Privatizacion y pol¨ªtica industrial

Hace unos d¨ªas, el secretario de Estado de Econom¨ªa public¨® en estas mismas p¨¢ginas un art¨ªculo sobre la privatizaci¨®n de empresas p¨²blicas, que constituye una oportuna y notable contribuci¨®n a la elaboraci¨®n de un modelo te¨®rico sobre un fen¨®meno, como el de la privatizaci¨®n del sector p¨²blico. El precitado art¨ªculo se centraba en el an¨¢lisis de las razones que explican el proceso y las consecuencias econ¨®mics que cabe extraer, a sobre todo en relaci¨®n con el d¨¦ficit p¨²blico. En s¨ªntesis, cabr¨ªa distinguir, seg¨²n el autor, los siguientes motivos: a) reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico; b) lograr una mejor gesti¨®n de las empresas al ser transferidas a manos privadas; c) ideol¨®gico-pol¨ªticas, y d) con tribuir a ampliar el mercado burs¨¢til incorporando nuevos inversores. Aceptando como base de partida esta propuesta tipol¨®gica, vamos a intentar deducir algunas conclusiones econ¨®micas e ideol¨®gicas que se desprenden de su hipot¨¦tico patrocinio de un proceso privatizador, siempre en el plano de la reflexi¨®n te¨®rica y bajo el su puesto, tan caro a los economistas como dif¨ªcil de sostener en la realidad, del c¨¦teris p¨¢ribus. Si la raz¨®n para privatizar es disminuir el d¨¦ficit p¨²blico, cabe preguntarse, al margen del ambiguo resultado financiero del proceso, como muy bien se?ala el secretario de Estado de Econom¨ªa -incorp¨®rese a esa ambig¨¹edad el esfuerzo de saneamiento previo que suelen exigir los compradores-, si la aplicaci¨®n de ese criterio no puede conllevar consecuencias econ¨®micas perversas, muy superiores al presunto beneficio que se trata de alcanzar. En efecto, una pol¨ªtica privatizadora por raz¨®n de d¨¦ficit llevar¨ªa a realizar en el mercado aquellos activos productivos que tengan mejor acogida -es decir, mayor precio-, con independencia de que esa venta desmantele o entre en contradicci¨®n con la pol¨ªtica industrial, incluida la referente a la empresa p¨²blica, presuntamente dise?ada por el Gobierno, de que se trate. Llevada a sus ¨²ltimas consecuencias te¨®ricas, esa pol¨ªtica conducir¨ªa a propugnar, tras la disminuci¨®n del d¨¦ficit, la obtenci¨®n de super¨¢vit y, en definitiva, a vender todo, el tejido p¨²blico industrial que tenga un precio, permaneciendo en el Estado s¨®lo aquellas empresas por las que hab¨ªa que pagar para que fueran adquiridas por terceros. Al final del proceso se habr¨ªa coincidido de hecho con la privatizaci¨®n ideol¨®gico-pol¨ªtica.

Otra reflexi¨®n adicional cabe hacer, igualmente perturbadora para las buenas conciencias econ¨®micas: si se trata de combatir el d¨¦ficit, ?por qu¨¦ no optar por la expansi¨®n empresarial del sector p¨²blico, en la econom¨ªa, penetrando en mercados de elevada rentabilidad, de los que suele estar ausente, de forma que las rentas obtenidas por su actividad empresarial a medio plazo -a corto, l¨®gicamente, supone un incremento del gasto- contribuyan positivamente a la financiaci¨®n del sector p¨²blico y al desarrollo econ¨®mico general? No se descarte absolutamente esta opci¨®n, l¨®gicamente coherente, por razones pr¨¢cticas: se pueden encontrar antecedentes.

En definitiva, no parece que el argumento antid¨¦ficit sea una v¨ªa razonable para privatizar empresas p¨²blicas, o al menos que est¨¦ exento de cr¨ªticas y consecuencias perversas de toda ¨ªndole. Mucho m¨¢s ortodoxo parece, sobre todo si se trata de d¨¦ficit coyunturales o c¨ªclicos, proceder a financiarlo por otras v¨ªas, desde el endeudamiento a la mejora de la gesti¨®n del gasto p¨²blico, y desde luego afrontar a los voceros ideol¨®gicos interesados que hoy claman contra la expansi¨®n del gasto-d¨¦ficit p¨²blico -de la que pueden ser los primeros beneficiarios- y al mismo tiempo, o ma?ana, reclaman ayudas adicionales, tratos de favor o denuncian el mal estado de servicios esenciales, cuyas carencias pueden tener origen en el elevado volumen de recursos p¨²blicos que ellos absorben.

Si el argumento para privatizar es lograr una mejor gesti¨®n de las empresas, cabe igualmente hacer determinadas precisiones. En primer lugar, no parece existir ninguna explicaci¨®n racional, ni siquiera de origen cromos¨®mico, para sostener que la gesti¨®n privada es aprior¨ªsticamente mejor que la p¨²blica o viceversa. Hay buenos y malos gestores p¨²blicos y privados, como la realidad confirma, al margen quedan las preferencias ideol¨®gicas de cada cual.

Mantener lo contrario -en nuestro caso, considerar que la gesti¨®n privada es mejor per se conducir¨ªa, en l¨®gica consecuencia, a realizar todo el sector p¨²blico que fuese posible, en cuanto que ello conllevar¨ªa un mayor ¨®ptimo de bienestar colectivo, coincidiendo en la pr¨¢ctica con quienes propugnan una privatizaci¨®n radical por razones ideol¨®gicas.

En relaci¨®n con la privatizaci¨®n pol¨ªtica, cabe reconocer su coherencia: supone la aplicaci¨®n consecuente y sin mala conciencia, hasta las pen¨²ltimas consecuencias, del famoso principio ideol¨®gico de la subsidiariedad del sector p¨²blico. Como cualquier visi¨®n normativa aplicada sin matices, deviene en irracional por extremista, aunque obtenga dividendos pol¨ªticos para sus propugnadores durante cierto n¨²mero de a?os, al calor de errores ajenos y coyunturas favorables.

Privatizaci¨®n pol¨ªtica

Por ¨²ltimo, no parece que la persecuci¨®n de una mayor amplitud del mercado de valores sea un argumento s¨®lido para proceder a privatizaci¨®n alguna. A lo sumo, ello ser¨¢ una consecuencia del proceso, limitada por dem¨¢s, incluso si se procede a la privatizaci¨®n generalizada de un sector p¨²blico empresarial muy importante. En cualquier caso, estar¨ªamos nuevamente en el campo de la privatizaci¨®n pol¨ªtica.

Las reflexiones hasta aqu¨ª realizadas conducen a presentar fuertes reparos; se pretende que desde la racionalidad econ¨®mica a las privatizaciones realizadas de acuerdo con la tipolog¨ªa propuesta en su tribuna por Guillermo de la Dehesa. De ello no puede inferirse la inconveniencia de cualquier proceso privatizador, sea ¨¦ste total o parcial. Ahora bien, la bondad te¨®rica de actuaciones de este tipo exige, en nuestra opini¨®n, incorporar a la tipolog¨ªa propuesta un nuevo motivo: la privatizaci¨®n por razones de pol¨ªtica industrial, determinada ¨¦sta a su vez por una estrategia coherente de desarrollo econ¨®mico.

Esta visi¨®n del proceso supone asumir inmediatamente, y con id¨¦ntico alcance, su contrario: la potenciaci¨®n o creaci¨®n de otras empresas p¨²blicas, siempre que ello sea necesario para la obtenci¨®n de un ¨®ptimo de bienestar de nivel superior, superando la discusi¨®n, m¨¢s propia del Bizancio de la alta Edad Media que de la racionalidad econ¨®mica acerca de la subsidiariedad, la composici¨®n y el tama?o de los sectores productivos p¨²blico y privado.

Las privatizaciones que se realicen de acuerdo con el criterio precedente obedecer¨¢n a razones end¨®genas de la propia pol¨ªtica industrial, no a la utilizaci¨®n de aqu¨¦llas para la satisfacci¨®n de fines de pol¨ªtica econ¨®mica, que puede conseguirse m¨¢s ortodoxamente mediante otros instrumentos.'Supone asumir una visi¨®n din¨¢mica del sector p¨²blico empresarial, la conveniencia de cuya existencia no se objeta que lleva a abandonar y penetrar en empresas y sectores econ¨®micos de acuerdo con las necesidades del bienestar y desarrollo generales.

El prerrequisito necesario para la realizaci¨®n de una pol¨ªtica de privatizaci¨®n de este tipo -supuesta la existencia de estrategia de desarrollo, pol¨ªtica industrial y definici¨®n del papel del sector p¨²blico empresarial dentro de la misma- ser¨ªa la ausencia, en t¨¦rminos razonables, de restricciones econ¨®micas significativas de origen presupuestario que sesguen inadecuadamente la decisi¨®n de los gestores.