Cartas marcadas para el defensor

LA BATALLA que viene libr¨¢ndose en tomo a la continuidad o no de Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez como defensor del pueblo podr¨ªa considerarse algo perfectamente normal en la vida pol¨ªtica si no revelase preocupantes s¨ªntomas de mercadeo partidista en un asunto en el que deber¨ªa primar, sobre todo, el inter¨¦s por asegurar la utilidad de una instituci¨®n democr¨¢tica que tantas esperanzas suscit¨®. Desgraciadamente, no parece ser la instituci¨®n misma o su servicio al ciudadano, sino la colocaci¨®n de personas pr¨®ximas o la obtenci¨®n de otras ventajas, el criterio determinante de la actitud de los partidos en la negociaci¨®n, forzada por la mayor¨ªa cualificada exigida para el nombramiento.Desde el mismo momento en que, en diciembre pasado, concluy¨® el mandato de Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez, el PSOE ha bregado por imponer a su candidato a la sucesi¨®n: ?lvaro Gil-Robles, primer adjunto a Ruiz-Gim¨¦nez y redactor, por encargo de los, socialistas, del borrador de lo que se convertir¨ªa, en abril de 1981, en la ley que regula la instituci¨®n del Defensor del Pueblo. Nada hay que objetar a esta decisi¨®n del partido del Gobierno. Deja entrever, sin embargo, el af¨¢n por colocar al frente de la instituci¨®n a una persona que sintonice mejor con el pragmatismo que caracteriza el ejercicio del poder de los actuales gobernantes. No es que Ruiz-Gim¨¦nez haya sido especialmente beligerante con el poder pol¨ªtico en los cinco primeros a?os de la historia de la instituci¨®n. M¨¢s bien lo contrario cabe deducir de su negativa a recurrir la ley antiterrorista, vergonzoso episodio que result¨® m¨¢s revelador que miles de declaraciones de principios y que contribuy¨® a desacreditar esa instituci¨®n apenas nacida.

Sin embargo, el desfase generacional entre los actuales gobernantes y Ruiz-Gim¨¦nez, y la inclinaci¨®n de ¨¦ste a subrayar ciertos gestos de independencia -como su informe sobre la situaci¨®n de las c¨¢rceles o la reciente y confusa reivindicaci¨®n de la amnist¨ªa en un coloquio sobre Euskadi-, han pesado finalmente m¨¢s que otras consideraciones. El PSOE prefiere un defensor del pueblo, si no m¨¢s dispuesto a plegarse a las exigencias del poder, s¨ª menos imprevisible.

Pero quien peor parado queda en esta historia es el grupo parlamentario de Alianza Popular, que, de un extra?o apoyo a Ruiz-Gim¨¦nez, por considerar que "no exist¨ªan razones objetivas para su sustituci¨®n", ha pasado a una no menos extra?a aceptaci¨®n del candidato del PSOE. Para que se haya producido un cambio tan sustancial ha bastado con la promesa de que la actual adjunta segunda del defensor del pueblo, Margarita Retuerto, promovida a este puesto en 1983 por Alianza Popular, pase a desempe?ar el puesto de adjunta primera. Por eso, cuando dentro de algunos d¨ªas el Congreso deba elegir con una mayor¨ªa de tres quintos de sus diputados al futuro defensor del pueblo, las cartas estar¨¢n ya marcadas de antemano. Socialistas y aliancistas, con el apoyo suplementario de Minor¨ªa Catalana, que no se sabe qu¨¦ obtendr¨¢ a cambio pero que algo ser¨¢, se bastar¨¢n y sobrar¨¢n para designar al sucesor de Ruiz-Gim¨¦nez al frente de la instituci¨®n del Defensor del Pueblo.

En todo caso, no estar¨ªa de m¨¢s que el partido del Gobierno y el resto de los grupos parlamentarios mostrasen por el funcionamiento eficaz de la instituci¨®n del Defensor del Pueblo el mismo celo de que han hecho gala en la designaci¨®n de quien la ha de dirigir. En este sentido, una de las primeras medidas que deber¨ªan arbitrarse es la reforma de la ley que la regula, en el sentido de atribuir a su titular m¨¢s poder en sus relaciones con la Administraci¨®n. Nada es m¨¢s l¨®gico y deseable si se quiere que no sea una instituci¨®n vac¨ªa y, a la postre, frustrante para los ciudadanos. El futuro de esta instituci¨®n depende, adem¨¢s del buen acierto de quien la dirija, de su enraizamiento en la sociedad, pero ¨¦ste no se producir¨¢ si no demuestra que es capaz de romper el espeso muro de la insensibilidad oficial por los problemas del hombre de la calle.