La amnist¨ªa de los objetores

LA OPOSICI?N frontal de las organizaciones de objetores a la ley de Objeci¨®n de Conciencia y al reglamento que establece la prestaci¨®n social sustitutoria del servicio militar ha venido seguida en estos momentos por un problema que no por cuyuntural deja de tener su importancia: qu¨¦ hacer con los 24.000 objetores que se han ido acumulando en estos a?os a la espera de que el Gobierno diera una soluci¨®n definitiva a esta cuesti¨®n. Ni el Estado dispone de infraestructura suficiente para acoger tal avalancha ni es justo que con tanto retraso se exija ahora el cumplimiento de un servicio que ocasionar¨ªa, con seguridad, graves quebrantos en los planes de vida de estos j¨®venes.El ministro de Justicia ha manifestado p¨²blicamente la "predisposici¨®n favorable" del Gobierno a encontrar una soluci¨®n. ?sta no deber¨ªa ser otra que la total condonaci¨®n de la prestaci¨®n social sustitutoria a quienes por causas no imputables a ellos se han visto impedidos de prestarla en su momento. Desde que en diciembre de 1984 entr¨® en vigor la ley de Objeci¨®n de Conciencia y hasta la aprobaci¨®n por el Gobierno, el pasado d¨ªa 15 de enero, del reglamento que pone en marcha la prestaci¨®n social sustitutoria del servicio militar, estos miles de j¨®venes han permanecido bajo la m¨¢s absoluta inseguridad vital.

La tardanza gubernamental en poner en marcha este servicio no puede volverse contra estos j¨®venes. Exigirles ahora, cuando ya muchos de ellos han conseguido situaciones consolidadas en el terreno laboral y familiar, que interrumpan durante nada menos que un a?o y medio sus obligaciones y compromisos ser¨ªa como colocarles ante este inhumano dilema: la desobediencia o la aceptaci¨®n resignada de una tarea que con toda probabilidad ocasionar¨ªa una grave r¨¦mora en su proceso de integraci¨®n en la sociedad. Una y otra opci¨®n, adem¨¢s de inaceptables para estos j¨®venes, son injustas, pues ni pol¨ªtica ni aun legalmente ser¨ªa correcto echarles el C¨®digo Penal encima ni ninguna autoridad est¨¢ legitimada a ponerles en una situaci¨®n atentatoria contra sus derechos personales.

En estos momentos, el Consejo Nacional de Objeci¨®n de Conciencia, organismo que tiene a su cargo la gesti¨®n e inspecci¨®n del servicio de objeci¨®n de conciencia, ultima los preparativos necesarios para poner en pie la infraestructura de la prestaci¨®n social sustitutoria del servicio militar. En junio pr¨®ximo se espera haber concluido acuerdos con los organismos p¨²blicos o privados dispuestos a acoger a los objetores. Renfe estar¨ªa dispuesta a recibir en sus servicios sociales y sanitarios a 1.000 objetores; la Cruz Roja, a otros 1.000; el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso), a 500, y Protecci¨®n Civil, a 190. Tambi¨¦n negocian la acogida de un cupo de objetores el Instituto Nacional para la Conservaci¨®n de la Naturaleza (Icona), C¨¢ritas y organismos de la Administraci¨®n aut¨®noma. Con ello se espera poder hacer frente a la actual demanda, que se cifra en unos 5.000 objetores anuales, es decir, el 2% de los j¨®venes que cada a?o son llamados a filas. De aqu¨ª a junio, en que previsiblemente se incorporar¨¢ el primer contingente de objetores al servicio civil, el Gobierno deber¨¢ encontrar una salida a la situaci¨®n an¨®mala en que se encuentran los 24.000 objetores reconocidos en los ¨²ltimos a?os. El Gobierno ha previsto en una disposici¨®n transitoria del reglamento la posibilidad de que este amplio grupo de objetores solicite la exclusi¨®n, el aplazamiento o la exenci¨®n de la prestaci¨®n social. Pero si la flexibilidad de quienes apliquen esta norma no fuera suficiente, el Gobierno tiene el deber de resolver el problema.