La justicia por su mano

LOS BROTES de autodefensa ciudadana que est¨¢n surgiendo en los ¨²ltimos tiempos ante la expansi¨®n de la delincuencia son un fen¨®meno m¨¢s que preocupante. El que grupos de ciudadanos se sientan impelidos a formar partidas para defenderse ellos mismos o a sus bienes del azote de la delincuencia revela s¨ªntomas de incapacidad en el aparato del Estado para cumplir con uno de sus cometidos m¨¢s elementales: la protecci¨®n de la sociedad. Y, sobre todo, constituye una denuncia en toda regla contra la ineficacia, impericia o pasividad de quienes tienen especialmente a su cargo esta tarea: las fuerzas de seguridad. Los peligros que incuba un hecho as¨ª son evidentes: de entrada, un claro desprestigio de la propia autoridad, desbordada y suplantada en funciones para las que s¨®lo ella est¨¢ legitimada. A ello se a?ade la alta probabilidad de que lo que comenz¨® con un prop¨®sito de defensa ante actuaciones delictivas se convierta, por la fuerza de las cosas, en un foco de acciones ilegales.En muchos casos, la situaci¨®n en que la delincuencia est¨¢ colocando a los habitantes, no s¨®lo de los grandes n¨²cleos urbanos, sino de las zonas rurales, es casi l¨ªmite. En estas circunstancias no se puede exigir a los ciudadanos que permanezcan pasivos en consideraci¨®n a los riesgos que puede comportar la asunci¨®n por su parte de funciones que corresponden a la polic¨ªa o a la justicia. Cuando este fen¨®meno se extiende revela una grave falla en el funcionamiento del Estado. Su tratamiento es pol¨ªtico, y la responsabili

dad de ponerlo en pr¨¢ctica incumbe exclusivamente a quienes tienen las riendas del poder. Aconsejar o exigir a los ciudadanos que se queden quietos s¨®lo es admisible cuando al mismo tiempo se ponen en marcha las medidas necesarias para asegurar su protecci¨®n, a la que tienen derecho, pues para eso pagan los correspondientes impuestos. Sucesos recientes como el triple crimen de la calle del Alcalde Sainz de Baranda, de Madrid, el apu?alamiento del jefe de prensa del Ministerio de Justicia o el secuestro durante unas horas de la esposa del doctor L¨®pez Ibor ponen todos los d¨ªas de actualidad un problema agobiante.La explosi¨®n de la delincuencia en Espa?a desde principios de los a?os setenta, favorecida por el paro juvenil y el consumo de droga dura, ha dado lugar a r¨ªos de demagogia. Desde sectores de la caverna pol¨ªtica ha sido utilizada como arma arrojadiza contra la democracia, primero, y como, instrumento de desgaste del poder de los socialistas, despu¨¦s. El clamor de estos ¨¢mbitos ha sido por leyes m¨¢s duras, por jueces severos, por un incremento del n¨²mero de polic¨ªas. Pero Espa?a dispone de m¨¢s polic¨ªas por habitante que cualquier otro pa¨ªs de Europa, y, desde luego, se minimiza la eficacia que en la erradicaci¨®n de la delincuencia puedan tener medidas distintas de las puramente represivas.

No son m¨¢s polic¨ªas, sino mejores, y mejor dirigidos, lo que se necesita. En cambio, hacen falta m¨¢s jueces (los escasamente 2.000 jueces actuales son a todas luces insuficientes), c¨¢rceles m¨¢s dignas y una pol¨ªtica global de orden p¨²blico y seguridad capaz de hacer frente a la oleada de delincuencia. Desde sectores sindicales de la propia polic¨ªa se ha denunciado el alto porcentaje de agentes dedicados a funciones administrativas, en detrimento de las operativas. Esto ocurre en mayor medida all¨ª donde el ¨ªndice de delincuencia es mayor: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla. La capital del Estado, que dispone de 35.000 polic¨ªas -uno por cada 84 habitantes-, es un ejemplo de esta irracional distribuci¨®n, que repercute negativamente en vidas y haciendas. Contener la delincuencia es una tarea no exclusivamente policial, pero el papel de la polic¨ªa en el conjunto de acciones que deben tender a este objetivo es el m¨¢s importante. Su actuaci¨®n en primera l¨ªnea surte ya de por s¨ª un efecto preventivo que constituye la m¨¢s eficaz defensa frente a la acci¨®n del delincuente. La polic¨ªa est¨¢, sobre todo, para prevenir el delito. Cuando ¨¦ste ya se ha producido, su fimci¨®n pasa a ser meramente auxiliar de los jueces en la tarea de juzgar a quienes han delinquido. Por eso, su presencia entre la poblaci¨®n no s¨®lo es disuasoria para el delito, sino que genera un clima de confianza que hace injustificable el recurso siempre peligroso a los m¨¦todos de autodefensa.