Su?ol discrepa de los dict¨¢menes jur¨ªdicos

CARLOS G?MEZRafael Su?ol presidente del Banco de Cr¨¦dito Industrial (BCI), entidad p¨²blica, ha asegurado que su cargo es compatible con la pertenencia al consejo de administraci¨®n de la empresa privada Fuerzas El¨¦ctricas de Catalu?a, SA (FECSA).

El presidente del BCI sale as¨ª al paso de un dictamen jur¨ªdico de la propia Administraci¨®n, cuyos argumentos fueron recogidos ayer en un informaci¨®n publicada por EL PA?S, y en cuya conclusi¨®n se dice textualmente: "los presidentes de empresas p¨²blicas con participaci¨®n mayoritaria, directa o indirecta del Estado, son incompatibles con las funciones de los miembros de consejos de administraci¨®n de empresas privadas de cualquier tipo".

Rafael Su?ol, que consult¨® la compatibilidad de los cargos citados con el abogado del Estado de su banco, cree que su caso se encuentra entre las excepciones previstas en el art¨ªculo 62 de la ley de incompatibilidades ya que act¨²a de consejero de FECSA en representaci¨®n del 4,5% de las acciones del BCI en dicha empresa (este hecho figuraba tambi¨¦n recogido en la informaci¨®n publicada por este diario). Suflol a?ade, adem¨¢s, que no percibe remuneraci¨®n alguna como consejero de FECSA.

Nieves Rodr¨ªguez, consejera delegada de la Caja Postal y miembro del consejo de administraci¨®n de Telef¨®nica, men' cionada en la informaci¨®n publicada ayer,est¨¢ en una situaci¨®n id¨¦ntica a la de Rafael Su?ol (la Caja Postal es accionista de Telef¨®nica).

Un caso diferente es el de Paulina Beato, presidenta de la sociedad an¨®nima estatal Red El¨¦ctrica de Espa?a (REDESA) y consejera de Banesto. Beato asegur¨® ayer que el pasado d¨ªa 15 de abril envi¨® al Ministerio para las Administraciones P¨²blicas la notificaci¨®n de su nombramiento en Bahesto por si incurr¨ªa en alguno de los supuestos previstos por la Ley de incompatibilidades. El Ministerio no le ha contestado, si bien todav¨ªa no ha concluido el plazo de que dispone para hacerlo. Tambi¨¦n confirm¨® su renuncia, recogida en la informaci¨®n publicada ayer, a los emolumentos que pudieran corresponderle en Banesto. Y asegur¨® que hab¨ªa consultado al Instituto Nacional. de Industria sobre la compatibilidad de ambos cargos y que no hab¨ªa recibido objeci¨®n alguna.

El art¨ªculo 6? de, la ley de 26 de diciembre de 1983, al que sin duda se refiere Su?ol, establece excepciones a la incompatibilidad de los altos cargos. En su apartado b, en concreto, establece la posibilidad de representar a la Administraci¨®n en "empresas con capital p¨²blico".

El dictamen jur¨ªdico de la Administraci¨®n, que ha sido remitido a distintas instancias del Estado y que obra tambi¨¦n en poder del Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO), entidad de la que depende el BCI, concluye sin embargo, tras analizar de forma pormenorizada el articulado de la citada ley y de la Orden Ministerial de 16 de marzo del 84 (v¨¦ase EL PA?S de ayer), que los cargos de presidentes de empresa p¨²blicas son incompatibles con la pertenencia a consejos de administraci¨®n de empresas privadas.

El citado art¨ªculo 6, por otra parte y al margen del caso espec¨ªfico de los presidentes y consejeros delegados de empresas p¨²blicas, permite mejorar las percepciones econ¨®micas de los altos cargos de los distintos ministerios mediante el desempe?o de hasta dos consejos de administraci¨®n en empresas p¨²blicas.