Escolares a casa

LA HUELGA mantenida por el profesorado de la ense?anza p¨²blica ha tenido una indudable y preocupante repercusi¨®n social. No solamente ha privado de su derecho a la instrucci¨®n a varios millones de ni?os, sino que ha creado grav¨ªsimos problemas a sus familias. El sistema educativo, adem¨¢s de su primordial finalidad de transmitir conocimientos, presta en los niveles b¨¢sico y medio un importante servicio social de custodia del alumno que cuando se interrumpe causa serios da?os al ciudadano. Esta misma situaci¨®n puede repetirse los pr¨®ximos d¨ªas 16 y 17 y, m¨¢s tarde, el 14, 20 y 26 de abril. A nadie se le escapa la grav¨ªsima -incidencia que esta interrupci¨®n intermitente del curso lectivo puede tener en el alumnado en momentos claves de evaluaci¨®n y cuando se est¨¢ a punto de iniciar la recta final del a?o escolar.Las reivindicaciones de los sindicatos convocantes de la huelga se centran en la homologaci¨®n de los niveles retributivos del personal docente con la media del resto de los funcionarios, la reducci¨®n de dos horas y media en la jornada semanal de trabajo y la creaci¨®n de un marco jur¨ªdico en el que: se resuelvan los problemas derivados de la responsabilidad civil del profesorado. La equiparaci¨®n retributiva es una vieja aspiraci¨®n que se remonta al menos al a?o 1982; la inquietud por las repercusiones de la responsabilidad civil es m¨¢s reciente y tiene que ver con la mayor conciencia social creada ante los accidentes escolares y las consecuencias de los des¨®rdenes que a veces se producen en las aulas.

Evidentemente, todas ellas son cuestiones que repercuten gravemente en los bolsillos de los profesores o en su derecho a la seguridad jur¨ªdica, y para las que deber¨ªa encontrarse una soluci¨®n cuanto antes. No se comprende bien por qu¨¦ a los profesores de EGB y BUP se les aplica el nivel retributivo m¨¢s bajo de la categor¨ªa de funcionarios a la que est¨¢n asimilados. El argumento de la Administraci¨®n es el alto coste econ¨®mico que supone la equiparaci¨®n para un colectivo de m¨¢s de 270.000 personas. Adem¨¢s de evidenciar un escaso aprecio por la funci¨®n docente, esta actitud representa un formidable obst¨¢culo a los intentos de mejora de la calidad de la ense?anza p¨²blica. Entre tanto persista este agravio comparativo va a ser dificil motivar al principal agente de esta mejora, que es el profesorado, a que act¨²e en consecuencia.

La soluci¨®n de todos estos problemas exige un cambio de actitud del Gobierno, pero tambi¨¦n de los sindicatos de ense?anza. Portavoces oficiales han anunciado la disposici¨®n del Ministerio de Educaci¨®n a negociar los aspectos retributivos con vistas al presupuesto de 1989, al mismo tiempo que una serie de obligadas contrapartidas para la mejora de la ense?anza. El pretexto esgrimido hasta ahora para negarse a negociar ha sido la ausencia de interlocutores v¨¢lidos del profesorado. Pero ahora ya se sabe qui¨¦n es qui¨¦n y cu¨¢l es la cuota de representatividad de cada sindicato despu¨¦s de las primeras elecciones sindicales celebradas entre el funcionariado.

Los sindicatos de ense?antes, si no quieren desacreditarse apenas conquistado su reconocimiento oficial, est¨¢n tambi¨¦n obligados a modificar su comportamiento y a moderar en lo sucesivo su abusiva inclinaci¨®n por la huelga. Acudir siempre a este recurso excepcional y expeditivo en un sector como el de la ense?anza, donde se obvian los servicios m¨ªnimos, es colocar en un situaci¨®n de absoluta indefensi¨®n a millones de ciudadanos -alumnos y familias enteras- que pagan sus impuestos. Pero cualquier negociaci¨®n, si no quiere caer en un estrecho gremialismo, debe contar con los otros protagonistas de la comunidad escolar: los alumnos y sus padres. Cuestiones como la reducci¨®n de la jornada escolar, bajo ning¨²n aspecto pueden plantearse sin tener en cuenta la opini¨®n de estos sectores sociales. Los intereses del sistema educativo van m¨¢s all¨¢ de los personales o corporativos de los profesores, por leg¨ªtimos que sean.