Expediente a una funcionaria que se niega a trabajar por no soportar el humo del tabaco

Francisca Llabr¨¦s, auxiliar administrativa de la Secci¨®n Cuarta de la Audiencia de Barcelona, no soportaba el tabaco y lleg¨® incluso a desmayarse a causa del aire viciado que respiraba. El 27 de enero de 1986, cinco meses despu¨¦s de que entrara en vigor la ley del Parlamento catal¨¢n que proh¨ªbe fumar en las oficinas p¨²blicas, Francisca Llabr¨¦s present¨® una instancia pidiendo su traslado a otra secci¨®n menos contaminada. Dos a?os despu¨¦s, la funcionaria lleva ya nueve meses sin trabajar exigiendo que se cumpla la ley, por lo que le ha sido abierto un expediente disciplinario.

El anterior presidente de la Audiencia Territorial, Jaime Amig¨® de Bonet, resolvi¨® la petici¨®n de traslado de la funcionaria con rapidez -"no ha lugar a concederle lo socilicitado"- y congruencia: "H¨¢gase saber a los secretarios de todas las salas y secciones" que deben hacer cumplir la ley del 25 de julio de 1985. Pero la ley no se cumpli¨® y Francisca Llabr¨¦s volvi¨® a dirigirse al presidente para pedir, esta vez con mayor contundencia, que se arbitrara el modo de "asegurar el debido acatamiento de la norma legal".La siguiente decisi¨®n del presidente fue tambi¨¦n r¨¢pida, pero de signo totalmente distinto: "La forma y escasez de las dependencias del Palacio de Justicia no permiten establecer mayores separaciones", por lo que dispuso que la funcionaria fuese trasladada al archivo.

Pero si en las oficinas hab¨ªa humo, en el archivo encontr¨® polvo e insectos. No se le encomendaron, como esperaba, tareas administrativas, sino atar legajos viejos. Un a?o despu¨¦s, la directora del archivo, Carmen Larrucea, puso en conocimiento del presidente de la Audiencia que la funcionaria ten¨ªa formaci¨®n de auxiliar administrativa, por lo que no pod¨ªa estar adscrita a ese servicio y que, adem¨¢s, se negaba a realizar los trabajos por las condiciones higi¨¦nicas que sufr¨ªa.

La situaci¨®n en el archivo se hizo cada vez m¨¢s tensa hasta que, al ver que no llegaba el traslado, varios de los empleados comenzaron a fumar ostensiblemente y cada ma?ana, Francisca Labr¨¦s llegaba al archivo, ol¨ªa el tufillo de los cigarrillos encendidos, y se ausentaba, primero a ratos, y luego ya por todo el resto de la jornada laboral.

A partir de aqu¨ª, el asunto comenz¨® a adquirir tintes de novela kafkiana. La Sala de Gobierno abri¨® unas diligencias informativas, de las que fue designado instructor el magistrado Adolfo Fern¨¢ndez Oubi?a. El instructor apreci¨® en el archivo "un aire de pulcritud realmente excepcional", e hizo constar que la directora le hab¨ªa pedido el traslado de Francisca Llabr¨¦s "pues no ten¨ªa m¨¢s actividad que la de molestar".

El magistrado afirm¨® en su resoluci¨®n que "el temor que siente [la funcionaria] por su salud ( ... ) parece superar los l¨ªmites de lo normal para alcanzar lo enfermizo, hasta el extremo de impedirle la vida de relaci¨®n", lo que te llev¨® a proponer "la incoaci¨®n de un expediente de incapacidad" contra ella.

"?Con o sin internamiento en centro psiqui¨¢trico?", replic¨® ella ante la Sala de Gobierno: "Ser¨ªa el primer caso, en pa¨ªses de r¨¦gimen democr¨¢tico, en que se incapacitase a una persona por pedir el cumplimiento de una ley en un Palacio de Justicia". La Sala de Gobierno acord¨® que las actuaciones pasaran al ministerio fiscal "para informe".

Alejandro del Toro fue el fis cal encargado de contrastar la versi¨®n del magistrado. Y lo hizo. Del Toro apreci¨® en su in forme que la funcionaria planteaba "el ineludible derecho a su salud"; consider¨® "en absoluto apropiado y dudosamente normativo" su traslado al archivo; describi¨® un cuadro de contaminaci¨®n realmente insalubre y concluy¨® que no hab¨ªa lugar a considerar la propuesta de incapacitaci¨®n.

Del Toro hac¨ªa constar que, en su opini¨®n, "no se trata de un caso ins¨®lito ni anecd¨®tico, sino que, en efecto, la se?ora Llabr¨¦s Pujol pena especial alergia a las poluciones y, en especial, a la nicot¨ªnica".

Finalmente, el fiscal, en un intento de encontrar una soluci¨®n digna al problema, propuso el traslado de la funcionaria "bien a donde la propia quejante propone, bien a la oficina de informaci¨®n", ¨²nica dependencia en la que "puede evitarse la inhalaci¨®n tab¨¢quica".

La Sala de Gobierno decidi¨® trasladarla a la oficina de informaci¨®n, una cabina solitaria en la entrada del edificio. Ella se neg¨® a aceptar el traslado: "Lo que quiero es que se cumpla la ley", dice.

Con esta decisi¨®n, su caso, que inicialmente contaba con la simpat¨ªa de los sectores progresistas de la Audiencia, comenz¨® a perder apoyos. "El que no se cumpla la ley no le exime de venir a trabajar. Se ha equivocado, la suya es una postura muy c¨®moda", dicen algunos.

Desviaci¨®n de poder

Ella se defiende: "?Por qu¨¦ he de sacrificarme yo para que los dem¨¢s puedan seguir practicando su toxicoman¨ªa e incumpliendo una ley que me ampara?". El 19 de marzo pasado le abrieron un expediente disciplinario. "?Y por qu¨¦ se me abre un expediente a m¨ª y en cambio no se expedienta a los secretarios que no cumplieron la orden del presidente, en la que les indicaba claramente que deb¨ªan aplicar la ley?", concluye.La historia amenaza con complicarse porque Francisca Llabr¨¦s ha recurrido la decisi¨®n alegando que se trata de un traslado forzoso y que la Sala de Gobierno no tiene competencias para decidirlo, por lo que lo considera nulo de pleno derecho y sin efecto jur¨ªdico. Y, para remate, acusa a la Sala de Gobierno de desviaci¨®n de poder, es decir, de haber usado el poder para fines distintos a los fijados por el ordenamiento jur¨ªdico.