Terrorismo

A MEDIDA que se desarrollan las sesiones del juicio que se celebra en Pau (Francia) contra tres mercenarios de los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n (GAL), acusados del asesinato, en 1984, de dos refugiados vascos y del intento de asesinato de otras 10 personas, se hace cada vez m¨¢s presente en la sala de audiencia la figura invisible del subcomisario espa?ol Jos¨¦ Amedo. El comisario franc¨¦s Roger Bosl¨¦, antiguo responsable de la desarticulaci¨®n de los comandos de los GAL en la zona de Bayona, ha testimoniado ante el tribunal que la verdadera identidad de uno de los contactos de estos grupos, conocido como Ricardo, era la del funcionario espa?ol. Pruebas de bal¨ªstica realizadas sobre las armas usadas por los acusados en sus fechor¨ªas criminales se?alan un mismo origen, a este lado de los Pirineos, para el Batall¨®n Vasco Espa?ol (BVE), que actu¨®, a caballo de los a?os setenta y ochenta, a ambos lados de la frontera franco-espa?ola, y para los GAL, lo que refuerza la creencia popular de que unos y otros no han sido sino los mismos perros, aunque con distintos collares.Sin duda, estas nuevas actuaciones sumariales, que se a?aden a otras ya existentes en Francia y en Portugal, ser¨¢n aportadas en su momento al juez espa?ol que investiga el alcance de la documentaci¨®n presentada por la justicia francesa sobre la presunta relaci¨®n del subcomisario Amedo con las actividades de los GAL. La evoluci¨®n deljuicio de Pau est¨¢ dejando en el m¨¢s espantoso de los rid¨ªculos a los magistrados de la Audiencia Nacional que, recientemente, rechazaron el procesamiento de Amedo alegando que en la documentaci¨®n recogida por el juez instructor no hab¨ªa indicios de criminalidad, sino meras sospechas. Lo que se ha o¨ªdo en Pau ya no son imputaciones m¨¢s o menos cre¨ªbles de truhanes, mercenarios o hampones, interesados en echar sobre las espaldas de otros su responsabilidad. El salto cualitativo dado en la consistencia de las imputaciones contra el subcomisario espa?ol es importante, pues se trata del testimonio de un funcionario policial encargado de la investigaci¨®n de las actividades de los GAL y de pruebas periciales realizadas por expertos en bal¨ªstica.

La aparici¨®n de estos testimonios en un momento en que tambi¨¦n la justicia francesa tiene que decidir sobre la extradici¨®n a Espa?a del dirigente etarra Santiago Arr¨®spide, Santi Potros, constituye una prueba para la cooperaci¨®n que Francia y Espa?a mantienen contra la delincuencia terrorista. La cooperaci¨®n intemacional contra el terrorismo es la f¨®rmula -y no la ejecuci¨®n sumaria sobre el terreno- con la que los Estados democr¨¢ticos deben acabar con esa lacra de nuestro tiempo. Pero esa cooperaci¨®n entre Estados no s¨®lo debe atenerse escrupulosamente a sus leyes internas y a las normas bilaterales o multilaterales que espec¨ªficamente la regulan; tambi¨¦n debe ser beligerante contra cualquier forma de actividad terrorista, sin excluir aquella que pueda nacer en las propias entra?as del aparato del Estado, ser alentada desde la penumbra de los servicios secretos y financiada con el dinero de los contribuyentes.

Hasta ahora no puede decirse que la cooperaci¨®n franco-espa?ola contra el terrorismo no discurra por las v¨ªas del derecho y con el exigible control judicial. Francia utiliza, seg¨²n los casos, o bien el procedimiento -moral y pol¨ªticamente discutible, pero legal- de la entrega inmediata del sospechoso al pa¨ªs reclamante, o se atiene al proceso judicial de la extradici¨®n. En el caso del subcomisario Amedo, un extranjero del que existen indicios de haber participado en hechos terroristas en suelo franc¨¦s, Francia ha recurrido a la v¨ªa del auxilio judicial en materia penal, aportando a la justicia espa?ola los indicios de culpabilidad que obran en su poder. S¨®lo en el supuesto de que esta investigaci¨®n siga su curso con todas las garant¨ªas en los tribunales espa?oles, nuestro pa¨ªs estar¨¢ moral y legalmente cubierto ante el hipot¨¦tico recurso de Francia al procedimiento de la extradici¨®n. Lo que no deber¨ªa ocurrir en ning¨²n caso, en aras de la credibilidad de esa cooperaci¨®n internacional, es que tales delitos queden sin perseguir ni en un sitio ni en otro y, por tanto, impunes.