La mayor¨ªa de los acusadores pidi¨® un aumento de penas para los aceiteros de la colza

El fiscal del caso de la colza Eduardo Fungairi?o y la mayor¨ªa de los acusadores aumentaron ayer, en diversos grados, las penas que solicitan para los aceiteros procesados por el envenenamiento masivo que ha causado m¨¢s de 600 muertos desde la primavera de 1981. Este aumento es intrascendente en casi todos los casos, puesto que para los principales implicados ya se solicitaban penas de miles de a?os de c¨¢rcel que exceden en mucho el m¨¢ximo per¨ªodo de prisi¨®n establecido legalmente en Espa?a que son 30 a?os.

El fiscal del caso, Eduardo Fungairi?o, en su nuevo escrito, concret¨® las penas que solicita para cada procesado, lo que no hab¨ªa hecho en sus conclusiones provisionales, en las que debido a la diversidad de categor¨ªas ole acuerdo con las lesiones de los afectados, s¨®lo se pod¨ªa establecer que la petici¨®n -m¨ªnima eran 10.000 a?os, hasta un m¨¢ximo de 100.000.Las penas pedidas para los principales acusados son: 61.875 a?os de c¨¢rcel para Enric Salom¨®; 60.774, para Ram¨®n Alabart; 60.535 para los hermanos Ram¨®n y El¨ªas Ferrero y su socio Candido Hern¨¢ndez Gal¨¢n; 60.526 para los hermanos Juan Miguel y Fernando Bengoechea y Jorge Pich, y de 1.125 a?os para los hermanos Tom¨¢s y Agust¨ªn Baviera. Para los restantes acusados se confirman las penas solicitadas, muy inferiores, o la absoluci¨®n para 11 de ellos. El fiscal incluy¨® tambi¨¦n sobre el acuerdo entre los acusados m¨¢s importantes para enriquecerse desviando el aceite de uso industrial al consumo humano.Entre las maquinaciones realizadas por estos acusados, seg¨²n el fiscal, figura el importar aceite de colza en grandes cantidades, con licencias de importanci¨®n en unas ocasiones y disimulando la verdadera naturaleza del producto en otras; el poner en funcionamiento una refiner¨ªa fuera de uso hasta aquel momento, e incluso, el realizar pruebas para apreciar el efecto del refino en las partidas marcadas para uso industrial.Estafas y falsedades

Todos los acusadores, excepto Jos¨¦ Merino y Juli¨¢n Rubio, sostuvieron que el aceite de colza desnaturalizado procedente de Francia e importado por Rapsa fue el ¨²nico origen del envenenamiento, y la mayor¨ªa descart¨® que el aceite de contrabando introducido por el puerto de Barcelona por Miguel Par, era inocuo.

Merino, cuyo despacho profesional llev¨® al principio del proceso, la acusaci¨®n y la defensa simult¨¢nea de uno de los procesados, y Rubio, abogado de la Asociaci¨®n Fuentox, que cree que el tomate es la causa de la enfermedad, afirmaron que no se hab¨ªa probado la relaci¨®n de causa a efecto entre la ingesti¨®n de aceite y la muerte o lesiones de los afectados.

Fernando Salas, que se ha adherido a la petici¨®n del fiscal, destac¨® en su escrito las "serias dudas de conciencia" que ha tenido al achacar al aceite la causa de la enfermedad.

Previamente, hubo una guerra de comunicados en los que Francisca Sauquillo y Jos¨¦ Manuel G¨®mez Ben¨ªtez atacaron a los letrados que, present¨¢ndose como acusadores, sostienen las tesis de la defensa, a los que acusaron de falta de ¨¦tica.

Merino y Rubio se dieron por aludidos y destacaron que Sauquillo y G¨®mez Ben¨ªtez no deben monopolizar la ¨¦tica profesional y los calificaron de demagogos y oportunistas.

Otros abogados modificaron la calificaci¨®n jur¨ªdica de los hechos, aunque pr¨¢cticamente todos coincidieron en que se trata de uno o varios delitos contra la salud p¨²blica con resultado de homicidio y lesiones, estafas y falsedades de documentos.

Ayer s¨®lo expusieron las conclusiones definitivas los acusadores, puesto que el tribunal ampli¨® hasta el 9 de mayo el plazo de las defensas para realizar el mismo tr¨¢mite.