La Administraci¨®n pide a los rectores que se pronuncien sobre los concursos de m¨¦ritos
El pleno del Consejo de Universidades que se celebrar¨¢ el pr¨®ximo 2 de febrero tendr¨¢ que pronunciarse sobre el funcionamiento de los concursos de m¨¦ritos para el acceso a plazas docentes de las universidades. El Ministerio de Educaci¨®n ha pedido expresamente la inclusi¨®n de este asunto en el orden del d¨ªa de la reuni¨®n.
Fuentes ministeriales han expresado la preocupaci¨®n del titular del departamento, Jos¨¦ Mar¨ªa Maravall, y de su equipo, de gobierno por la cruda pol¨¦mica desatada a ra¨ªz de recientes concursos de m¨¦ritos resueltos con decisiones que han sido fuertemente criticadas, casi siempre a t¨ªtulo personal, por miembros de las comunidades universitarias, pero sin que las universidades se hayan pronunciado institucional y oficialmente al respecto.Las citadas fuentes han se?alado que el Ministerio desea que el m¨¢ximo ¨®rgano representativo de la Universidad, del que forman parte los rectores de todas las universidades p¨²blicas, abra en su seno un debate sobre las constantes acusaciones que se producen sobre numerosos casos de clientelismo, amiguismo o endogamia en la resoluci¨®n de los concursos de m¨¦ritos. Acusaciones, que, a juicio de la Administraci¨®n, "ponen en cuesti¨®n uno de los principios fundamentales de la autonom¨ªa universitaria, cual es el de la plena capacidad de las universidades para seleccionar a su profesorado".
En este sentido, las fuentes oficiales afirmaron: "No es la Administraci¨®n la que debe responder a estas acusaciortes, ni le corresponden tampoco las eventuales soluciones que la propia Universidad tendr¨ªa que arbitrar para corregir las desviaciones que se pudieran estar produciendo en la aplicaci¨®n de lo que la LRU establece para la selecci¨®n de su personal docente".
En los antiguos tribunales de oposiciones, el peso de la Administraci¨®n era casi absoluto, mientras las actuales comisiones de evaluaci¨®n est¨¢n compuestas por cinco miembros, tres de los cuales han de ser designados por sorteo entre profesores de universidades distintas a la que convoca la plaza y dos por la universidad convocante. Con esta composici¨®n el legislador pretend¨ªa precisamente evitar que el candidato de la casa gozara de todas las ventajas.
El 'caso Lled¨®'
La mayor parte de las cr¨ªticas, surgidas a partir de los llamados casos Lled¨® y Cencillo, coinciden en se?alar que el esc¨¢ndalo motivado por el hecho de que estos dos prestigiosos profesores no obtuvieran las plazas a que aspiraban frente a candidatos supuestamente menos merecedores no es sino el estallido p¨²blico de un mal generalizado.En donde no se produce tanta coincidencia entre los cr¨ªticos es en el an¨¢lisis de las causas de los problemas ni en sus posibles soluciones. Mientras algunos parecen reconocer la incapacidad de la comunidad universitaria para hacer un buen uso de su autonom¨ªa, otros culpan de las deficiencias a la propia ley. Tal es la opini¨®n de la Federaci¨®n de Asociaciones de Catedr¨¢ticos de Un?versidad (FACU), para la cual la actual regulaci¨®n de las comisiones de evaluaci¨®n, a la que ha bautizado como "sistema Maravall", es "intr¨ªnsecamente perversa". La FACU dice que diche, sistema fomenta la arbitrariedad, el amiguismo y el favoritismo, al tiempo que asegura que en el llamado caso Lled¨® no se ha producido ninguna manipulaci¨®n.
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