El Gobierno aut¨®nomo espera un inminente fallo del Constitucional sobre la ley del 3%

La Comunidad de Madrid tiene actualmente una decena de recursos pendientes en el Tribunal Constitucional. El Gobierno regional espera "una inminente sentencia" sobre la pol¨¦mica ley del 3%, que fue recurrida por AP y por el Defensor del Pueblo antes de ser retirada por el propio Joaqu¨ªn Leguina. Las asignaturas pendientes con el Constitucional se han acumulado con tres nuevos recursos en los ¨²ltimos cuatro meses.

Leguina aguarda el fallo sobre el 3% con la esperanza de sacarse la espina clavada desde marzo de 1985, cuando tuvo que retirar la ley que pretend¨ªa cobrar a los madrile?os un recargo sobre el impuesto de la renta. El presidente regional adopt¨® la decisi¨®n por recomendaci¨®n del presidente Felipe Gonz¨¢lez, ante el vendaval de protestas contra la medida.Los recursos del Defensor del Pueblo y de AP, basados en "la deficiente regulaci¨®n del recargo", fueron admitidos a tr¨¢mite en abril de 1985. "Conf¨ªo en que el Constitucional acabe d¨¢ndonos la raz¨®n", afirma Leguina, que no piensa volver a la carga con la impopular medida. En medios del Gobierno regional se atribuye el retraso de la sentencia al "escaso inter¨¦s por parte del Constitucional de reavivar una pol¨¦mica que ya no tiene sentido".

Otras batallas no muy lejanas se han ido acumulando en el Tribunal Constitucional desde primeros de a?o. La diferencia entre 4% y el 5% est¨¢ detr¨¢s del recurso planteado por el Gobierno central contra varios puntos de la ley de presupuestos de la Comunidad de 1988. El parlamento regional aprob¨® -con los votos de AP y del CDS- una subida salarial para los funcionarios auton¨®micos del 5%; el Gobierno afirma que este aumento supera el list¨®n del 4% fijado en los presupuestos del Estado.

La cuesti¨®n de fondo es la autonom¨ªa financiera y presupuestaria de la Comunidad, y as¨ª lo expone la Asamblea de Madrid en las alegaciones presentadas ante el recurso. El Gobierno regional tambi¨¦n ha dicho esta boca es m¨ªa, aunque procurando no entrar en terreno resbaladizo. No en vano, la oposici¨®n sostiene que el propio Leguina, que propuso un aumento del 4%, ha tenido mucho que ver en el recurso planteado por el Gobierno central.

El Ejecutivo aut¨®nomo present¨® el 5 de mayo un recurso de amparo tras dos pol¨¦micas sentencias de Magistratura y del Tribunal Central. Ambas dieron la raz¨®n a Comisiones Obreras, que pidi¨® la homologaci¨®n al alza de salarios entre el personal laboral transferido de la Administraci¨®n central y el de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno regional considera que la sentencia del Tribunal Central viola varios preceptos constitucionales y choca con las propias atribuciones del Ejecutivo.

Tambi¨¦n han llovido en los ¨²ltimos meses recursos contra el art¨ªculo 26 de la ley de medidas de disciplina urban¨ªstica, que atribuye competencias al responsable de Urbanismo de la Comunidad para dejar en suspenso licencias municipales. La cuesti¨®n de inconstitucionalidad ha sido planteada en tres ocasiones por la Audiencia Territorial, por considerar que vulnera la ley de R¨¦gimen Local, que reserva tal facultad a los tribunales. Otro asunto pendiente es la ley del Parque Regional del Manzanares, recurrida por Alianza Popular en mayo de 1985. Seg¨²n los aliancistas, la Asamblea de Madrid s¨®lo es competente para desarrollar la legislaci¨®n b¨¢sica del Estado en materia de medio ambiente, pero no para crear la figura del parque regional. El grupo de AP manifest¨® su oposici¨®n a la ley por considerar que invade competencias municipales y derechos de los propietarios.

Asimismo, Madrid tiene planteado un conflicto de competencias con el Gobierno central, interpuesto por ¨¦ste. El problema radica en que el Consejo regional autoriz¨® ampliar una estaci¨®n el¨¦ctrica en San Sebasti¨¢n de los Reyes, y el Gobierno reclama la titularidad estatal de la red.