Perder el futuro

LA CALIDAD de la ense?anza es uno de los factores determinantes del futuro de cada pa¨ªs. Por eso, hace cinco a?os se pensaba que la voluntad reformista con que el PSOE accedi¨® al poder tendr¨ªa una traducci¨®n r¨¢pida en la educaci¨®n. No ha sido as¨ª; no en la medida de las expectativas. Y si es cierto que se ha producido una extensi¨®n social y territorial de ese servicio p¨²blico, la calidad del mismo sigue siendo muy baja, tanto en la Universidad como en los otros niveles educativos. El actual conflicto de los maestros, un a?o despu¨¦s de las movilizaciones estudiantiles, cobra, por ello, valor de s¨ªntoma de los fracasos y dificultades con que se enfrenta el Gobierno a la hora de cumplir sus promesas de modernizaci¨®n de la sociedad.Antes de comentar el conflicto concreto que hoy nos ocupa conviene una reflexi¨®n sobre el fracaso de la pol¨ªtica de Felipe Gonz¨¢lez en el terreno de la democratizaci¨®n del Estado, la reforma administrativa y sus consecuencias negativas para el funcionamiento general de los servicios en este pa¨ªs, precisamente en los sectores en los que se pod¨ªa esperar m¨¢s de un equipo de izquierdas: educaci¨®n, sanidad y justicia. Naturalmente que ser¨ªa injusto echarle todas las culpas al Gobierno, pero ¨¦ste tiene la mayor parte de ellas y, en cualquier caso, la responsabilidad pol¨ªtica de enfrentar una situaci¨®n que empeora por momentos y frente a la que la oposici¨®n, fuera del oportunismo de sus pronunciamientos, no ofrece alternativa fiable alguna.La principal exigencia de los profesores en huelga es su equiparaci¨®n salarial con los funcionarios adscritos a otras ¨¢reas de la Administraci¨®n. De un tiempo a esta parte, el corporativismo rampante de los sindicatos, encastillados en el sector p¨²blico, tiende a expresarse en el terreno del agravio comparativo. No se argumenta que tal colectivo deba ganar m¨¢s en funci¨®n de su rendimiento social, la responsabilidad de su labor o la intensidad de su trabajo, sino de que otros colectivos cobran m¨¢s. La din¨¢mica que esa actitud abre resulta incontrolable: cualquier acuerdo con un sector en conflicto se puede convertir en espoleta para el estallido de otro sector que nuevamente podr¨ªa sentirse discriminado por otros motivos, en una escalada sin fin. De ah¨ª el riesgo de una pol¨ªtica basada en el apaciguamiento sectorial mediante la inyecci¨®n de partidas presupuestarias extraordinarias. El problema no es s¨®lo de dinero, y esa situaci¨®n corre el riesgo de reproducirse hasta el infinito mientras no se acometa la reforma de la Administraci¨®n p¨²blica, algo que ning¨²n Gobierno ha intentado con un m¨ªnimo de seriedad. Una reforma que no s¨®lo actualice los sistemas de acceso y los mecanismos que favorezcan la movilidad de los funcionarios, sino que establezca criterios de retribuci¨®n racionales acordes con la realidad social y determine las obligaciones que corresponden a esos funcionarios dentro de una Administraci¨®n moderna. Y que se produzca tras un amplio debate social que busque, antes que contentar al funcionariado mismo, el consenso de la sociedad sobre unos determinados objetivos.