El reto a un Estado de derecho

"Si la autoridad no tiene o¨ªdos para escuchar, es que tampoco, tiene cabeza para gobernar". (An¨®nimo popular.)En nombre de los perjudicados por el esc¨¢ndalo Matesa -que en 1969 conmovi¨® a la opini¨®n p¨²blica y fue calificado como el proceso del r¨¦gimen-, creemos que ha llegado el momento de aclarar definitivamente este asunto ante la historia y el pueblo, que as¨ª lo entendi¨® cuando, a trav¨¦s de sus leg¨ªtimos representantes y mediante una ley expresa para este caso concreto (ley 44/1981, disposici¨®n transitoria), propuso el arbitraje o la transacci¨®n, excluyendo cualquier otra posibilidad, para la "liquidaci¨®n definitiva de las cuentas pendientes de Matesa", sumidas, como no pod¨ªa menos de suceder, en un incre¨ªble caos jur¨ªdico y econ¨®mico.Matesa adquiri¨® una idea francesa -nueve patentes- en 1957, las desarroll¨® -m¨¢s de 100 patentes y dep¨®sitos-, las ofreci¨® en la Feria Textil de Mil¨¢n 1959 y tuvo tanto ¨¦xito que el propio ministro de Industria -poco despu¨¦s presidente del Banco de Cr¨¦dito Industrial- se present¨® espont¨¢neamente en Matesa (Pamplona) y le convenci¨® de que deb¨ªan explotarse desde Espa?a, ya que la exportaci¨®n empezaba a ser un objetivo prioritario. Al renunciar a la venta de licencias, impl¨ªcitamente se le oblig¨® a transformarse en una multinacional, posibilidad que la ley a¨²n no consideraba en Espa?aAcusacionesLa sentencia se bas¨® (1976) en que el Banco de Cr¨¦dito Industrial -que no conced¨ªa los cr¨¦ditos m¨¢s que si estaban asegurados, y lo estaban todos- y Cr¨¦dito y Cauci¨®n, SA -que no aseguraba m¨¢s que si el prestatario, espa?ol o extranjero, merec¨ªa su confianza; se la merecieron todos-, desconocieron las relaciones entre Matesa y algunos compradores (filiales, red comercial y distribuidoras), por lo que se entraba en el campo del enga?o, imprescindible para poder calificar de estafa los hechos probados.

Pero, desgraciadamente, fue la justicia la que ignor¨® la correspondencia entre aqu¨¦llos -cartas de 6 de junio de 1967, 15 de junio de 1967, 21 de marzo de 1968, etc¨¦tera-, ya que demostraba exactamente todo lo contrario.

La otra grave acusaci¨®n, los stocks de telares -forzados por la obligada fabricaci¨®n en serie, tampoco prevista por la leyfueron tranquilamente vendidos por la administraci¨®n judicial de Matesa (1969-1985) a pesar de las precarias condiciones en que qued¨® la empresa tras el esc¨¢ndalo; incluso dej¨® para la subasta un infravalorado activo de 1.190 millones de pesetas.

Pero si durante la dictadura la necesidad pol¨ªtica exigi¨® enmascarar la verdad, y lo que entend¨ªa como bien p¨²blico justificaba cualquier mal particular, en una democracia el derecho del Estado debe someterse inexorablemente: al Estado de derecho, porque las injusticias hechas a unos hombres son una amenaza para todos?

En julio de 1969 era de todos conocido el enfrentamiento interno entre los ministros tecn¨®cratas y azules del Gobierno y los hechos sucedieron as¨ª:

16 de julio. Los ministros econ¨®micos -tecn¨®cratas- llegan a un acuerdo con los accionistas de Matesa para regularizar la red comercial, stocks e inversiones exteriores, y todo ello, m¨¢s el resto de su patrimonio familiar, se pone en garant¨ªa del buen fin de los cr¨¦ditos, cuyo vencimiento se extend¨ªa a lo largo de los siguientes cinco a?os. El balance consolidado de Matesa, oficial y recientemente auditado, correcto y equilibrado, ascend¨ªa a 11.755,4 millones de pesetas. Segu¨ªa el apoyo a Matesa.

21 de julio. El Consejo de Ministros aprueba el acuerdo.

22 de julio. Nombramiento de don Juan Carlos como sucesor a t¨ªtulo de Rey.

23, de julio. Pero, inexplicablemente -entonces-, el director general de Aduanas denuncia a Matesa ante Delitos Monetarios, que interviene la empresa y encarcela a accionistas y directivos.El esc¨¢ndalo estaba servido (esc¨¢ndalo, derivado del griego scandal¨®n, que significa trampa u obst¨¢culo para hacer caer). Efectivamente, todos los medios de comunicaci¨®n oficiales (Prensa, radio y televisi¨®n, en manos de los azules) lanzan una campa?a de desprestigio contra los ministros tecn¨®cratas, que termina con el procesamiento de tres de ellos -por el Tribunal Supremo en Pleno, por primera vez en la historia- y de siete altos funcionarios m¨¢s, todos ellos de una honradez fuera de duda.

Pero como para llegar aqu¨ª fue necesaria la intervenci¨®n de todas las instituciones del r¨¦gimen, Franco se invent¨® un indulto previo y vinculante (octubre de 1971) que impidi¨® a los procesados no s¨®lo defender su honor p¨²blicamente -como hubiera sido su deseo-, sino poner en evidencia todas las falsedades y servilismos a que hubo que recurrir para montar el esc¨¢ndalo. Tambi¨¦n se nos indult¨® la multa de 1.658 millones que nos impuso Delitos Monetarios, ahorr¨¢ndose a su vez lajugosa prima que correspond¨ªa a los denunciantes.

El esc¨¢ndalo hiri¨® de muerte a Matesa, que, tras un a?o de par¨¢lisis casi total, tan s¨®lo pudofacturar unos 22.000 millones (en pesetas de hoy) hasta la sentencia Matesa (1976) y 6.000 millones (¨ªdem) desde entonces hasta su desaparici¨®n en marzo de 1983.El autodesprestigio internacional fue decisivo, abandonando a m¨¢s de 700 clientes en 50 pa¨ªses, pero dejando como herencia una tecnolog¨ªa -tejer sin lanzadera que se ha impuesto a nivel mundial.El progreso no es una simple cr¨®nica: es una epopeya. Durante estos 16 a?os de administraci¨®n judicial se impagaron los cr¨¦ditos y se perdieron los 11.755,4 millones del activo inicial. Tambi¨¦n se traspapel¨¦ el acta del Consejo de Ministros que aprobaba el acuerdo con los accionistas (Ministerio de Hacienda, 6 de agosto de 1969, salida 7.9 10).Fraude administrativoHasta la intervenci¨®n de Delitos Monetarios -y luego de la justicia- Matesa estaba totalmente al corriente: se hab¨ªan ya pagado unos 4.000 millones a la banca -oficial y privada- y 400 de impuestos, 500 de intereses y 600 en primas de seguros aproximadamente.Porque el Estado -evitemos los organismos interpuestos no dejaba un duro sin la previa concesi¨®n, suscripci¨®n y pago de las obligatorias p¨®lizas de seguro de Cr¨¦dito y Cauci¨®n, SA, que le garantizaban la recuperaci¨®n, en caso de siniestro, del 90% del pr¨¦stamo. El 10% restante, avalado por los accionistas, fue religiosamente liquidado por uno de ellos, en 1973, tras una transacci¨®n impuesta. Recu¨¦rdese adem¨¢s que todos los pr¨¦stamos vencieron durante la administraci¨®n judicial.

Cr¨¦dito y Cauci¨®n, SA, que ten¨ªa el monopolio de este tipo de seguros a la exportaci¨®n, reten¨ªa una peque?a parte del riesgo y reaseguraba el resto -tambi¨¦n obligatoriamente- en el Consorcio de Compensaci¨®n de Seguros, organismo aut¨®nomo del Ministerio de Hacienda, quien, a su vez, deb¨ªa "retroceder los excedentes de sus riesgos comerciales en instituciones reaseguradoras extranjeras", seg¨²n el decreto 2881/1966, de 10 de septiembre. Hecho este pre¨¢mbulo, veamos lo que pas¨®:

El 26 de noviembre de 1969 Cr¨¦dito y Cauci¨®n, SA, presionada por el Consorcio de Compensaci¨®n de Seguros, comunica al Estado (Banco de Cr¨¦dito Industrial, BCI) que declara nulas las p¨®lizas de seguros. En mayo de 1970, don Jos¨¦ Mar¨ªa Gil-Robles, que dirige la defensa de los procesados por el caso Matesa, considerando fundamental la validez de los seguros, inicia una profunda y larga investigaci¨®n sobre el tema.

El Consejo de Ministros acuerda reclamar judicialmente -el 11 de septiembre de 1970contra Cr¨¦dito y Cauci¨®n, SA, pero, incomprensiblemente, los juzgados y audiencias declaran nulos los seguros por los que Matesa pag¨® 600 millones.

. Sorprendida la defensa por estas sentencias contra el Estado y el derecho, intensifica su investigaci¨®n y da, finalmente, con la clave: el Consorcio de Compensaci¨®n de Seguros, incumpliendo el decreto 2881/1966, "no hab¨ªa retrocedido eficazmente los riesgos en la forma prevista" (como incluso reconoce actualmente el Instituto de Cr¨¦dito Oficial, ICO, cuaderno n¨²mero 2 de 1987).P¨®lizas nulasEl Consorc¨ªo habia quedado con el culo al aire, como vulgarmente se dice, y el Estado estaba pleiteando contra el Estado. En estas circunstancias -seg¨²n vio claramente nuestra defensa-, la Administraci¨®n era la mayor interesada en llegar al juicio Matesa con las p¨®lizas totalmente nulas: en primer lugar, para justificar el esc¨¢ndalo con unas condenas penales y econ¨®micas verdaderamente fuertes -absolutamente imposibles en caso contrario-, y en segundo, para enterrar definitivamente el fraude administrativo en que se hab¨ªa incurrido.

En ¨²ltimo lugar, tambi¨¦n recuerdo las palabras de mi querido y admirado abogado, don Jos¨¦ Mar¨ªa Gil-Robles: "La mayor dificultad para su absoluci¨®n, querido Juan, son los seis a?os de prisi¨®n preventiva que lleva usted a cuestas, y a las instituciones hay que protegerlas... En algo tan grave nunca se equivocan...".