El coste de la fe p¨²blica

LOS NOTARIOS y registradores de la propiedad son profesionales que prestan a los ciudadanos el servicio de dar fe p¨²blica de los negocios jur¨ªdicos que, seg¨²n las leyes, la requieren. Por ese servicio, de naturaleza eminentemente p¨²blica, en lugar de cobrar de los Presupuestos del Estado reciben unas cantidades establecidas en funci¨®n de aranceles. Los vigentes son de 1971, y ninguno de los Gobiernos posteriores los ha reformado, a pesar de su car¨¢cter abusivo y escasamente transparente.Los socialistas renunciaron en su d¨ªa a la funcionarizaci¨®n efectiva de esos servicios, que engloban a 23.000 empleados. Sin duda, en esta decisi¨®n pes¨¦ lo suyo la fuerte resistencia corporativa de esos cuerpos, tradicionalmente muy influyentes en la Administraci¨®n. Con todo, a partir de 1984 se han introducido algunas reformas tendentes a recortar los aspectos m¨¢s escandalosos de ese abuso. As¨ª, se rebaj¨® la edad de jubilaci¨®n de los notarios, se crearon 300 notar¨ªas y 170 registros nuevos, se intensific¨® la tarea de inspecci¨®n por parte del Estado, pr¨¢cticamente en desuso, y se modific¨® el sistema endog¨¢mico de selecci¨®n, dependiente hasta entonces de los propios colegios profesionales. Pero, como ha sido usual frente a las situaciones abusivas de los cuerpos de elite, los socialistas han practicado m¨¢s bien la pol¨ªtica de amagar y no dar. En el caso de los notarios y registradores se ha eludido plantear la reforma de su funci¨®n desde la perspectiva de su utilidad p¨²blica y social, y, desde luego, no se han tocado para nada los actuales aranceles, que permiten percibir altas minutas mediante un porcentaje regresivo proporcional a la cuant¨ªa del acto que se documenta y variable en funci¨®n del n¨²mero de folios y copias.

El Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda ha preparado un proyecto de ley de tasas y precios p¨²blicos seg¨²n el cual los notarios y registradores recaudar¨ªan las tasas establecidas por ley, que ingresar¨ªan en el Tesoro p¨²blico, quien a su vez reintegrar¨ªa a esos profesionales la parte correspondiente a sus emolumentos. Desde el Ministerio de Justicia se considera que la propuesta de Econom¨ªa y Hacienda, si bien favorece la transparencia fiscal, no garantiza el control de los honorarios por el cliente, y, por otra parte, se presta a todo tipo de corruptelas, como demuestra la experiencia de las tasas judiciales. De momento, el proyecto, que se esperaba fuera abordado por el Consejo de Ministros esta semana, ha quedado aparcado. Tal vez este aplazamiento sirva para que la cuesti¨®n de fondo, la desproporci¨®n manifiesta entre la utilidad social del servicio notarial y registral y su coste para los ciudadanos sean sometidas a debate p¨²blico. Esos profesionales que monopolizan una funci¨®n p¨²blica vienen logrando, en toda clase de reg¨ªmenes pol¨ªticos y sistemas sociales, sobrevivir como casta privilegiada. La dimensi¨®n fiscal de su funci¨®n es s¨®lo un aspecto, y no el principal, que debe ser sometido a debate. Lo principal es el servicio p¨²blico prestado en orden a la seguridad jur¨ªdica de los administrados y su coste.

El argumento de que los notarios act¨²an como asesores de quienes est¨¢n obligados a requerir sus servicios, lo que justificar¨ªa minutas tan elevadas, se compadece mal con el hecho de que cada notario, al menos en las grandes ciudades, tramite al a?o tal cantidad de documentos que materialmente imposibilita incluso su lectura por el fedatario p¨²blico. Casi da verg¨¹enza decirlo, pero la realidad es que como los aranceles establecen los honorarios no s¨®lo en funci¨®n de la cantidad monetaria del acto jur¨ªdico, sino tambi¨¦n del n¨²mero de folios del documento que lo registra, esos folios aparecen escritos en una estrecha columna a fin de que resulten m¨¢s onerosos al cliente. La reforma proyectada deber¨¢ tener en cuenta esta sangrante realidad. Los aranceles deben corregirse a la baja, introduciendo criterios progresivos. Los restos de corporativismo deben ser eliminados, reforzando la objetivaci¨®n de los mecanismos de acceso a esos cuerpos. Y, sobre todo, la minuta debe ser el resultado de baremos claramente establecidos y comprensibles para el ciudadano com¨²n.