Dineros para la polic¨ªa

EL GOBIERNO va a destinar m¨¢s de 237.000 millones de pesetas a mejoras de infraestructura, equipamiento, nivel tecnol¨®gico y formaci¨®n de los cuerpos de seguridad del Estado. Nada hay que objetar a la asignaci¨®n de suficientes recursos presupuestarios a un objetivo tan necesario como es el de la modernizaci¨®n de las distintas fuerzas policiales. Lo que importa es que el intento fructifique y no se difumine en una serie de medidas inconexas y burocr¨¢ticas sin resultado pr¨¢ctico alguno en la vida ciudadana. Constituir¨ªa ungrav¨ªsimo acto de malversaci¨®n de los caudales p¨²blicos que el uso de tan ingente cantidad no se reflejase, en definitiva, en una mayor profesionalidad de los funcionarios policiales y en la mejora de la seguridad de todos los espa?oles.Espa?a se caracteriza por disponer de los efectivos policiales proporcionalmente m¨¢s numerosos de los pa¨ªses de Europa. Sus 170.000 agentes, entre Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, Guardia Civil y Polic¨ªa Municipal, representan una tasa de cerca de cinco polic¨ªas por 1.000 habitantes, cuando la media europea se mueve entre 2,5 y 3,5. Este ¨²ltimo porcentaje es el que se considera ideal en pa¨ªses de mayor desarrollo que el nuestro.

Ello no ha impedido, sin embargo, el deterioro de la seguridad ciudadana en la ¨²ltima d¨¦cada. La proliferaci¨®n de las compa?¨ªas privadas de seguridad y los ensayos peligrosos de autoprotecci¨®n puestos en marcha por grupos de ciudadanos particulares atestiguan el fracaso del aparato policial del Estado en la tarea fimdamental que justifica su existencia: la protecci¨®n ciudadana. Los reclamos a leyes m¨¢s duras que las actuales o las exigencias de efectivos policiales m¨¢s numerosos no son sino formas de eludir la parte al¨ªcuota de responsabilidad que incumbe a los cuerpos de seguridad en cuanto tales en el escaso tratamiento preventivo de la delincuencia.

Para el contribuyente, tal esfuerzo presupuestario s¨®lo tiene justificaci¨®n si se traduce en una mejora del servicio policial a la poblaci¨®n. Los abundantes dineros que ahora se van a destinar a la modernizaci¨®n de los cuerpos de seguridad forman parte de un plan que prev¨¦, entre otras, inversiones en la remodelaci¨®n de comisar¨ªas y en la adquisici¨®n de material adecuado a las labores policiales de las fuerzas de seguridad. Es de esperar que lo primero redunde en mejorar la atenci¨®n que actualmente se ofrece al ciudadano que acude a la comisar¨ªa a denunciar un hecho o a cumplimentar una diligencia. Lo segundo deber¨ªa poner fin al largo rosario de v¨ªctimas producidas entre la poblaci¨®n como consecuencia del uso policial de armas inadecuadas en la persecuci¨®n del delito y en la represi¨®n de conflictos sociales.

La sensibilidad que muestra el Gobierno por aflegar recursos extraordinarios para la modernizaci¨®n -sin duda, necesaria- del aparato policial choca, sin embargo, con la cicater¨ªa en la disposici¨®n de fondos con destino a la Administraci¨®n de justicia. Un plan parecido al actual, pero de contenido econ¨®mico bastante inferior: 50.000 millones de pesetas, no ha logrado abrirse paso en el ¨¢mbito judicial. Y el aumento habido en los presupuestos ordinarios del Estado con destino a la justicia se jalea como poco menos que hist¨®rico.

Sin embargo, no es un secreto que una concepci¨®n integral de la seguridad ciudadana y de la lucha contra la delincuencia exige, tanto o m¨¢s que unos servicios policiaies eficaces, la existencia de un aparato judicial que resuelva con rapidez los casos que se le plantean. Un efecto perverso del cada vez mayor desequilibrio entre los medios policiales y la escasez judicial es que el n¨²mero de detenidos aumenta y las c¨¢rceles se llenan de presos preventivos que esperan durante meses y a?os el d¨ªa del juicio.