El secuestro de la fe p¨²blica

EL AMAGO por parte del Ministerio de Hacienda de modificaci¨®n del tradicional r¨¦gimen retributivo de notarios y registradores de la propiedad -hasta ahora regulado por un sistema de aranceles- ha originado algo m¨¢s que p¨¢nico en tan privilegiados cuerpos. Notarios y registradores obtienen unos alt¨ªsimos ingresos por la venta, como si de servicios profesionales de particulares se tratara, del ejercicio de una funci¨®n p¨²blica. Los criterios distintos que sobre la cuesti¨®n han mantenido los ministerios de Solchaga y de Ledesma -los registros y el notariado pertenecen a la jurisdicci¨®n del ministro de Justicia- han servido para que de momento el Gobierno deje las cosas como estaban. Es decir, que se mantenga una pr¨¢ctica m¨¢s propia de la sociedad estamental que de un pa¨ªs moderno.El inter¨¦s de Hacienda era fundamentalmente recaudatorio: controlar mediante un sistema de tasas a ingresar directamente en el Tesoro los impuestos derivados de los negocios jur¨ªdicos y su inscripci¨®n registral. Sin embargo, al intentar sustituir el arancel, cuya cuant¨ªa va directamente a los bolsillos de notarios y registradores de la propiedad, por las tasas, Hacienda pon¨ªa el dedo en la esencia misma de un sistema que tan altos beneficios reporta a esos profesionales a costa de gravar los bolsillos de los ciudadanos con un mayor encarecimiento del tr¨¢fico juridico de documentos y bienes.

La ofensiva soterrada que los directos beneficiarios del sistema han desencadenado para paralizar la medida es por ello m¨¢s que comprensible, aunque haya dejado al descubierto la concepci¨®n patrimonialista que en estos cuerpos de elite se sigue teniendo del Estado y de los servicios p¨²blicos que se prestan a la comunidad. Pero lo que no tiene justificaci¨®n alguna es la actitud del Gobierno, tan d¨¦bil frente a grupos poderosos que disponen todav¨ªa de considerables medios de presi¨®n sobre el poder pol¨ªtico y sobre la c¨²spide administrativa del Estado como implacable frente a los ciudadanos m¨¢s d¨¦biles y desamparados.

En todo caso, Hacienda no se va a ir de vac¨ªo al remover las aguas de estas bolsas gremiales que monopolizan para s¨ª el servicio de lafe p¨²blica: los interesados, a fin de evitar males mayores para sus ingresos y su fortuna, est¨¢n dispuestos a dar a su actividad una mayor transparencia fiscal, lo que redundar¨¢ en un aumento sustancial de los ingresos del Tesoro p¨²blico.

A cambio, claro est¨¢, de que no sea tocado lo fundamental de un sistema que pugna con los criterios de eficacia y racionalidad que deben caracterizar una Administraci¨®n p¨²blica moderna y aunque de rebote ello signifique un mayor coste del servicio para los ciudadanos. Efectivamente, el proyecto de ley de Tasas y Precios P¨²blicos, que consagra la retribuci¨®n arancelaria de notarios y registradores, establece que su aplicaci¨®n se har¨¢ de acuerdo con el valor real del negocio jur¨ªdico. Ello evita el fraude fiscal, pero a costa de disparar su coste final para el ciudadano en cuanto destinatario del servicio y en cuanto contribuyente.

Sin duda no se puede equiparar sin m¨¢s la funci¨®n del notario y la del registrador de la propiedad. El primero otorga personalmente la fe p¨²blica, y al menos en teor¨ªa realiza directamente tareas de asesoramiento sobre la naturaleza del negocio jur¨ªdico, adem¨¢s de contribuir a la agilizaci¨®n del tr¨¢fico mercantil. La tarea del segundo se reduce pr¨¢cticamente a ser el titular de un servicio p¨²blico, el registro, que dispensa la fe p¨²blica en cuanto instituci¨®n. Unido esto a que los primeros compiten entre s¨ª y los segundos monopolizan una circunscripci¨®n territorial, se explica la tendencia europea a profesionalizar cada vez m¨¢s a los notarios, aunque intervenidos obviamente por el Estado, y funcionarizar en todos ios aspectos a los registradores de la propiedad. Lo mismo que ya ocurre en Espa?a con los funcionarios del Registro Civil o los de la Propiedad Industrial.

Nadie pone en duda la alta calidad de la funci¨®n de los registradores, pero no se puede decir que sea mayor que la de jueces, fiscales y abogados del Estado, que tienen a su cargo la protecci¨®n de bienes de superior entidad que la propiedad, como los derechos, de la persona o la defensa de la legalidad. Por eso, justificar con tan falaz argumento el monopolio de un servicio p¨²blico en provecho de unos constituye un intolerable agravio comparativo para los otros, y apenas oculta un juicio menospreciativo de su funci¨®n. Y sobre todo su perpetuaci¨®n es todo un anacronismo incrustrado en un Estado que se quiere cada vez m¨¢s moderno pero que no es capaz de acabar con servidumbres que retrotraen al espa?ol de hoy a la ¨¦poca de los siervos de la gleba.