Ciudadanos y ciudadanos

HABR? MUCHOS ciudadanos espa?oles, y entre ellos el propio interesado, que quieran ver en la pelea que el humorista Pedro Ruiz mantiene con Hacienda -como la que otros famosos han sostenido m¨¢s o menos recientemente- una especie de trasunto de la batalla cotidiana que enfrenta al esforzado hombre de a pie, de quien siempre se supone la buena fe, contra el insaciable fisco. Con independencia de las fobias o filias que el personaje pueda despertar, esa transposici¨®n abusiva de sus problemas personales con las instancias recaudatorias del Estado es todo menos lo que el se?or Ruiz quiere hacer creer a sus incondicionales, entre los que se encontrar¨¢n, sin duda, miles de defraudadores. Y es que prevalerse de una situaci¨®n de popularidad para desnaturalizar el alcance real de sus querellas con Hacienda no est¨¢ al alcance del ciudadano medio espa?ol, al que no queda m¨¢s remedio que pasar por ventanilla o por el juzgado.Echando mano de su habilidad e ingenio, no le ha sido dificil a Pedro Ruiz dar un sesgo beneficioso a su conflicto. Desde hace meses, la imagen de un voraz, dilapidador e inquisidor fisco se ha convertido en un fil¨®n recurrid¨ªsimo en la actuaci¨®n profesional de este personaje. Podr¨¢n gustar o molestar sus ingeniosidades y ocurrencias a costa del af¨¢n recaudatorio del Estado y de las personas que hoy lo impulsan, juzgarse injustas, fr¨ªvolas o plenamente acertadas; lo que nadie puede dudar es que todas ellas caben en el amplio marco de libertad de expresi¨®n y de ejercicio de la cr¨ªtica de que hoy gozan los espa?oles.

Pero dicho esto, el hecho de dejar de pagar durante a?os los impuestos, que es el supuesto que anima la particular batalla de Ruiz, ni puede ser pasado por alto ni aprobado tampoco desde los criterios de igualdad legal y solidaridad social que deben animar la convivencia ciudadana. Es incontestable que la dimensi¨®n fiscal del Estado moderno est¨¢ siendo percibida por los ciudadanos espa?oles con n¨²edo y con preocupaci¨®n. Culpa de ello la tienen los m¨¦todos amenazantes y con frecuencia dudosamente legales utilizados para recaudar impuestos. La propia indefinici¨®n del delito fiscal, lo que facilita m¨¢s que nada su empleo como arma intimidatoria contra los contribuyentes, y los sistemas de trabajo de la inspecci¨®n tributaria abonan este estado de cosas. Defenderse de estos m¨¦todos y de los propios impuestos, en lo que tengan de desmesurados e injustos, es un derecho de los ciudadanos, que pueden recurrir a los instrumentos legales y pol¨ªticos de la democracia y a la creaci¨®n de estados de opini¨®n. Pero pasar del pago de impuestos es simplemente inaceptable.

Quienes as¨ª act¨²an, sean ciudadanos conocidos o an¨®nimos, intentan amparar su conducta en la sospecha de que parte de lo recaudado se pierde en un excesivo gasto p¨²blico o en despilfarros de gesti¨®n, en vez de ir a parar a lo que justifica la facultad recaudatoria del Estado: la mejora de los servicios p¨²blicos, tan deficitarios y llenos de graves carencias todav¨ªa, como los contribuyentes tienen ocasi¨®n de comprobar d¨ªa a d¨ªa. Pero ni el derecho leg¨ªtimo a conocer el destino de los impuestos e, incluso, a exigir responsabilidades por sus desviaciones, ni el posible agravio comparativo, son causas suficientes para que el ciudadano act¨²e por su cuenta y a su manera.

Una campa?a sistem¨¢tica de descr¨¦dito del sistema fiscal, como otras que se llevan a cabo contra el aparato parlamentario, es tambi¨¦n un ataque a las libertades democr¨¢ticas y al r¨¦gimen de convivencia que la Constituci¨®n ampara.