Disgusto y malestar en el Consejo del Poder Judicial por la readmisi¨®n de uno de los jueces del 'caso Bardellino'

Los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acordaron en mayo de 1986 la expulsi¨®n de la carrera judicial de los magistrados Jaime Rodr¨ªguez Hermida y Ricardo Var¨®n Cobos por su intervenci¨®n en el caso Bardellino, se encuentran molestos y disgustados por la decisi¨®n del pleno del Tribunal Supremo de readmitir a Var¨®n. La sentencia ha provocado divisi¨®n de opiniones en las asociaciones de jueces y cr¨ªticas de magistrados y pol¨ªticos. Hermida recurrir¨¢ ante el Constitucional por su expulsi¨®n.

Vocales del CGPJ destacaron que la decisi¨®n del m¨¢ximo ¨®rgano de la justicia se adopt¨® por unanimidad, mientras que el acuerdo del Supremo tuvo 16 votos en contra, de los que varios van a formular votos particulares.El presidente del CGPJ y del Supremo, Antonio Hern¨¢ndez Gil, ha declinado pronunciarse sobre la cuesti¨®n, al igual que la inmensa mayor¨ªa de los vocales, lo que no descarta que el tema pueda ser debatido hoy por el pleno de este ¨®rgano.

Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato hizo p¨²blica su opini¨®n como vocal, aunque precis¨® que no como portavoz del consejo. Zato afirm¨®: "Sigo plenamente convencido de que Var¨®n Cobos es autor de una falta muy grave, pero a partir de este momento las decisiones del CGPJ y del Supremo quedan sometidas a juicio y veredicto de la opini¨®n p¨²blica, del pueblo, de quien en definitiva emana la justicia.

Respecto a la reforma de la ley Org¨¢nica del Poder Judicial en materia disciplinaria, Zato precisa que por razones de seguridad jur¨ªdica el Parlamento debe decidir con la mayor rapidez posible sobre la cuesti¨®n.

Jos¨¦ Gabald¨®n, presidente de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, a la que pertenec¨ªan los dos magistrados sancionados, se?al¨® que no se ha formado una opini¨®n sobre la sentencia del Supremo porque no la conoce. Gabald¨®n lament¨® desde el punto de vista humano y profesional, que un juez est¨¦ sometido al trance de la expulsi¨®n y mostr¨® su safisfacci¨®n por la revisi¨®n de la sanci¨®n al otro juez. Gabald¨®n puntualiz¨® que, desde el punto de vista del Estado de derecho esto es la normalidad del funcionamiento de las instituciones, y a?adi¨® que no ve¨ªa la re soluci¨®n como una tensi¨®n entre el Supremo y el CGPJ.

Jefatura de personal

Clemente Auger, presidente de la Audiencia Territorial de Madrid, no quiso opinar sobre la resoluci¨®n. "No la he le¨ªdo, aunque conozco bien el problema. El CGPJ es un ¨®rgano pol¨ªtico que dimana de las Cortes, lo que le da legitimaci¨®n democr¨¢tica, y en el ejercicio de su funci¨®n propia no puede estar supeditado al control de los magistrados que ¨¦l mismo ha nombrado. El CGPJ tiene que tener dignidad y responsabilidad pol¨ªtica frente a este tipo de procedimientos que lo reducen a una jefatura de personal. Se podr¨ªa pensar como soluci¨®n que la potestad disciplinaria del CGPJ s¨®lo fuera revisable en recurso de amparo por el Tribunal Constitucional".

El portavoz de la Asociaci¨®n Francisco de Vitoria, Juan Saavedra, explic¨® que cuando se sancion¨® a los magistrados, su asociaci¨®n se mostr¨® claramente a favor del CGPJ, ya que el hecho era muy grave. En cuanto a la decisi¨®n de permitir la vuelta a la carrera judicial de Var¨®n Cobos, dijo, que habr¨ªa que leer la resoluci¨®n del Supremo, "ya que han debido de concurrir poderosas razones para atenuar la falta de muy grave a grave".

La asociaci¨®n progresista Jueces para la Democracia manifest¨® que no puede hablarse de una especie de pulso entre el Tribunal Supremo y el CGPJ Se trata en principio de un acto normal de control jurisdiccional de la actividad disciplinaria del Consejo, aunque como cualquier resoluci¨®n judicial es susceptible de cr¨ªtica. Jueces para la Democracia indica que rechaza la tesis de sustraer del control judicial la actividad reglada del Consejo.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Juan Alberto Belloch, afirm¨® que, en su opini¨®n, resoluciones como ¨¦sta evidencian la necesidad de que se articule una ley del Jurado porque entiende que "los presuntos delitos cometidos por jueces y magistrados o los presuntos delitos contra jueces y magistrados no deben ser juzgados por los propios jueces sino que deben ser juzgados por los ciudadanos a trav¨¦s del jurado".

De su lado, el diputado de Izquierda Unida, Enrique Curiel, declar¨® a Europa Press que la decisi¨®n del Supremo "es un acto deliberado contra la democracia, contra el sistema de libertades y contra el prestigio de la Justicia en Espa?a; y un acto de corrupci¨®n pol¨ªtica del m¨¢s alto tribunal, porque conoce perfectamente que el juez Var¨®n Cobos es tan responsable como el magistrado Hermida de la puesta en libertad de Bardellino".