Del Tratado de Roma al Acta ?nica: de la frustraci¨®n a la esperanza

La ampliaci¨®n de la Comunidad Europea (CE) ha agravado los problemas regionales de los doce. Por esta raz¨®n, los autores defienden que los Estados miembros deber¨ªan replantearse la utilizaci¨®n del FEDER, para que ¨¦ste se convierta de pleno en un instrumento al servicio de la pol¨ªtica regional, incentivando los proyectos m¨¢s relacionados con estas tareas y alej¨¢ndose de los planes meramente sectoriales.

El Informe peri¨®dico de la Comisi¨®n sobre la situaci¨®n y evoluci¨®n socioecon¨®mica de las regiones de la Comunidad es el m¨¢s amplio y completo estudio de car¨¢cter regional elaborado por los servicios de la Comisi¨®n de la CE y goza de reconocido y merecido prestigio entre los estudiosos. En ¨¦l se pone de manifiesto que "los an¨¢lisis de la situaci¨®n y de la evoluci¨®n de las regiones efectuados a partir de las informaciones disponibles a finales del a?o 1986 confirman de nuevo las disparidades que existen entre las regiones de la Comunidad Europea". El grupo de estudio presidido por Padoa-Schioppa se pronunciaba en t¨¦rminos similares en su informe titulado Eficacia, estabilidad y equidad. Una estrategia para la evoluci¨®n del sistema econ¨®mico de la Comunidad Europea. "Las ampliaciones sucesivas de la Comunidad", dec¨ªa, "han agravado sustancialmente sus problemas regionales".Algunos datos sucintos ayudar¨¢n a hacerse una idea aproximada de la importancia cuantitativa del problema. El producto interior bruto por habitante (PIB) de la primera regi¨®n, medido en ecus, multiplica casi por 8,5 al de la ¨²ltima. Si se mide en paridades de poder adquisitivo -artilugio estad¨ªstico que tiene en cuenta el coste de una te¨®rica cesta de la compra-, la diferencia va de 1 a 5,5. Haciendo la comparaci¨®n en ECU, la comunidad aut¨®noma espa?ola mejor situada (Baleares) se queda en un ¨ªndice equivalente a dos terceras partes de la media comunitaria, y la peor (Extremadura) no llega a un tercio. Por arte de la estad¨ªstica, la comparaci¨®n en paridades de poder adquisitivo hace que Baleares llegue a tener un PIB por habitante casi igual a la media de la CE, y Extremadura, casi igual a la mitad de la media. Las disparidades en tasas de paro son a¨²n m¨¢s acusadas, pues se mueven desde menos del 3% de Luxemburgo hasta m¨¢s del 30% de Andaluc¨ªa, a quien cabe la desgracia de ocupar el peor lugar de las regiones comunitarias, seg¨²n este indicador. El citado informe peri¨®dico mide la intensidad relativa de los problemas de las 160 regiones en que se divide la Comunidad, seg¨²n un ¨ªndice sint¨¦tico, que tiene en cuenta diferentes indicadores de desarrollo y de nivel de vidl. Pues bien, las 17 comunidades aut¨®nomas espa?olas se encuentran en el grupo de regiones comunitarias en que los problemas son m¨¢s graves e intensos. ?Lo que son las cosas! ?La novena potencia econ¨®mica del mundo, viajando en el furg¨®n de cola de la CE!

Una comunidad que alberga en su seno tan profundas diferencias tiene que decidirse a corregirlas, salvo que est¨¦ dispuesta a renunciar al proyecto de funcionar como un solo bloque econ¨®mico y pol¨ªtico. La unidad del mercado exige y requiere una m¨ªnima armon¨ªa, convergencia y cohesi¨®n entre las partes que integran el todo. De lo contrario, las tensiones internas del sistema econ¨®mico y social terminar¨¢n por hacer inviable la unidad europea. De ah¨ª que las disparatadas diferencias sean contempladas por los responsables europeos con profunda preocupaci¨®n, conscientes de la gravedad de un problema que es m¨¢s cualitativo que cuantitativo.

?sa es la raz¨®n evidente. de que el Acta ?nica Europea (AUE) haya subsanado por fin una imperdonable omisi¨®n del Tratado de Roma, que, desoyendo las autorizadas opiniones que reclamaban dedicar atenci¨®n a los problemas regionales, soslay¨® en su texto tan importante materia. En la reforma de la CE que el AUE introduce en el Tratado de Roma, la pol¨ªtica regional pasa a ser una de las obligaciones constitucionales de la Comunidad.

Las reglas del mercado

Lo primero que hay que destacar es que, desde el punto de vista teor¨¦tico, el AUE implica un giro de 180 grados en relaci¨®n a la filosof¨ªa que inspir¨® el Tratado de Roma. En efecto, el Tratado cimenta el funcionamiento econ¨®mico de la CE en una fe incuestionable en la ley de la oferta y la demanda, confiando plena e ingenuamente en las virtudes y la capacidad del mercado para resolver eficazmente todos los problemas, incluidos los regionales. Por esta raz¨®n, y como norma general, se proh¨ªben expresamente todas las ayudas que falseen o amenacen falsear las reglas del mercado. A t¨ªtulo excepcional, se admite la posibilidad de ciertas ayudas regionales, bajo el supuesto impl¨ªcito de que las inversiones en regiones con bajo nivel de vida o elevada tasa de paro requieren apoyos para competir en igualdad de concidiones con las efectuadas en regiones desarrolladas. El cambio de orientaci¨®n que introduce el AUE consiste en que aspira a implantar en 1992 el libre juego de la oferta y la demanda en el espacio econ¨®mico comunitario (mercado interior), reconociendo al mismo tiempo la necesidad de la pol¨ªtica regional como mecanismo compensador de los efectos no deseados del funcionamiento del mercado (pol¨ªtica de cohesi¨®n econ¨®mica y social).

Para que las prescripciones del AUE no queden en una mera declaraci¨®n de principios inoperantes, es imprescindible que se produzcan una serie de modificaciones en la actual pr¨¢ctica de la pol¨ªtica regional comunitaria (PRC). Lo primero y m¨¢s urgente de todo es un sustancial aumento de los recursos dedicados por la CE a la pol¨ªtica regional. El FEDER, que debe atender prioritariamente a las regiones menos desarrolladas de la CE y tambi¨¦n a las regiones industriales en declive, representa actualmente menos de un exiguo 10% del presupuesto comunitario. El Fondo Europeo de Orientaci¨®n y Garant¨ªa Agraria (FEOGA), secci¨®n Garant¨ªa, del cual se benefician mayoritariamente las regiones y pa¨ªses m¨¢s desarrollados de la Comunidad, absorbe m¨¢s del 60% de dicho presupuesto. Evidentemente, cualquier aumento de la dotaci¨®n del FEDER ha de ser a costa del FEOGA-Garant¨ªa. Ser¨ªa deseable que el FEDER alcanzara en 1992 el 20% de los recursos comunitarios.

En segundo lugar, a la vez que aumenta en cantidad, la pol¨ªtica regional comunitaria ha de ganar intensidad y fuerza cualitativa. Esto significa ante todo que la gravedad de los problemas de cualquier regi¨®n ha de medirse en comparaci¨®n a la situaci¨®n media comunitaria, no en relaci¨®n a la media del Estado a que pertenece. La pol¨ªtica regional comunitaria es hoy poco m¨¢s que un ap¨¦ndice de la desarrollada por cada uno de los Estados miembros, de la cual aparece como subsidiaria. S¨®lo en las acciones financiadas con la antigua secci¨®n fuera de cuota del FEDER y en los vigentes programas comunitarios -de los cuales se han aprobado nada m¨¢s que el Star y el Valoren- la iniciativa ha correspondido a las autoridades comunitarias.

El reto comunitario

El reto al que deber¨ªa hacer frente la Comunidad es la presentaci¨®n en 1992 de un Programa de Desarrollo Regional (PDR) de la CE, elaborado a partir de los preparados por cada Estado para el per¨ªodo 1991-1995, que abarcar¨¢ la cuarta generaci¨®n de programas estatales.

En tercer lugar, se han de concentrar los esfuerzos en favor de las regiones menos desarrolladas de la Comunidad. Parece una propuesta obvia, pero requiere alguna explicaci¨®n. Por obtener recursos del FEDER vienen compitiendo regiones subdesarrolladas y regiones industriales en declive. Cuanto m¨¢s se dedique a ¨¦stas, menos va a parar a aqu¨¦llas. Dado que cada Estado trata de obtener del fondo regional el m¨¢ximo posible, y como los m¨¢s desarrollados s¨®lo pueden hacerlo pr¨¢cticamente mediante ayudas para sus regiones industriales en declive, puede pervertirse la finalidad principal del FEDER, que es atender a las regiones menos desarrolladas. A este fin deber¨ªa el FEDER dedicar no menos del 80% de sus recursos, concentrando sus intervenciones en las regiones atrasadas. Pr¨¢cticamente toda Espa?a deber¨ªa beneficiarse de esta propuesta, pues todas las comunidades aut¨®nomas espa?olas se encuentran notablemente por debajo del nivel de desarrollo medio de la CE.

En cuarto y ¨²ltimo lugar, los Estados deber¨ªan replantearse la utilizaci¨®n que hacen del FEDER. Puede decirse que la t¨®nica general es considerarlo esencialmente como uno de los mecanismos para recuperar, y aun superar si fuera posible, su aportaci¨®n al presupuesto comunitario, y s¨®lo secundariamente se piensa en el fondo regional como un instrumento al servicio de la pol¨ªtica regional. Aunque la responsabilidad fundamental corresponde en este aspecto a cada Estado, la Comunidad podr¨ªa incentivar los proyectos m¨¢s relacionados con el desarrollo regional, en comparaci¨®n a aquellos otros cuya realizaci¨®n est¨¢ relacionada con planes sectoriales.

Muchas han sido las expectativas surgidas en los pa¨ªses menos desarrollados de la Comunidad tras la aprobaci¨®n del AUE. Grande es el empe?o que se observa en los Estados m¨¢s desarrollados por hacer efectivo el principio del mercado interior en 1992, tan grande como sus reticencias a desarrollar una pol¨ªtica de cohesi¨®n econ¨®mica y social.

Lo que resulta chocante y extra?o en este tira y afloja es la miop¨ªa que entra?a la resistencia a la adopci¨®n de medidas en favor del desarrollo de los pa¨ªses comunitarios m¨¢s pobres. Al fin y al cabo, aun desde una perspectiva puramente mercantil, de poco servir¨¢ a los Estados m¨¢s desarrollados su mayor competitividad si no potencian la capacidad de compra de los Estados menos desarrollados. Pero, por encima de las consideraciones economicistas, debe estar la viabilidad pol¨ªtica de una Comunidad. Hoy m¨¢s que nunca, cuando se han firmado acuerdos de desarme entre Estados Unidos y la URSS, la CE deber¨ªa estar atenta sobre todo a su capacidad de generar una din¨¢mica mundial aut¨®noma e independiente de la de los bloques tradicionales.

es economista y es catedr¨¢tica de Geograf¨ªa Humana.