Cerco a la tortura

LAS RESPUESTAS dadas por el ministro del Interior a los requerimientos del Defensor del Pueblo sobre casos de torturas o malos tratos en comisar¨ªas y cuarteles de la Guardia Civil indicar¨ªan, de creerlas, la preocupante degradaci¨®n f¨ªsica y ps¨ªquica en la que parecen caer los espa?oles, no se sabe obedeciendo a qu¨¦ extra?os impulsos, en cuanto ponen un pie en esas dependencias. O son unos masoquistas, y ello explicar¨ªa su irreprimible tendencia a autolesionarse, o son poco menos que parapl¨¦jicos o ciegos y, por ello, resbalan f¨¢cilmente, se caen por las escaleras o se golpean contra las paredes. Como creemos en la salud mental y f¨ªsica de nuestros conciudadanos m¨¢s que lo que sugieren esas f¨®rmulas estereotipadas a las que, por deformaci¨®n profesional o por el peso de h¨¢bitos del pasado, se sigue recurriendo para salir del paso ante situaciones comprometidas, nos parece muy dudoso que lo realmente sucedido tenga nada que ver con lo relatado en ese tipo de versiones.El informe elaborado por el Defensor del Pueblo sobre la actuaci¨®n de los responsables del Ministerio del Interior ante los casos de presuntas torturas policiales constituye, en realidad, una denuncia en toda regla del sistema que rige -que no rige, habr¨ªa que decir- en dicho departamento para la investigaci¨®n de estos supuestos. Todo se cuece entre los mismos. Los posibles investigados se arrogan el papel de investigadores y son quienes dictaminan sobre lo sucedido. No existe una verdadera indagaci¨®n interna en manos de un instructor imparcial que recabe informaci¨®n contradictoria en el seno del n¨²cleo policial sobre el que recae la denuncia. As¨ª, existen todas las probabilidades de que los intereses y vicios corporativistas se impongan sobre la verdad de los hechos y de que la investigaci¨®n que resulte no pase de ser un suced¨¢neo de tal. No sorprende que contra este sistema fuertemente autoprotector se estrellen las acciones emprendidas por el Defensor del Pueblo, y que hasta el propio Poder Judicial tenga dificultades en sortearlo cuando trata de averiguar alguna actuaci¨®n posiblemente delictiva.

Por si esto no bastase para poner en entredicho el cr¨¦dito de las versiones policiales sobre los casos de torturas a detenidos, los propios m¨¦dicos del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa acaban de darle la puntilla. Reconocen ¨¦stos lo que ven¨ªa siendo constatado desde antiguo en medios jur¨ªdicos: su condici¨®n de funcionarios, y, por tanto, sujetos a la disciplina de la autoridad policial correspondiente, despoja a sus informes m¨¦dicos de la m¨¢s elemental credibilidad ante los jueces y ante la sociedad. Su propuesta de que sean los m¨¦dicos forenses quienes asuman las tareas de reconocimiento de los detenidos en comisar¨ªas debe ser apoyada, aunque es m¨¢s que probable que encuentre en su camino todo tipo de resistencias. En todo caso, es una m¨¢s de las medidas urgentes que son necesarias para alejar las fundadas sospechas que pesan todav¨ªa sobre los centros policiales de detenci¨®n e impedir que se conviertan en lugares donde se incumpla impunemente la ley por quienes est¨¢n m¨¢s obligados a acatarla.

El respeto por los derechos del detenido, adem¨¢s de ser un imperativo legal, no puede ser considerado bajo ning¨²n concepto como obst¨¢culo para una actuaci¨®n policial digna. Y es deber inexcusable del Gobierno exigir el cumplimiento de la legalidad dentro de las comisar¨ªas y dem¨¢s centros de detenci¨®n, y, en caso de que se infrinja, colaborar en las investigaciones emprendidas por el Poder Judicial o por otras instituciones del Estado con competencias para ello. Mientras ello no sea as¨ª, los avances legales que se han dado en estos a?os en Espa?a para la erradicaci¨®n de los tratos inhumanos y degradantes al detenido -tipificaci¨®n del delito de torturas, asistencia letrada al detenido, h¨¢beas corpus, etc¨¦tera- ser¨¢n papel mojado. Y el campo seguir¨¢ estando abonado para casos como el del Nani.