Un millar de altos cargos permanece fuera del control de incompatibilidades

Cerca de un millar de personas que tienen la consideraci¨®n de altos cargos permanecen al margen de los controles establecidos para comprobar la correcta aplicaci¨®n de la ley de incompatibilidades. Fuentes de la Inspecci¨®n General de Servicios, que es el ¨®rgano encargado del control, admiten que s¨®lo se realiza un seguimiento sistem¨¢tico de los cargos nombrados por el Consejo de Ministros y de algunos otros que, sin serio, adquieren notoriedad p¨²blica.

La ley somete a normas estrictas no s¨®lo a los cargos nombrados por el Gobierno, sino a todas las empresas con mayor¨ªa de capital estatal (desde Iberia o CASA hasta las menos conocidas), as¨ª como a los organismos p¨²blicos, los monopolios estatales y las cajas de ahorro de fundaci¨®n p¨²blica; en total, cerca de 1.500 personas.Los cargos nombrados por el Consejo de Ministros, que son la tercera parte de esa cifra (subsecretarios, secretarios de Estado, directores generales, gobernadores civiles, miembros del gabinete presidencial, embajadores), est¨¢n obligados a realizar una declaraci¨®n sobre la totalidad de sus actividades p¨²blicas y privadas.

Falta de publicidad

En teor¨ªa, los presidentes y gerentes de empresas p¨²blicas han de hacer exactamente lo mismo. Cada vez que se produce el nombramiento de un alto cargo, la Inspecci¨®n General de Servicios de la Administraci¨®n env¨ªa un cuestionario a la persona designada. Pero transcurren varias semanas, e incluso meses, entre la recepci¨®n de estos documentos y la comprobaci¨®n de si el afectado incurre o no en alguna incompatibilidad. Y son numerosos los casos en que pasa a¨²n m¨¢s tiempo hasta la regularizaci¨®n de la situaci¨®n legal del afectado. Este sistema se aplica al grupo de cargos nombrados por el Consejo de Ministros y a aquellos otros que, sin ser designados a este nivel, se conocen a trav¨¦s de advertencias del Gobierno o de los medios de comunicaci¨®n. Sobre ellos existe "un grado razonable de control", seg¨²n inform¨® un inspector.

Patrimonio personal

El resto -varios centenares de personas- permanece, de hecho, al margen de los controles establecidos por "falta de publicidad de los nombramientos", que no aparecen en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, seg¨²n la misma fuente.

La ley permite muy pocas actividades compatibles a los altos cargos.

S¨®lo existe un portillo, que es la "administraci¨®n del patrimonio personal o familiar"; pero ni siquiera eso es posible cuando el alto cargo, su c¨®nyuge e hijos menores re¨²nen el 10% de empresas que tengan relaciones con la entidad p¨²blica para la que el interesado ha sido nombrado.

Tambi¨¦n es legal que un alto cargo forme parte de dos consejos de administraci¨®n en representaci¨®n del Estado. De hecho, el Gobierno utiliza habitualmente este procedimiento para mejorar las retribuciones de dichas personas -ya que la asistencia a tales consejos genera dietas- y para concentrar en un menor n¨²mero de manos la informaci¨®n y la gesti¨®n de las entidades p¨²blicas.

No obstante, medio centenar de altos cargos forma parte de m¨¢s de dos consejos de administraci¨®n. Se trata de directivos del Banco Exterior de Espa?a, de la Empresa Nacional de Mercados (Mercasa) y del Instituto Nacional de Hidrocarburos. Esas excepciones necesitan autorizaci¨®n del Consejo de Ministros, que desde la entrada en vigor de la ley (1984) ha hecho uso de tal posibilidad en seis ocasiones.

Empresas subsidiar¨ªas

La explicaci¨®n oficial para esa compatibilidad es que se trata de empresas subsidiarias que, por razones de eficacia, deben estar dirigidas por las mismas personas que la cabeza del grupo empresarial. Dichos puestos adicionales no generan rendimientos econ¨®micos.

La falta de controles estrictos sobre todos los altos cargos, unido a la ausencia de regulaci¨®n legal en muchas circunstancias, preocupan e inquietan al Gobierno y a la c¨²pula del PSOE, en cuyo seno hay posiciones encontradas.

Un sector opina que la pol¨¦mica sobre el tr¨¢fico de influencias ha ido "demasiado lejos" como consecuencia de la posici¨®n inicial del Grupo Parlamentan*o Socialista. Este grupo autoriz¨® la creaci¨®n de la coni?si¨®n sobre el tr¨¢fico de influencias y la dot¨® de un programa de trabajo que implicaba profundizar a fondo en un problema de especial sensibilidad para la opini¨®n p¨²blica.

Otro sector est¨¢ preocupado por la falta de regulaci¨®n legal de las actividades de los altos cargos despu¨¦s del cese, as¨ª como de las condiciones en que pueden realizarse labores de mediaci¨®n entre intereses privados y la Administraci¨®n.

La soluci¨®n a esta pol¨¦mica interna en el PSOE ha sido la clave del giro que se ha producido en la comisi¨®n de tr¨¢fico de influencias a trav¨¦s de su presidente, el socialista Justo Zambrana.

El tratamiento del problema, desde el punto de vista del Gobierno y de la c¨²pula socialista, consiste ahora en regular los aspectos no previstos por la ley y mejorar los mecanismos internos de control e informaci¨®n.

Las eventuales reformas han comenzado a ser estudiadas por grupos de trabajo, y podr¨ªan ser encaminadas a la comisi¨®n de tr¨¢fico de influencias a trav¨¦s del representante socialista, Justo Zambrana.

Aun as¨ª, altos cargos del partido socialista y del Gobierno reconocen en privado que Alianza, Popular "ha encontrado esta vez un buen tema para dar la batalla".