El extranjero

ESPA?A HA sido hasta fecha reciente un pa¨ªs exportador de mano de obra. Las divisas procedentes de las remesas enviadas por el mill¨®n largo de emigrantes espa?oles residentes en Europa hasta mediados de la d¨¦cada pasada contribuyeron decisivamente a equilibrar la balanza de pagos en los a?os en que se produjo el despegue econ¨®mico en nuestro pa¨ªs. Esa emigraci¨®n, m¨¢s la producida en las d¨¦cadas anteriores a Suram¨¦rica -tan s¨®lo en el consulado espa?ol de Buenos Aires hay inscritos 600.000 gallegos-, permiti¨® mantener el desempleo en niveles tolerables. La situaci¨®n se ha invertido en los ¨²ltimos 15 a?os. Hoy hay en Espa?a unos 700.000 trabajadores extranjeros, de los que aproximadamente la mitad se encuentran en precaria situaci¨®n jur¨ªdica. Muchos de esos trabajadores est¨¢n siendo v¨ªctimas de las mismas humillaciones que numerosos compatriotas padecieron antes en los pa¨ªses de la Europa desarrollada. El dram¨¢tico c¨ªrculo vicioso en que tantos espaffloles se sintieron atrapados (no se conced¨ªa permiso de residencia sin el contrato de trabajo, para obtener el cual era imprescindible contar con permiso de residencia) tiende ahora a reproducirse entre nosotros.Las ambig¨¹edades de la legislaci¨®n sobre extranjeros permiten actuaciones gubernativas y policiales de car¨¢cter arbitrario. La instituci¨®n del Defensor del Pueblo prepara un informe en el que se constata que siguen produci¨¦ndose expulsiones de extranjeros sin intervenci¨®n de los jueces, pese a que el Tribunal Constitucional, en resoluci¨®n de julio pasado, estableci¨® la obligatoriedad de control judicial sobre cualquier decisi¨®n gubernativa que afectase a los derechos de los ciudadanos extrai eros. El Defensor del Pueblo se ve en la obligaci¨®n de recordar tambi¨¦n que la decisi¨®n de internamiento de extranjeros previa a su expulsi¨®n compete a los jueces y no a la polic¨ªa, y de reiterar recomendaciones como la de facilitar un int¨¦rprete a las personas sometidas a procedimiento de expulsi¨®n.

En las terminales de internacional de los aeropuertos espa?oles hay dos salidas, una para ciudadanos procedentes de los pa¨ªses de la Comunidad Europea y otra colocada bajo el expresivo r¨®tulo de otros. Los que se ven obligados a integrarse en la cola que circula bajo este ¨²ltimo dintel se ven forzados a demostrar que poseen una tarjeta personal de cr¨¦dito con fondos suficientes o un m¨ªnimo de 3.000 d¨®lares, adem¨¢s de un billete de regreso. El reci¨¦n llegado es interrogado, con mayor o menor celo seg¨²n el pa¨ªs de origen, su aspecto indumentario o el talante del interrogador, sobre sus intenciones, a fin de asegurarse de que no piensa intentar ganarse la vida ejerciendo su oficio en Espa?a. El sistema no sirve para evitar la entrada de traficantes de droga, pero puede resultar muy eficaz para devolver a su pa¨ªs de origen a familias de tez oscura que llegan huyendo del hambre, de la guerra o de la persecuci¨®n. El Ministerio del Interior ha anunciado su intenci¨®n de hacer algo m¨¢s estrecha la trama del cedazo: se va a aumentar la cantidad m¨ªnima de dinero a acreditar para no ser sospechoso.

Pero las irregularidades o los abusos administrativos no dejan de reflejar los prejuicios de buena parte de la poblaci¨®n espa?ola. As¨ª, dista de ser infrecuente que las mismas educadas personas que rechazar¨ªan indignadas cualquier comparaci¨®n con el mensaje racista de un Le Pen teoricen con ingenio castizo el rechazo de los suramericanos que aspiran a trabajar entre nosotros: sudaca es una expresi¨®n cuya pronunciaci¨®n oculta con frecuencia intenciones descalificadoras, a veces como escudo frente a la propia incompetencia. En noviembre pasado, una asociaci¨®n de defensa de los inmigrantes africanos present¨® una denuncia contra dos bares de la provincia de L¨¦rida en los que se negaban a servir sus consumiciones a ciudadanos negros. En Francia hay un extranjero por cada 13 habitantes, y uno por cada seis en Suiza. En Espa?a suponen el 2% de la poblaci¨®n. El argumento de que con tres millones de parados hay que garantizar los derechos preferenciales de los nacionales no basta para justificar la inhumanidad creciente de los comportamientos. S¨®lo con que regresasen los espa?oles censados en los consulados espa?oles de Argentina, el n¨²mero de parados aumentar¨ªa en dos millones de personas.