La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos pide al Gobierno que eleve a seis a?os de c¨¢rcel la pena para la tortura
La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos (APDH) plantea al Gobierno, como "una exigencia de car¨¢cter jur¨ªdico", la elevaci¨®n de la vigente pena de uno a seis meses de c¨¢rcel para el delito de tortura hasta seis a?os de privaci¨®n de libertad. En el informe anual de la APDH correspondiente a 1987, que se har¨¢ p¨²blico en los pr¨®ximos d¨ªas, se considera que la entrada en vigor para Espa?a del Convenio Internacional contra la Tortura "obliga a esa modificaci¨®n legislativa". El informe contiene cr¨ªticas al Ejecutivo, entre otras cuestiones, por la situaci¨®n de las prisiones y las pr¨¢cticas policiales irregulares.
La APDH, de la que es presidente el fiscal Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, reprocha al Gobierno que, a pesar de haber entrado en vigor en 1987 el Convenio Internacional contra la Tortura, adoptado por la ONU, los poderes p¨²blicos espa?oles no han promovido el agravamiento de las penas exigido por el mismo. El informe resalta que el terrorismo continua contribuyendo "con sus cr¨ªmenes a crear un clima de tensi¨®n y crispaci¨®n ciudadana", pero a?ade que los cuerpos policiales no pueden ofrecer respuestas desproporcionadas. En este contexto manifiesta que el delito de tortura, que cometen los funcionarios p¨²blicos, est¨¢ castigado penalmente con una "extraordinaria benignidad", que "choca abiertamente" con el convenio.La abogada y vocal de la APDH, Francisca Cobos, se?ala que el convenio, incorporado ya a nuestro derecho interno, ampl¨ªa la configuraci¨®n del delito de tortura y exige a los Estados firmantes tipificarlo "con penas adecuadas, en las que se tenga en cuenta su gravedad", as¨ª como aplicarlo "a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participaci¨®n en la tortura". Cobos estima que el C¨®digo Penal deber¨¢ ser reformado para elevar la pena, incluir "una referencia espec¨ªfica, hoy ausente", dice, "a la tentativa de torturas y malos tratos", as¨ª como "para que afecte de Reno a los m¨¦dicos que conocen la existencia de este delito".
El informe recoge diversas resoluciones judiciales relativas a torturas o malos tratos cometidos en a?os anteriores. Por lo que se refiere a 1987, destaca que disminuyeron las denuncias por torturas en el marco de la aplicaci¨®n de la ley Antiterrorista, mientras que la mayor¨ªa fueron presentadas por acusados de delitos comunes. Entre los hechos investigados por la APDH figuran los denunciados por Jos¨¦ Caserras, que ingres¨¦ en febrero de 1987 en la Ciudad Sanitaria Valle del Hebr¨®n, de Barcelona, con fractura de cr¨¢neo, producida, seg¨²n la denuncia, al ser trasladado por dos guardias c?viles en Solsona (L¨¦rida). Los dos guardias civiles permanecieron arrestado "durante breves d¨ªas".
"Una gran paliza"
Otros dos guardias civiles destinados en Chirivel (Almer¨ªa) fueron apartados cautelarmente del servicio en marzo de 1987, tras la denuncia del alcalde de la localidad, Andr¨¦s Vilches, de haber sido objeto de "una gran paliza". El mismo mes Salvadora Mart¨ªn denunci¨® que dos guardias civiles y dos polic¨ªas municipales detuvieron en su domicilio de San Mart¨ªn de la Vega, durante la madrugada, a su esposo, Jos¨¦ Nistal, a quien acusaron de ser c¨®mplice de un robo. Seg¨²n su esposa, Nistal, que es minusv¨¢lido ps¨ªquico, regres¨® horas despu¨¦s "con moratones en el cuerpo y lleno de cieno".
El informe recoge tambi¨¦n la denuncia de la abogada Alicia G¨®mez Ben¨ªtez y su hermana contra polic¨ªas de la comisar¨ªa de Ventas, en Madrid, "por los presuntos delitos de insultos, detenci¨®n ?legal, agresi¨®n y lesiones". Un cap¨ªtulo del informe de la APDH est¨¢ dedicado precisamente a las Pr¨¢cticas policiales irregulares, entre las que se incluyen la privaci¨®n policial de libertad a meros sospechosos y la utilizaci¨®n propagand¨ªstica de las operaciones oto?o o primavera, as¨ª como la intervenci¨®n telef¨®nica como "procedimiento habitual de investigaci¨®n", solicitado frecuentemente "con muy escasa fundamentaci¨®n y, por lo general, invocando la existencia de datos confidenciales, cuya valoraci¨®n se sustrae al juez".
Entre los hechos constatados por la APDH, el informe recoge la detenci¨®n de un fot¨®grafo de la revista de la asociaci¨®n, que cuando cubr¨ªa en la madrile?a Puerta del Sol la informaci¨®n de una manifestaci¨®n de Madres Unidas contra la Droga, fue detenido y maltratado y se le arrebat¨® y vel¨® el carrete que estaba impresionando. El texto se?ala que cuando los polic¨ªas "perciben todav¨ªa la informaci¨®n como agresi¨®n hay algo que falla clara y escandalosamente en la formaci¨®n de los mismos". La APDH apela "a la sensibilidad democr¨¢tica de los miembros del Gobierno" y al Parlamento para que pongan fin al abuso policial.
Deficiencias en las c¨¢rceles
Otro cap¨ªtulo del informe se dedica al Estado de las prisiones, tras la visita de delegaciones de la APDH a 35 c¨¢rceles espa?olas, cuyos edificios, incluso los de reciente construcci¨®n, presentan, dice, "graves deficiencias". El informe detalla la excesiva masificaci¨®n, los problemas de sanidad, higiene, alimentaci¨®n y equipamiento, as¨ª como las especiales carencias de los centros penitenciarios dedicados a j¨®venes y mujeres. En cuanto al r¨¦gimen penitenciario, la APDH constata la prioridad concedida al orden en el interior de la prisi¨®n sobre la necesaria creaci¨®n de un ambiente de convivencia. El informe denuncia el incumplimiento por la Administraci¨®n del derecho fundamental a un trabajo remunerado por parte de los reclusos y considera insafisfactoria la actuaci¨®n de los jueces de vigilancia penitenciaria, que aparecen poco por las c¨¢rceles.
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