Un alcalde, ante el juez

El alcalde de Burgos, el conservador Jos¨¦ Mar¨ªa Pe?a Sanmart¨ªn, tiene enfrentadas L ¨¦l dos fuertes instituciones de la ciudad: a Federaci¨®n de Empresarios de la Construcci¨®n y el Colegio de Arquitectos. Ambas le acusan de irregularidades urban¨ªsticas y de favorecer a un promotor al que est¨¢n vinculados empresarialmente varios concejales del grupo mayoritario. Y en el caso de los arquitectos el enfrentamiento tiene adem¨¢s otro punto de referencia: el alcalde pretende convertir en oficinas el edificio isabelino que albergaba el teatro Principal, inmueble que los grupos culturales desean sea destinado a las actividades para las que fue concebido. Pe?a declara hoy ante el juez.

Miembros de la junta directiva del Colegio de Arquitectos de Burgos declararon que ya en 1987 observaron un profundo malestar entre arquitectos, constructores y promotores de la ciudad por lo que consideraban evidente trato de favor que el Ayuntamiento otorgaba a de terminadas empresas y en particular a las tres inmobiliarias -R¨ªo Vena, Espol¨®n y Clunia- propiedad de Antonio M¨¦ndez Pozo. Las denuncias del Colegio de Arquitectos se han visto reforzadas por dos sentencias, una de ellas del Tribunal Supremo, de fecha 2 de diciembre de 1987, seg¨²n la cual las plantas n¨²mero 11 de los edificios 3 y 7 de la avenida del General Yag¨¹e s¨®lo pueden dedicarse a trasteros o a vivienda del portero, e instan al ayuntamiento a a que haga respetar las especificaciones de uso. Se da la circunstancia que en la planta 11 del n¨²mero 3 de la citada calle tiene su despacho el promotor Antonio M¨¦ndez Pozo.

La segunda sentencia, de 8 de octubre de 1987, de la Audiencia de Burgos, declara nula de pleno derecho la licencia para construir 116 viviendas en las calles de Barrio Gimeno, San Cosme y Concepci¨®n. Tal licencia estaba concedida a favor de R¨ªo Vena.

El Colegio de Arquitectos prepara un amplio informe, que se publicar¨¢ como libro, en el que relata las m¨²ltiples presuntas irregularidades observadas durante la tramitaci¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Burgos, que favorecieron a determinados solares, varios de los cuales eran propiedad de M¨¦ndez Pozo. Estas presuntas irregularidades han supuesto unos beneficios de 2.000 millones para las citadas empresas, seg¨²n los denunciantes.

Uno de ellos, por citar un ejemplo, era el solar situado en la Unidad G-2, en la calle de Vitoria. Parte de los terrenos de la unidad urban¨ªstica estaban destinados a parque y guarder¨ªa infantil en el momento de la aprobaci¨®n inicial del plan. En el momento de la aprobaci¨®n provisional se hab¨ªa restringido el terreno destinado a parque y guarder¨ªa, y en su lugar se permit¨ªa la construcci¨®n de un gran edificio de nueve plantas y 16 metros de fondo. La parcela de dicho edificio se segreg¨® del resto de la unidad, de forma que las licencias pudieran concederse directamente. Los edificios contiguos ten¨ªan autorizaci¨®n s¨®lo para construir siete plantas. El propietario de dicho solar es tambi¨¦n M¨¦ndez Pozo.

Una de las principales argumentaciones del Colegio para impugnar el Plan General es que a partir de la aprobaci¨®n inicial no se abren nuevos per¨ªodos de informaci¨®n p¨²blica, a pesar de que entre la aprobaci¨®n inicial y la provisional, y m¨¢s tarde la definitiva, se llevan a cabo importantes modificaciones que van siempre a favor de determinados propietarios del suelo. En varios casos, el due?o del suelo se ve favorecido con un volumen de edificaci¨®n muy superior al del resto de los propietarios contiguos. En ocasiones la concesi¨®n de licencias, entre ellas varias a M¨¦ndez Pozo, se hizo en contra del informe de los propios arquitectos municipales.

Las consideraciones del Colegio coinciden en gran parte con la denuncia presentada por la Federaci¨®n de Empresarios de la Construcci¨®n de Burgos, que tramita actualmente el juzgado n¨²mero 2 de la Audiencia Provincial. En la citada denuncia se acusa al alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa Pe?a, a los tenientes de alcalde primero y segundo -Jos¨¦ Mar¨ªa Cod¨®n y Manuel Mu?oz Guill¨¦n-, miembros de la comisi¨®n de gobierno, de favorecer descaradamente los intereses de M¨¦ndez Pozo. Asimismo se acusa al secretario municipal, Esteban Corral Garc¨ªa, de presunta falsificaci¨®n de documento p¨²blico en una segregaci¨®n de terrenos favorable al citado constructor. Por ¨²ltimo, la denuncia sostiene que Cod¨®n, Mu?oz Guill¨¦n y el antiguo delegado territorial de la Junta de Castilla y Le¨®n en Burgos, Jos¨¦ Carracedo, son accionistas de una empresa de M¨¦ndez Pozo -Villagonzalo, SA-, dedicada a la fabricaci¨®n de electrodom¨¦sticos que luego se compran e instalan en los pisos construidos por ¨¦ste ¨²ltimo.

Jos¨¦ Mar¨ªa Pe?a se neg¨® ayer a hacer declaraciones de ning¨²n tipo, y s¨®lo anunci¨®, a trav¨¦s del gabinete de prensa municipal, el ejercicio de acciones jur¨ªdicas contra los denunciantes. Jos¨¦ Mar¨ªa Cod¨®n y el promotor M¨¦ndez Pozo achacan la denuncia a la animadversi¨®n personal de los dirigentes empresariales Jes¨²s de las Heras y Juan Renedo hacia el ayuntamiento, a ra¨ªz de que se despojara a De las Heras de su papel de contratista de obras municipales, y a Renedo, se le negara una modificaci¨®n del Plan General que le imped¨ªa construir en unos solares.