

ALGUNOS SINDICATOS policiales, de representatividad muy escasa, han iniciado, al socaire del salvaje atentado de Zaragoza, una campa?a popular de firmas para lograr la reinstauraci¨®n de la pena de muerte. En este trabajo han encontrado, interesadamente, el apoyo de la extrema derecha m¨¢s recalcitrante, ayuna de ideas pol¨ªticas, o incluso de alguna idea. Tristemente, el momento escogido ha sido acertado para sus intereses, y muchos ciudadanos de a pie, justamente enfurecidos ante las pat¨¦ticas escenas de hombres, mujeres y ni?as destrozados por una bomba asesina, han estampado su firma en los pliegos, o cuando menos se han visto tentados a hacerlo.La irracionalidad del crimen amenaza en demasiadas ocasiones con provocar una respuesta igualmente irracional. Ante el delito miserable, ante el cruel asesinato, las v¨ªctimas, reales o potenciales, pueden caer en la trampa del miedo insuperable. Responder a la muerte con la muerte es algo que no se puede permitir una sociedad que quiera ser libre, justa y democr¨¢tica. La b¨²squeda de una respuesta de este tipo es un objetivo de cualquier provocaci¨®n terrorista. En esa espiral de violencia, en ese ataque y contraataque mortal que desean los profesionales del terror, la sociedad entera pisa un terreno pantanoso, siempre al borde de la autodestrucci¨®n moral. La fuerza de la raz¨®n siempre ha de encontrar respuestas moral y ¨¦ticamente aceptables para las conciencias libres y nunca puede ceder al chantaje de la dinamita.

Los espa?oles nos hemos dado una Constituci¨®n que, superando tristes ¨¦pocas pasadas, proh¨ªbe la pena de muerte. Es un claro paso adelante -as¨ª saludado por todas las fuerzas pol¨ªticas- que deb¨ªa hundir en el olvido recuerdos recientes. Fue necesario un cambio pol¨ªtico en profundidad para lograr el consenso generalizado que permitiera la abolici¨®n de la pena capital. Cambiar la Constituci¨®n necesitar¨ªa ahora contar con el apoyo de tres quintas partes del Congreso, meta claramente inalcanzable para los ahora valedores de esta llamada iniciativa popular, ya que ninguno de los grupos pol¨ªticos con representaci¨®n en la C¨¢mara contempla la reinstauraci¨®n de la m¨¢xima pena, posibilidad que ya ha sido tajantemente rechazada por miembros del Gobierno.

En cualquier caso, no merece la pena acumular argumentos legales para enfrentarse a esta iniciativa, porque los promotores de la campa?a no sue?an con que se cumpla su propuesta. Es tan s¨®lo una inmoral manera de ejercer la agitaci¨®n pol¨ªtica sirvi¨¦ndose del dolor ajeno. Esta iniciativa pretende la explotaci¨®n de los sentimientos populares, por una parte, y el aprovechamiento, en la m¨¢s vergonzante acepci¨®n del t¨¦rmino, de un claro rechazo hacia el asesinato que hace crecer la indignaci¨®n de una sociedad que ciertamente ha aguantado ya demasiados cr¨ªmenes. Sus promotores tratan tambi¨¦n de sumar para s¨ª el apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado haciendo creer que representan un sentir general dentro y fuera de ellas.

Falsa imagen ¨¦sta, que conviene borrar cuanto antes. Polic¨ªa y Guardia Civil saben que cuentan para el cumplimiento de la tarea que le encomiendan las leyes con el respaldo de todas las instituciones, sin que sea necesario resucitar viejos fantasmas para as¨ª mostrar mayor apoyo. Y no es lo m¨¢s indicado que sean precisamente cuerpos armados los que pidan el restablecimiento de la pena de muerte. Los sindicatos policiales que agrupan a la mayor¨ªa de los agentes ya han mostrado a escala nacional su repulsa a esta campa?a, al igual que lo han hecho las fuerzas pol¨ªticas que creen en la democracia. Estos peticionarios de firmas deben saber que la respuesta al terrorismo no pasa por el tiro o por el garrote vil. Los creyentes en la c¨¢maras de gas han de mostrarse tal cual, pero no como garantes de la justicia y mucho menos como espont¨¢neos representantes de la opini¨®n p¨²blica.